El perfeccionado arte de no responder

Hay una destreza que varios funcionarios del actual gobierno han aprendido a dominar con notable eficacia: la de no responder. No se trata de torpeza ni de falta de información. Es una técnica pulida, repetida y cada vez más evidente para evadir el control político y el escrutinio público sin asumir costos. El silencio, el desvío y el lugar común se han convertido en una forma de gobierno.

No responder ya no es una omisión: es un método.

El caso de Rosa Torres es ilustrativo. Ha sido públicamente cuestionada por sus cercanías y vínculos con influencers que, según algunos reportes de prensa, podrían estar relacionados con estructuras delincuenciales. La pregunta es directa y legítima: ¿qué tipo de relación mantiene una funcionaria del Estado con personas bajo ese tipo de sospechas? La respuesta concreta nunca llegó. En su lugar, hubo evasivas, un intento burdo de negar lo evidente — dijo que no conocía a las mujeres con las que aparece en un vídeo bailando y cantando, aparentemente en una discoteca en Madrid—, la victimización —que es un ataque del correísmo— y ninguna explicación clara que despeje las dudas. El fondo —los posibles vínculos de quien preside la Comisión de Fiscalización— quedó intacto.

Torres podría incluso no conocer cómo sus amigas financian sus lujos. Bastaba decirlo. El silencio, la evasión, el intento de distraer señalando a la oposición, solamente aumentan la sensación de opacidad a su alrededor.

Cynthia Gellibert, Secretaria de la Administración, ha seguido un patrón similar, aunque con una variación reveladora. Cuando denunció que la asambleísta Mónica Palacios habría ido a hostigar a su madre, reaccionó con rapidez y vehemencia, incluso mostró imágenes de la legisladora tomadas por las cámaras exteriores de la casa de su madre. Palacios no negó haber estado ahí. Pero dijo que jamás tuvo contacto con la madre de Gellibert sino con los vecinos que aseguraron que Jenny Ramírez, la joven de 24 años, supuesta compradora de 93 hectáreas de terreno en La Libertad a 2.3 millones de dólares, es hija de una trabajadora doméstica de la familia Gellibert.  

Y eso es lo verdaderamente grave —y estratégicamente eludido— pues Gellibert no ha respondido una pregunta mucho más relevante para el interés público: si Jenny Ramírez es hija o no de una empleada de su casa. Esa pregunta abre una sospecha seria sobre un posible esquema de testaferrismo que Gellibert debería apurarse en aclarar. En lugar de ello, ha usado una respuesta simplista que pretende posicionar la idea de que Palacios —y quienes cuestionan los presuntos vínculos entre Ramírez y Gellibert— en realidad se “están metiendo con la familia”, buscando así una respuesta emocional de una masa desinformada. La fórmula es sencilla: cambia el foco de la discusión y pretende apelar a la sensiblería, pues ¿quién podría estar en desacuerdo con la premisa genérica de que las familias de los políticos nada tienen que ver con ellos y, por lo tanto, deben quedar al margen de los ataques?

Nadie. 

A eso apela Gellibert, usando una estrategia repetida por varios de sus coidearios.

El problema no es ese. Es el fondo. La familia, o los asuntos aparentemente privados, se vuelven foco de atención cuando interfiere con asuntos de interés público, como lo es la compra de los terrenos en La Libertad. 

Y frente a eso, silencio absoluto. Se habla de lo accesorio, lo conveniente; se esquiva lo estructural. Y eso es manipulación. 

Lo mismo ocurre con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Tras las gravísimas denuncias del juez Carlos Serrano —quien habló de presiones para fallar a favor de un narcotraficante, amenazas de muerte y abandono institucional— Godoy no ha respondido absolutamente nada de fondo. Compareció ante la Asamblea Nacional, habló sin decir, y salió sin contestar una sola pregunta, blindado por el oficialismo. No explicó las denuncias, no aclaró los señalamientos, no asumió ninguna responsabilidad política. Usó también la carta de la victimización: que él y su familia eran víctimas de un “linchamiento mediático”, dijo. Y no. Pedir explicaciones sobre el rol de su esposa, Dolores Vintimilla, abogada de personas involucradas en caso de narcotráfico no es un linchamiento. Es una exigencia de transparencia que Godoy no se toma como tal mientras se aferra al cargo. 

 El mensaje es inequívoco: no responder no solo es posible, sino rentable.

Esta práctica no es aislada ni casual. Se está convirtiendo en una forma sistemática de relacionarse con la ciudadanía: minimizar las preguntas incómodas, amplificar los conflictos secundarios y cerrar filas cuando el cuestionamiento toca el núcleo del poder. Así, el debate público se vacía de contenido y la rendición de cuentas se convierte en una simulación.

El primer mandatario ha dado ejemplo de ello. La denuncia hecha en octubre sobre el Porsche Cayenne que llegó a una casa en Isla Trinitaria, poco después de que allí se hiciera un allanamiento y se detuviera a un sospechoso de colocar una bomba en La Bahía y cuyas placas determinaría que era un vehículo de Industrial Molinera, una de las empresas de la familia del presidente, no ameritó ni una sola explicación por parte de quien gobierna el país.

El problema es profundo. Cuando los funcionarios aprenden que pueden atravesar denuncias graves sin dar explicaciones, el incentivo se invierte: hablar claro es un riesgo; callar es una protección. El control político se debilita no porque no existan cuestionamientos, sino porque quienes deben responder han aprendido a no hacerlo.

Este “arte de no responder” no es neutral. Desprecia al ciudadano al asumir que una evasiva basta, que el silencio cansará a la opinión pública, que la falta de respuestas no tendrá consecuencias. Pero el costo es alto: se erosiona la confianza, se normaliza la opacidad y se consolida una cultura de impunidad discursiva.

Gobernar implica decidir, pero también explicar. Implica dar la cara cuando hay dudas legítimas y responder cuando las preguntas son incómodas. Todo lo demás —el silencio selectivo, el desvío calculado, la indignación dirigida— no es prudencia ni estrategia: es una renuncia explícita a rendir cuentas.

Y a eso nos estamos (mal) acostumbrando.