El indiscreto encanto de la política
La paradoja de Atamaint: ignorar las normas para 'igualar condiciones'
Catedrático universitario, comunicador y analista político. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.
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Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha afirmado que si Daniel Noboa, presidente de la República, no solicita licencia para hacer campaña electoral, los asambleístas en funciones tampoco deberían hacerlo.
Esta declaración ha generado controversia. Como árbitro del proceso electoral, el CNE tiene la responsabilidad de garantizar tanto la igualdad como el respeto a las normas durante una contienda democrática.
Sin embargo, en lugar de promover el cumplimiento de las reglas, Atamaint parece sugerir que estas se ignoren, comprometiendo así la imparcialidad de la institución que lidera.
El razonamiento planteado es comparable a un partido de fútbol en el que un jugador utiliza deliberadamente la mano para marcar un gol, y el árbitro, en lugar de anularlo, permite que el equipo contrario haga lo mismo “para estar parejos”.
El Código de la Democracia es claro en su artículo 93: “Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.
No obstante, el Gobierno parece buscar reinterpretaciones constitucionales para que Noboa no cumpla con esta disposición. Atamaint, lejos de adoptar una postura firme al respecto, mantiene una actitud ambigua que pone en riesgo la equidad del proceso electoral.
En tiempos de elecciones, el CNE no puede limitarse a observar los acontecimientos desde la tribuna. Su rol exige garantizar un terreno de juego nivelado para todos los candidatos. Permitir excepciones socava no solo la credibilidad del proceso, sino también los principios fundamentales de equidad que deben regir toda democracia.
Lógicamente, el principal beneficiario sería Daniel Noboa, quien, como presidente en funciones, podría utilizar recursos del Estado —económicos, logísticos y comunicacionales— para fortalecer su campaña. Esto le otorgaría una ventaja inédita en la historia política reciente del país.
Por otro lado, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, también se beneficiaría indirectamente. Al mantenerse en funciones durante la campaña, su bloque legislativo podría continuar manejando la agenda política en favor de su partido y candidata.
Esta situación colocaría al resto de los candidatos en una posición de desventaja absoluta, en abierta violación a los principios de justicia electoral que deberían prevalecer en cualquier contienda democrática.
La postura de Atamaint incluso ha generado tensiones dentro del propio CNE. La consejera Elena Nájera, por ejemplo, calificó las declaraciones de la presidenta como “inaceptables” y “paradójicas”, llegando a exigir su renuncia.
En lugar de defender la institucionalidad del CNE, Atamaint parece justificar el incumplimiento de la ley bajo el argumento de garantizar “igualdad de condiciones”. Es decir, si los candidatos no cumplen la norma, que sea parejo.