¿Guerra contra el crimen o contra el empresariado?

El gobierno de Daniel Noboa ha sostenido que el país está en guerra. La pregunta es contra quién.

Mientras los indicadores de violencia no muestran una reducción estructural y el crimen organizado mantiene capacidad operativa, el Ejecutivo decidió abrir un nuevo frente: la imposición de una “tasa de seguridad” del 30% a productos provenientes de Colombia, que luego elevó al 50%.

La medida, presentada como mecanismo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la frontera, terminó escalando en tensiones comerciales que hoy ponen en riesgo el flujo normal de intercambio con una nación hermana, con la que Ecuador tiene lazos históricos.

La cuestión de fondo es si esta decisión forma parte de una estrategia integral de seguridad —que no ha sido expuesta con claridad— o si, en la práctica, abre un conflicto comercial con efectos internos más costosos que el problema que pretende resolver.

Las cifras ayudan a dimensionar el impacto. Según datos del Comité Empresarial Ecuatoriano, las importaciones desde Colombia cayeron cerca de 70% en valor en las últimas tres semanas. El gremio advirtió que la medida afecta directamente a unas 2.000 empresas y pone en riesgo alrededor de 200.000 empleos.

Entre enero y noviembre de 2025, Ecuador exportó USD 808 millones hacia Colombia e importó más de USD 1.700 millones. Se trata de una relación comercial estructural para múltiples cadenas productivas.

En contraste, la tasa recaudó alrededor de USD 13 millones en pocas semanas, según el propio presidente. Es una cifra modesta frente al volumen total del intercambio y, sobre todo, marginal frente al costo potencial de una escalada que encarece insumos industriales, tensiona cadenas de suministro y expone a los sectores exportadores.

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Colombia ya respondió con aranceles del 30% a productos ecuatorianos, suspendió la exportación de energía eléctrica y evalúa elevar los gravámenes hasta el 50% en más de 170 productos. El sector empresarial ha advertido que, si la medida se extiende a casi toda la oferta exportable ecuatoriana, el impacto —que hasta ahora bordea los USD 25 millones— podría triplicarse hasta USD 75 millones.

“Es una guerra comercial con afectaciones que nunca antes hemos visto en Sudamérica”, señaló el exministro de Producción José Julio Prado.

Sobre el impacto real en el crimen organizado, varios especialistas coinciden en que sería ínfimo. Las estructuras del narcotráfico no operan dentro del comercio formal regulado por aranceles: no pagan tasas, no registran importaciones ni declaran exportaciones. En cambio, sí lo hacen las empresas que importan materias primas, los productores que exportan bienes procesados, los transportistas y los consumidores que absorben el encarecimiento.

Además, los empresarios han advertido un efecto colateral previsible: cuando se encarece el comercio formal, el contrabando gana incentivos. La experiencia comparada muestra que las distorsiones arancelarias amplían el margen de las economías ilegales y reducen la trazabilidad del Estado sobre los flujos comerciales.

A ello se suma un hecho preocupante: las medidas adoptadas bajo el marco del “conflicto armado interno” no han mostrado una reducción sostenida de la violencia. Organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado la eficacia y el enfoque de la estrategia. Militarización, estados de excepción y operativos masivos no han producido resultados estructurales verificables.

Agregar una barrera comercial no corrige esa debilidad estratégica.

El riesgo es doble. Por un lado, se traslada el costo de una política de seguridad sin resultados concluyentes al sector productivo formal. Por otro, se envía una señal de imprevisibilidad económica en un entorno ya marcado por tensiones institucionales.

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Si el objetivo es debilitar al crimen organizado, la cooperación bilateral, la inteligencia compartida y el fortalecimiento de capacidades estatales son instrumentos coherentes. Un arancel del 50% difícilmente lo sea.

Cuando una política pública no reduce la violencia, no mejora la seguridad y, además, encarece la actividad formal, corresponde preguntarse si estamos ante una estrategia eficaz o ante una medida que termina debilitando precisamente a quienes operan dentro de la ley.

Si el Estado declara una guerra contra el crimen, sus decisiones deberían debilitar a las economías ilegales y fortalecer a las formales. Cuando ocurre lo contrario —cuando se encarece la actividad productiva, se tensan relaciones bilaterales clave y se genera incertidumbre para miles de empresas— el balance debe revisarse.

La seguridad no se construye castigando el comercio legal ni abriendo frentes innecesarios con los vecinos. Se construye con inteligencia, coordinación internacional y fortalecimiento institucional.

¿Estará consciente el Presidente de que sus decisiones podrían terminar erosionando la economía formal mientras el crimen mantiene su capacidad operativa?

¿Se habrá preguntado quién se beneficia de una medida así?

Una estrategia sólida debería cerrar espacios al delito sin abrir nuevos riesgos para el país ni golpear a otro sector. De lo contrario, la supuesta guerra puede terminar debilitando más al Estado que a sus verdaderos adversarios.