Una sesión reservada

La decisión del presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, de declarar reservada la sesión del juicio político contra Mario Godoy no es un detalle procedimental menor. Es, por el contrario, un gesto político de alto valor simbólico que vuelve a poner en tensión dos conceptos que en el discurso oficial suelen ir de la mano, pero que en la práctica aparecen cada vez más divorciados: fiscalización y transparencia.

Godoy no enfrenta una acusación trivial. Está involucrado en una presunta trama de tráfico de influencias y vínculos con el narcotráfico, asuntos que, por su gravedad, demandan el más alto estándar de escrutinio público. 

En ese contexto, cerrar las puertas de la comisión — amparándose en una reserva supuestamente obligatoria por la información societaria que, de hecho, ya ha sido expuesta en medios de comunicación— resulta no solo difícil de justificar, sino profundamente contradictorio con el mandato mismo de la fiscalización parlamentaria. Esa, de la que el oficialismo, hace gala en su retórica, pero carece al momento de ejecutarla. 

En un juicio político de esta magnitud, el secretismo equivale a desnaturalizar el control político y a degradarlo a un trámite opaco, administrado por una mayoría que decide qué se ve y qué no. Una mayoría que ya ha usado su poder para blindar a Godoy: su primera comparecencia ante el pleno de la Asamblea estuvo cargada de señalamientos sin sustento hacia quienes lo han cuestionado públicamente y ninguna explicación sobre las serísimas acusaciones que enfrenta.

No hay otra forma de entender la decisión de declarar la sesión reservada más que la voluntad de blindar a Godoy y mantenerlo en el cargo, que parece ser funcional al oficialismo. No importa cuántas veces se repita que no hay intocables o que la comisión actúa con independencia, los hechos dicen otra cosa: a Godoy se lo convoca porque la presión ciudadana obligó, pero parece ser un mero trámite más que una verdadera fiscalización para depurar la justicia.

La reserva no protege la institucionalidad; la erosiona y quiebra el rol pedagógico y ejemplarizante que un acto de transparencia debería tener.

El juicio político no es un proceso judicial. Es, ante todo, un acto político de rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas exige luz. Ferdinand Álvarez pudo optar por elevar el estándar democrático, por abrir el debate, por permitir que la ciudadanía observe cómo se defienden —o no— las instituciones frente a acusaciones gravísimas. Eligió el camino inverso, alineado con una política oficial de evadir la rendición de cuentas que parece proteger a las fichas que juegan en su favor.