Columnista invitado
¿Plan Águila o Fénix 2.0?: nuevos nombres, viejos desafíos en seguridad
Profesor e investigador especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
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La semana pasada, sin mayores detalles operativos, objetivos verificables, mecanismos de participación ciudadana ni metas claramente definidas, el Gobierno presentó una nueva versión del Plan Fénix, ahora rebautizado como “Águila”. El anuncio llamó la atención principalmente por su puesta en escena y por una reformulación discursiva que privilegia el impacto visual y narrativo por sobre la explicación técnica. Según lo expuesto, esta nueva fase contemplaría una inversión de 230 millones de dólares para enfrentar al crimen organizado, aunque no se precisaron plazos, indicadores de resultado ni criterios claros de evaluación.
El planteamiento vuelve a apoyarse en categorías como “combate”, “neutralización” o “asfixia”, términos que han ganado centralidad en la narrativa oficial de seguridad. Bajo este marco, se reiteran promesas relacionadas con la adquisición de equipamiento, la construcción de infraestructura penitenciaria, el control de las finanzas ilícitas y el fortalecimiento de las fronteras. Sin embargo, estas líneas de acción ya han sido anunciadas en ocasiones previas, sin que hasta ahora se evidencien mejoras sostenidas en los niveles de violencia y criminalidad.
En este contexto, resulta pertinente detenerse en uno de los ejes centrales del anuncio: el sistema penitenciario. Según lo planteado, el Gobierno proyecta la construcción de una nueva “megacárcel” con capacidad para albergar a 15.000 personas privadas de la libertad. Si bien esta medida podría contribuir parcialmente a aliviar el hacinamiento, que actualmente bordea el 30%, está lejos de constituir una solución estructural al problema.
La experiencia reciente del país demuestra que la expansión de la infraestructura penitenciaria, por sí sola, no corrige las dinámicas de gobernanza criminal dentro de las prisiones. Gobiernos anteriores apostaron por estrategias similares, multiplicando los recintos penitenciarios como respuesta a políticas de mano dura, sin abordar las condiciones que permiten a los grupos criminales ejercer control interno. Desde al menos 2015, estas organizaciones han consolidado su poder dentro de las cárceles, transformándolas en espacios gobernados por la violencia, la coerción y formas de autoridad informal, más que por el Estado.
La violencia extrema y la corrupción que caracterizan al sistema penitenciario ecuatoriano no son fenómenos aislados ni coyunturales. Son el resultado de debilidades estructurales en la administración penitenciaria, del hacinamiento crónico, de la insuficiencia presupuestaria y del progresivo retiro del control estatal efectivo. Las masacres registradas desde 2018 no deben entenderse como episodios excepcionales, sino como expresiones de disputas por el control territorial, la sucesión de liderazgos criminales y el acceso a recursos estratégicos. En este sentido, la gobernanza de las prisiones constituye un eje central del crimen organizado en Ecuador, con alianzas y rivalidades que se reproducen tanto dentro como fuera de los muros carcelarios.
Desde esta perspectiva, la construcción de megacárceles en un contexto de militarización y anuncios predominantemente comunicacionales difícilmente permitirá contener el problema. Por el contrario, corre el riesgo de amplificarlo si no se enfrenta el abandono de largo plazo, la fragilidad institucional y la capacidad de adaptación criminal de las prisiones. Sin recursos suficientes, personal capacitado y políticas penitenciarias sostenibles, las nuevas infraestructuras pueden convertirse en espacios que reproduzcan las mismas dinámicas de captura criminal.
Este ejemplo del sistema penitenciario permite plantear una pregunta más amplia sobre el Plan Águila 2.0: ¿en qué medida este anuncio contribuirá efectivamente a reducir la violencia? Afectar la rentabilidad de las economías criminales y desarticular la gobernanza criminal ejercida desde las cárceles implica mucho más que declaraciones de intención. Requiere diagnósticos rigurosos, fortalecimiento de las capacidades estatales, inversiones estratégicas en tecnología e inteligencia financiera, así como una coordinación interinstitucional sostenida.
Desde esta mirada, el Plan Águila (Fénix 2.0) parece menos una ruptura con las estrategias anteriores y más una continuidad en la forma de comunicar la política de seguridad. El desafío pendiente no radica en el nombre ni en la puesta en escena, sino en la capacidad del Estado para traducir los anuncios en acciones estructurales, sostenidas y efectivas frente a una crisis atravesada por la impunidad, la corrupción y la violencia asociada a los altos niveles de criminalidad que enfrenta el Ecuador.