Médicos gratis, despilfarros impunes

Hay cifras que retratan un país mejor que cualquier discurso. Una de ellas es esta: 3.900 médicos posgradistas quedaron fuera del acuerdo con el gobierno para acceder a un salario. Seguirán trabajando gratis —o, peor aún, endeudándose para poder trabajar, pues tienen que cubrir los montos de sus programas de estudios — en hospitales públicos que sobreviven a fuerza de parches, sacrificios y vocación.

Otra cifra: más de 70 millones de dólares despilfarrados en generadores inservibles, comprados a la empresa ATM. En el informe del perito de CELEC sobre el estado de los equipos de ATM, se evidencian que las placas de los motores fueron reemplazadas por unas “relucientes” que para, presumiblemente, hacerlos pasar como nuevos, cuando no lo son. El peritaje dice además que tienen “horas de funcionamiento”, que son usados, y que hay contenedores vacíos y equipos a la intemperie y en “muy malas condiciones por oxidación”. 

En un caso similar, la empresa Progen recibió 120 millones de dólares como adelanto para instalar tres centrales termoeléctricas, sin embargo hasta ahora no se ha generado ni un solo megavatio.

A pesar de lo escandaloso de estos casos, no ha pasado nada. Nadie responde. Nadie paga. Nadie renuncia.

Mientras tanto, miles de médicos —formándose como especialistas que el país necesita con urgencia— sostienen guardias, emergencias, cirugías y atención hospitalaria sin recibir salario, el Estado demuestra que sí hay dinero, pero que no está donde debería. No está en el personal de salud. No está en los hospitales que enfrentan una crisis sin precedentes, al punto que ha habido meses en que han tenido que acudir a bancos de alimentos por falta de comida para médicos y pacientes. 

Es un avance que el gobierno haya firmado un acuerdo para que a partir de 2026 los nuevos médicos posgradistas puedan recibir un salario mientras terminan su especialidad y trabajan en los hospitales pero no se entiende que se haya dejado fuera a aquellos que ya ejercen, que están especializándose y que, además, trabajan en los hospitales. 

David López, Vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, dijo en una entrevista radial que en dos hospitales referentes, el Eugenio Espejo y el Carlos Andrade Marín, ambos en Quito, más del 60% de los médicos son posgradistas y que hay servicios enteros como Terapia Intensiva y Neurocirugía, a su cargo.

¿Cómo se puede desconocer, aún más después de haber pasado por una pandemia, el esfuerzo que hacen los médicos por sostener el precario sistema de salud? 

Los médicos posgradistas no están pidiendo privilegios. Están exigiendo lo mínimo: no trabajar gratis. No normalizar la explotación bajo el disfraz de “ustedes sabían en lo que se metían”, como cuentan que les dijo un exministro. 

Permitir que los médicos trabajen sin remuneración, a cambio de un “ahorro” para el estado que no paga esa fuerza laboral, es otra forma de hipotecar la salud pública. 

La precarización no es solo una injusticia laboral. Es un riesgo sanitario. Médicos exhaustos, endeudados, sin estabilidad, sin garantías, sin tiempo para estudiar ni descansar, son el resultado de una política que no entiende —o no quiere entender— cómo funciona un hospital. Un sistema de salud no se sostiene con discursos épicos ni con slogans de eficiencia. Se sostiene con personal cuidado, remunerado y respetado.

Pero esa comprensión parece ausente.

En un contexto de fragilidad extrema del sector salud —hospitales colapsados, falta de insumos, listas de espera interminables— la decisión de dejar fuera a miles de posgradistas revela algo más profundo que un error administrativo: una indiferencia estructural. Como si quienes toman decisiones nunca hubieran pisado una sala de emergencias. Como si no entendieran que un especialista no se improvisa, que se forma con años de estudio y trabajo ardúo. 

Y mientras tanto, los escándalos millonarios se acumulan sin consecuencias reales. El caso de los generadores es apenas un símbolo: dinero público malgastado, funcionarios blindados que no dan respuesta: ATM, Progen o Health Bird, cuyo fallido acuerdo fue además declarado como confidencial y reservado, violando todo principio de transparencia. 

Ese contraste —médicos trabajando gratis y millones evaporándose— es el reflejo de un Estado que castiga a quienes sostienen lo público y tolera a quienes lo saquean.

La salud no colapsa de un día para otro. Se debilita lentamente, decisión tras decisión, omisión tras omisión. Se debilita cuando se normaliza que un médico no cobre. Cuando se pide “comprensión” a quienes ya lo han dado todo. Cuando se exige vocación, pero se ofrece precariedad.

No es solo un problema presupuestario. Es una cuestión de prioridades. Y hoy, las prioridades están peligrosamente invertidas.