La cocaína y el lavado domina, el fentanilo acecha: la encrucijada criminal del Ecuador en 2025

Llevamos más de un año bajo la declaratoria de conflicto interno armado, con la presencia de 22 grupos terroristas en el Ecuador. Según ACLED, en 2025 el país registra al menos 37 grupos de delincuencia organizada, resultado de un segundo proceso de fragmentación de las estructuras nacionales en organizaciones más pequeñas y, por defecto, más violentas. Esta dinámica guarda lógica si se considera el incremento sostenido de la violencia, reflejado en una tasa aproximada de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes en el cierre del año actual.

Si bien contamos con un mapeo adecuado del Crimen Organizado Transnacional (COT) en Ecuador, carecemos de una estrategia integral. Es decir, no disponemos de las personas y capacidades necesarias para transformar la información en un plan articulado a corto, mediano y largo plazo, basado en los datos recopilados.

Según el académico y experto en seguridad Fernando Carrión, en Ecuador existen alrededor de 1.500 grupos de crimen organizado, dedicados exclusivamente a actividades de delincuencia común, como robos y la comercialización de los bienes sustraídos. Paralelamente, operan 22 organizaciones vinculadas a la red global del crimen, en particular al narcotráfico, con conexiones tanto internas como externas en el mercado de la cocaína. Además, Carrión señala que Los Choneros mantienen nexos con el Cartel de Sinaloa; sin embargo, a pesar de esta alianza con uno de los carteles que más recursos mueve en la economía ilegal, el grupo atraviesa un proceso constante de fragmentación. Por su parte, Los Lobos mantienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que Los Tiguerones se articulan también con carteles mexicanos. Los cuales tienen la intención de consolidarse y operar como un verdadero holding criminal en la región.

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Para el experto, el narcotráfico constituye un mercado que mueve alrededor de 4 mil millones de dólares en el Ecuador; esto responde a un fenómeno que es replicado globalmente. Por ello, el investigador rechaza el concepto de “narcoestado” aplicado al país, ya que, en su criterio, el lavado de los recursos provenientes del crimen organizado se da en todo el mundo a través de la economía global. El dinero ilícito cumple una función en el equilibrio de capital: satisface las necesidades del sector privado. En la práctica, cuando un sector requiere financiamiento, los grupos criminales lo proveen a bajo costo porque necesitan lavar sus activos para poder utilizarlos, generando un escenario de win/win.

Es por esto que en el Ecuador, como en la mayoría de los países, el combate al lavado de activos no es efectivo. Carrión sostiene que regulaciones como las aplicadas al patrocinio de equipos de fútbol o a la compraventa de autos usados resultan superficiales frente a los enormes volúmenes que el crimen organizado blanquea cada año. En contraste, sectores altamente rentables para el lavado, como el turismo, el mercado inmobiliario a través de la financiarización, o el uso de monedas electrónicas, permanecen prácticamente sin control. Esto se relaciona con una teoría que, en el contexto ecuatoriano, parece tener asidero: si se combate de manera efectiva el lavado de activos, la economía nacional corre el riesgo de colapsar.

Asimismo, para el experto, la UAFE prácticamente es inexistente: lo que detecta anualmente no alcanza ni siquiera los 100 millones de dólares. La situación con el GAFI es similar. En el caso de Gafilat, su función se limita a ayudar a los países a cumplir con estándares mínimos en materia de lucha contra el lavado de activos, pero no sanciona de manera efectiva a aquellos que carecen de la tecnología o de las políticas necesarias para implementar procesos robustos que contrarresten la presencia del patrimonio ilícito. Incluso, existen consultores financiados por los propios Estados con el único fin de cumplir formalmente con estas exigencias en papel.

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Por otro lado, los mercados del crimen organizado que aún no se manifiestan de forma significativa en el Ecuador, como el del fentanilo, se explican porque el país está profundamente vinculado a fenómenos y productos originados en Colombia y Perú. Es decir que la cocaína prima. En contraste, los laboratorios de fentanilo en Centroamérica y México operan gracias a la disponibilidad de precursores legales en esos territorios. Sin embargo, el experto advierte que falta muy poco para que esta droga ingrese de manera directa al país. El fentanilo presenta tres características que lo diferencian de la cocaína: es más barato, más adictivo y causa un impacto mucho mayor en la salud.

En este contexto, resulta urgente diseñar una política de seguridad integral que supere las respuestas fragmentadas y los discursos vacíos de “guerra contra las drogas” o “guerra contra el terror”, narrativas utilizadas con fines políticos y como instrumentos de negociación en la arena internacional. Frente al narcotráfico, más que un proceso de securitización, lo que el país requiere con urgencia es una política de Estado coherente y sostenible, capaz de revertir la actual deriva hacia un escenario cada vez más crítico.