Columnista invitada
Tren de Aragua: ¿Amenaza real de terrorismo en Ecuador o discurso político?
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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El Tren de Aragua fue declarado grupo terrorista por el gobierno de Daniel Noboa, replicando la línea marcada previamente por la administración Trump. Aunque esta organización ha establecido vínculos con otros grupos criminales en la región, su presencia en Ecuador sigue siendo limitada.
En el ámbito regional, el Tren de Aragua concentra sus operaciones en economías criminales como la extorsión, la trata y el tráfico de personas. En Perú, en particular, el grupo obtiene ganancias principalmente de la explotación de sus propios compatriotas venezolanos. Con frecuencia, extorsiona a migrantes y se aprovecha de la vulnerabilidad de niñas y mujeres que, al llegar con necesidad de dinero, son forzadas a ejercer la prostitución. Además, la violencia generada por las disputas con bandas locales —incluidos Los Gallegos— ha convertido al Tren de Aragua en el enemigo público número uno en ese país.
El grupo amplió su base de víctimas de extorsión: pasó de enfocarse principalmente en migrantes venezolanos a incluir también a ciudadanos peruanos y sus negocios, articulándose con bandas criminales locales. Lo particular del Tren de Aragua es que, en territorios donde ya existe una gobernanza criminal consolidada por actores nacionales, no ha logrado generar una influencia significativa. Su presencia suele limitarse a zonas donde aún no existe un control criminal establecido.
En sus fases de expansión hacia otros países, el grupo suele concentrar sus operaciones en ciudades con una alta presencia de comunidades migrantes venezolanas. En el caso de Ecuador, aún se encuentra en una etapa exploratoria, lo que implica que su influencia permanece limitada principalmente a la población migrante. Esto se debe a que Ecuador funciona sobre todo como país de tránsito para los migrantes venezolanos, mientras que naciones como Colombia, Perú y Chile cuentan con comunidades venezolanas mucho más numerosas y asentadas.
En Colombia, los pasos ilegales conocidos como “trochas” representan un terreno fértil para que el grupo delictivo genere ingresos. Una de las ciudades más afectadas es Cúcuta, que durante la pandemia de COVID-19 registró la mayor afluencia de migrantes venezolanos en medio del éxodo. En Chile, la ciudad de Arica ha experimentado un incremento exponencial de secuestros extorsivos, vinculado a la presencia del Tren de Aragua.
No obstante, el grupo se ha mantenido limitado en su incursión en el narcotráfico, principalmente porque carece de la capacidad militar y del número de integrantes necesarios para enfrentarse o competir con organizaciones ya consolidadas en ese mercado, como el ELN en Colombia o el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil.
A partir de 2022, los patrones migratorios de los venezolanos comenzaron a cambiar, con un creciente número que decidió cruzar la frontera norte hacia Estados Unidos, y el Tren de Aragua acompañó este movimiento para continuar explotando a sus compatriotas en tránsito.
En el caso de Ecuador, la influencia del grupo se concentra principalmente en la frontera norte, especialmente en los pasos irregulares de la Sierra ecuatoriana. La declaratoria del Tren de Aragua como organización terrorista dentro del país no necesariamente refleja una amenaza inmediata de incremento de violencia mediante disputas con pandillas locales, sino que funciona más bien como un discurso político. En la práctica, esta medida puede interpretarse como un gesto de cercanía con la administración Trump, donde el grupo sí es considerado una amenaza directa para las comunidades latinas dentro de Estados Unidos. Más bien, Ecuador debería enfocarse en otros grupos internacionales que sí son una amenaza como las mafias balcánicas.