Run, Fito, Run

La reciente localización y captura de José Adolfo “Fito” Macías Villamar en un búnker en la ciudad de Manta ha sido presentada como una victoria del gobierno de Daniel Noboa. Si bien su aprehensión representa un logro operativo que no debe subestimarse, es fundamental reconocer que ni su reclusión en La Roca ni una eventual extradición a Estados Unidos significan el debilitamiento real del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Choneros, ni mucho menos del crimen organizado en Ecuador.

Desde hace meses, en círculos criminales ya se sabía que Fito se ocultaba en Manta. Su retorno a prisión, por tanto, no constituye un golpe contundente contra las estructuras criminales. Fito no es el cerebro ni el vértice de la organización: es una pieza más en un engranaje más amplio y complejo, sostenido no solo por alianzas con el Cártel de Sinaloa, sino —y sobre todo— por redes políticas y empresariales locales que permiten su continuidad.

La vida de Fito no corre peligro por parte de otros líderes criminales o de los GDO en Ecuador. Generar enfrentamientos entre grupos delictivos es un mal negocio para el crimen organizado. Su verdadera amenaza proviene de las estructuras políticas y económicas que podrían verse gravemente comprometidas si Fito llega a presentarse ante el juez John Durham en la corte federal de Brooklyn y decide colaborar como informante para el gobierno de Estados Unidos. Esto pese a que sería un problema para aquellos criminales que no pueden ser actores públicos en sus actividades delictivas, sería de gran ayuda para la democracia en Ecuador como para el combate contra el crimen organizado.

Por otro lado, el hecho de que Cristian Germán Mendoza Vélez, funcionario del Municipio de Manta durante 13 años, formara parte del anillo de seguridad de Fito, evidencia la preocupante penetración del crimen organizado en los gobiernos locales del Ecuador. Mendoza cumplio funciones dentro del municipio como subdirector de Tránsito y supervisor de tránsito entre otros.

Este fenómeno, además, se inscribe dentro de un patrón regional preocupante. En México, por ejemplo, durante las épocas electorales los ataques a candidatos aumentan en un 61%, según datos de la consultora Etellekt. Las organizaciones criminales buscan posicionar a autoridades locales que garanticen acceso a los beneficios de actividades ilícitas. Si cruzamos estos hallazgos con los datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que señalan a provincias costeras, Sucumbíos y Orellana como zonas de alta letalidad en 2024, podemos identificar "hot spots" donde el crimen ya cooptó —o busca cooptar— gobiernos municipales, muchas veces bajo el amparo de economías ilegales como la minería.

Las conexiones entre el crimen organizado, los municipios y las empresas públicas no son un fenómeno exclusivo del Ecuador. En múltiples países, el modus operandi de las mafias y de las redes de lavado de activos tiende a concentrarse en áreas estratégicas como los departamentos de catastro, los servicios de limpieza, la recolección de basura, el reciclaje y el suministro de agua potable. En particular, la gestión de residuos se ha consolidado como una industria altamente lucrativa para las organizaciones criminales, debido a su estrecha relación con contratos públicos y servicios esenciales. Esto sin duda alguna, es replicado en Ecuador.

Este patrón ha sido evidenciado con claridad en Italia, especialmente en la región de Campania, donde la mafia logró infiltrarse en el sector de los residuos, generando profundas consecuencias económicas, sociales y ambientales. De ahí la necesidad urgente de seguir explorando, de manera rigurosa y continua, los mecanismos mediante los cuales el crimen organizado logra penetrar los mercados legales, mecanismos que están en constante evolución.

En cuanto a "Fito", mientras permanezca en territorio ecuatoriano, su vida corre peligro. Él posee información sensible que podría ser utilizada en beneficio del interés público. No se trata únicamente de los posibles pactos que Los Choneros hayan establecido con empresas o figuras de renombre en el país, sino de la posibilidad de revelar los verdaderos nexos entre el crimen organizado y sus redes de financiamiento.