Columnista invitada
Mafias criminales cooptando municipios: Ojo con Tránsito, Tierras, Puertos y Basura
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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La intervención de las agencias de tránsito en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Manta y Durán, si bien representa un primer paso importante, revela también hasta qué punto el crimen organizado ha cooptado las instituciones del Estado. Esta acción apenas roza la superficie del problema. En el caso de Manta, la intervención responde a la histórica influencia de Los Choneros dentro del departamento de tránsito municipal. Un ejemplo ilustrativo es el de Cristian Mendoza Vélez, guardaespaldas de alias Fito y funcionario con más de 13 años en la Empresa de Movilidad, donde ocupó cargos directivos en la gestión del tránsito local.
Además de la intervención en el área de tránsito, es urgente ampliar las investigaciones al departamento de catastro, ya que el tráfico de tierras constituye una de las formas más accesibles y lucrativas para sostener economías criminales en el Ecuador. Lo más preocupante de la intervención en ambos municipios es que la infiltración de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) rara vez pasa desapercibida por las autoridades. Por el contrario, históricamente muchas veces estas mismas autoridades quienes se benefician directamente de los pactos económicos informales establecidos con dichas organizaciones.
El crimen organizado no puede entenderse únicamente como una fuente de ingresos derivada de actividades ilícitas como el narcotráfico o la extorsión. Para sostenerse en el tiempo, estas organizaciones también necesitan generar réditos dentro de mercados legales. Si queremos analizar el modus operandi del crimen organizado y sus vínculos corruptos con los municipios, el ejemplo más emblemático es el de la mafia italiana en Nueva York. Las cinco familias —Gambino, Lucchese, Bonanno, Colombo y Genovese— compartían el poder, y cada una ejercía hegemonía sobre distintos sectores de la economía legal, como el saneamiento privado “recolección de basura”, administración de puertos, confección de ropa, construcción y el transporte de carga. Para operar en estos mercados, utilizaban como intermediarios a los sindicatos laborales, lo que les permitía influir, extorsionar o controlar contratos público-privados.
El área de tránsito ha sido históricamente un espacio de influencia del crimen organizado, debido a que les ha permitido manipular licitaciones, inflar costos o recurrir al soborno para asegurarse contratos lucrativos en proyectos de transporte público. Esto no es una novedad. En Nueva York, era un secreto a voces que sectores como la recolección de basura, la construcción y ciertos departamentos municipales estaban controlados por la mafia italiana. Sin embargo, nadie actuaba, ya fuera por miedo o por estar involucrado en redes de corrupción las cuales eran altamente lucrativas.
La familia Salerno – líder de la familia criminal Genovese- , junto con las demás familias del crimen organizado, tenía un control significativo sobre quién podía llegar a ser presidente de los sindicatos de transporte, incluidos los vinculados a la recolección de basura. Dentro de este esquema, las Cinco Familias se repartían todas las actividades criminales. En la industria de la basura específicamente, la familia Lucchese controlaba la asociación de empleados, mientras que la familia Gambino tenía el control del sindicato de trabajadores de la basura. De la misma formar tenían un control con los contratos en las demás industrias lícitas que requerían de contratos con los municipios locales. Erradicaban competencia económica y aseguraban un imperio por medio de las estructuras políticas del periodo.
El actual Ministro del Interior, John Reimberg, mencionó que alrededor de 20 cantones estarían cooptados por el crimen organizado. Es apenas un punto de partida. En Colombia, por ejemplo, se detectó que cerca del 80 % de los municipios tienen algún tipo de vinculación con estructuras criminales, y esta situación es completamente extrapolable al caso ecuatoriano. Ecuador cuenta con 221 municipios, por lo que podríamos estar hablando de aproximadamente 176 municipios que están bajo algún grado de influencia del crimen organizado —ya sea en mayor o menor medida, dependiendo del territorio. Si usamos el mapa criminal del Ecuador, dos municipios de interés por el Ejecutivo deberían ser Machala y Ponce Enríquez, debido a que su tasa de homicidios se ha disparado de una manera abrumadora. Los departamentos donde se va a ver influencia de los GDOs en los municipios siempre serán: tierra, tránsito, puertos, construcción y saneamiento privado, los cuales deberían ser intervenidos de urgencia.