El dilema del concurso para fiscal y por qué debería importarnos

El proceso de selección del próximo Fiscal General del Estado no es un trámite administrativo más. Puede parecer lejano a nuestra vida cotidiana, sobre todo cuando hay asuntos de vida o muerte —literalmente— que en Ecuador, enfrentamos a diario. Esquivar una bala, ser atendido en un hospital público, llevar el pan a la casa. 

Esos son problemas urgentes. Lo otro, pareciera que no. 

Pero sí lo es. Porque el fiscal general es la cabeza de la institución que debe llevar adelante procesos judiciales independientes, transparentes, céleres, en un país en donde nadie confía en las instituciones, y menos aún en la justicia. 

Según el Latinobarómetro de 2024, apenas el 18% de ecuatorianos tienen confianza en el sistema judicial. Ni siquiera 2 de cada 10. 

Razones sobran: escándalos de jueces y operadores de justicia presuntamente vinculados al crimen organizado, señalamientos gravísimos sin aclarar contra el presidente del Consejo de la Judicatura, cabecillas que quedan libres por inacción del gobierno. 

En ese contexto de descrédito y fragilidad institucional, el liderazgo de la Fiscalía no es un detalle menor. Al contrario: quien la dirija debe ser una figura independiente del poder político y económico, con autoridad moral suficiente para marcar un estándar ético y devolver algo de credibilidad a un sistema profundamente erosionado.

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Eso no ha ocurrido y preocupa que no ocurra ni con el proceso demorado que se lleva a cabo con cuestionamientos. El principal foco de alerta está en la conformación de la Comisión Ciudadana de selección, el órgano encargado de evaluar méritos, oposición y probidad de los postulantes. Diversas observaciones apuntan a insuficiencias técnicas y de experiencia en algunos de sus integrantes para conducir un proceso de esta complejidad. 

Elegir al máximo responsable de la acción penal del Estado exige conocimiento jurídico sólido, trayectoria ética comprobada y autonomía frente al poder político; condiciones que no siempre parecen estar garantizadas en quienes hoy toman las decisiones clave.

A ello se suma una inquietud aún más delicada: la existencia de posibles vínculos políticos o afinidades con el entorno del presidente Daniel Noboa y su gobierno. Aunque no toda cercanía constituye una falta, en un país con una historia marcada por la instrumentalización de la justicia, la sola percepción de dependencia o alineamiento político ya erosiona la credibilidad del proceso. La Fiscalía debe ser un contrapeso real del poder, no un apéndice funcional del Ejecutivo de turno.

Este escenario plantea un dilema de fondo. Si el concurso nace debilitado, con dudas sobre su imparcialidad y rigor, el resultado difícilmente podrá ser legítimo, incluso si el fiscal electo cuenta con credenciales formales. Una mala selección —o una selección percibida como tal— puede traducirse en investigaciones selectivas, inacción frente a casos sensibles o uso político del sistema penal. En otras palabras, puede consolidar la impunidad en lugar de combatirla.

Si, al contrario, queda suspendido por los señalamientos no menores que hay en torno al concurso, hay el riesgo de que se prorrogue el fiscal que ocupa el puesto actualmente y que ha sido blanco de cuestionamientos por la preocupante cercanía a casos de interés personal del presidente Noboa.

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¿Por qué debería importarnos todo esto? Porque la Fiscalía no es una institución abstracta. De su independencia depende que los grandes casos de corrupción avancen o se archiven, que no sean direccionados en función de los intereses del poder de turno, que el crimen organizado sea perseguido o tolerado, que el poder rinda cuentas o se blinde. Cuando la Fiscalía falla, falla el Estado de derecho.

El país necesita un concurso transparente, técnicamente sólido y políticamente independiente. No se trata de obstaculizar el proceso, sino de exigir estándares más altos. La ciudadanía, la academia, los gremios profesionales y los medios tienen el deber de observar, cuestionar y demandar correcciones cuando sea necesario.

En un país atravesado por la violencia, la corrupción y la desconfianza, el nombramiento del Fiscal General no puede resolverse con prisa, opacidad ni cálculos políticos. De esa decisión depende algo más que un cargo: depende si la justicia será una herramienta para contener el abuso de poder o un instrumento más para administrarlo. Un fiscal independiente no garantiza, por sí solo, el fin de la impunidad; pero uno sometido al poder sí la asegura. Por eso este concurso no es un asunto técnico ni ajeno a la ciudadanía: es una prueba institucional que Ecuador no puede darse el lujo de perder.