Cuando las redes sociales reemplazan a la justicia

No es un fenómeno nuevo, pero sí uno que se ha vuelto cada vez más frecuente y preocupante: el uso de las redes sociales como espacios para realizar denuncias públicas de distinto tipo. En principio, esto podría parecer positivo. Después de todo, las redes han democratizado la comunicación y permitido que muchas personas tengan una voz que antes no tenían. El problema surge cuando estas plataformas dejan de ser espacios de expresión y se transforman en tribunales informales donde se acusa, se juzga y se condena sin ningún tipo de debido proceso.

La llamada “cultura de la cancelación” se alimenta precisamente de esa lógica. Bajo la premisa de visibilizar injusticias reales o percibidas, se construyen relatos unilaterales que circulan con enorme velocidad y generan consecuencias muy concretas sobre la vida de las personas involucradas. Carreras profesionales truncadas, reputaciones destruidas, relaciones sociales rotas: todo ello puede ocurrir en cuestión de horas, sin que medie una mínima contrastación de versiones o una investigación seria de los hechos.

Cualquier persona de mediana inteligencia sabe que siempre hay -por lo menos- dos versiones de cada historia. Por eso, cuando se trata de establecer responsabilidades o llegar a conclusiones, resulta indispensable escuchar a todas las partes involucradas, otorgándoles el mismo espacio y la misma oportunidad de ser escuchadas. Ese proceso, por definición, no puede darse en la “opinión pública” ni mucho menos en redes sociales, donde imperan la emotividad, la simplificación y la lógica del linchamiento simbólico. Para eso existen las instituciones.

• No es normal

He visto de cerca cómo colegas y conocidos han sido gravemente afectados por esta nueva forma de “resolver” conflictos; sus vidas sociales severamente perjudicadas, sus carreras profesionales truncadas, sus reputaciones manchadas por largos períodos de tiempo. Todo ello sin pruebas, sin investigación y, lo más grave, sin presunción de inocencia. Aquello que en el ámbito jurídico se conoce como “debido proceso” parece diluirse por completo cuando el juicio se traslada a las redes.

Y es que el utilizar redes sociales para ventilar (a.k.a “resolver”) conflictos personales se asemeja peligrosamente a la justicia por mano propia. El “Yo soy más popular en Facebook (o en X, o la que sea)” o “Tengo más contactos en redes de activistas” pasan a ser los criterios de verdad y justicia sobre los que se resuelven cualquier tipo de conflicto entre dos partes. Comentarios como “No te conozco y no sé los detalles de tu problema, pero me solidarizo contigo” abundan, y sobran. Ese tipo de comentarios los he leído incluso de gente que conozco y que considero gente buena e inteligente, pero que al “expresar solidaridad” de esta manera, caen en un grave error. Expresar “solidaridad” con una parte, sin conocer los hechos ni escuchar a la otra, implica al mismo tiempo asumir la culpabilidad de alguien más. Tal vez lo hagan sin plena conciencia de ello; tal vez por ignorancia o por presión del entorno digital. Pero el resultado es el mismo: terminan siendo las masas -muchas veces enceguecidas por sus pasiones o por una especie de “identidad colectiva”- las que resuelven sobre el devenir de los individuos.

• Lo más radical es ser moderado

Permitir que los conflictos personales y las denuncias se resuelvan en el espacio de las redes sociales es, probablemente, uno de los errores más graves que podemos cometer si aspiramos a una convivencia social pacífica y ordenada. La justicia no puede ni debe ser administrada por las masas. La historia demuestra que cuando ello ocurre, los resultados suelen ser arbitrarios, desproporcionados y profundamente injustos.

Las instituciones existen precisamente para evitar eso. Juzgados, cortes y tribunales no son instituciones perfectas, pero están diseñados para garantizar derechos básicos: escuchar a todas las partes, evaluar pruebas, respetar procedimientos y emitir decisiones fundamentadas. Reemplazarlas por el clamor digital equivale a renunciar a esos principios. Si aceptamos que las redes sociales sustituyan a las instituciones, no solo ponemos en riesgo la presunción de inocencia y el debido proceso. Ponemos en riesgo algo aún más fundamental: la idea misma de justicia.