Columnista invitado
¿Seguridad para quién?: las cifras de criminalidad del ‘nuevo Ecuador’
Investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC) y profesor especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
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Bajo el eslogan de la lucha contra las mafias, el gobierno articuló un discurso securitizante que plantea una “guerra” contra el crimen organizado. Desde el denominado Bloque de Seguridad (antes Plan Fénix), la política de Daniel Noboa se ha sustentado en una estrategia populista centrada en la militarización de la seguridad interna. En apenas ocho meses de 2025, se han decretado más de seis estados de excepción y 14 desde enero de 2024, cuya eficacia ha sido limitada, acompañados de paquetes legales con escasa deliberación legislativa que buscan legitimar un supuesto “conflicto armado interno”.
La más reciente controversia se relaciona con una campaña que intenta deslegitimar a la Corte Constitucional, señalada de “enemiga del pueblo”. Sin embargo, esta institución ha sido precisamente la encargada de ejercer contrapesos democráticos, evitar desapariciones forzadas y de frenar los excesos normativos del Ejecutivo, como ocurrió con la Ley de Solidaridad Nacional. El riesgo de este vaivén político es que desvía la atención de las verdaderas preocupaciones en torno a la (in)seguridad ciudadana.
Las cifras son alarmantes. Hasta el 31 de julio de 2025, el país alcanzó la cifra más alta de homicidios intencionales de su historia: 5.268 personas asesinadas, un incremento del 40% respecto a 2024 y del 17% en relación con 2023, hasta entonces el año más violento. En otras palabras, más de un ecuatoriano es asesinado cada hora. La violencia impacta de manera dramática a adolescentes y jóvenes: solo en este semestre, 504 personas entre 10 y 19 años fueron asesinadas, un 68% más que en el mismo periodo del año anterior.
El uso de armas de fuego explica gran parte de esta escalada. Hoy, 9 de cada 10 homicidios se cometen con armas, frente a 6 de cada 10 en 2019. Para dimensionar el problema, América Latina, la región más violenta del mundo, registra en promedio 7 de cada 10 homicidios con armas de fuego. A ello se suma que, en 2025, el país ha registrado cerca de dos masacres por semana, y que, según ACLED, Ecuador es el país de la región donde más se utilizan explosivos en ataques de grupos criminales.
La fragmentación de las organizaciones delictivas ha intensificado la violencia. La extradición de ‘alias Fito’ a Estados Unidos y la división de al menos tres grupos criminales han disparado delitos como la extorsión, el secuestro y el tráfico de armas. Hasta julio, se denuncian en promedio 44 casos de extorsión diarios a nivel nacional. Guayaquil, epicentro de la violencia, concentra el 40% de estos casos y el 30% de los homicidios, además de registrar cuatro secuestros por día.
Pese a este panorama, el llamado ‘nuevo Ecuador’ carece de una política de seguridad pública. Desde noviembre de 2023, las acciones estatales contra los homicidios, la extorsión, el tráfico de armas y la minería ilegal han sido limitadas, mientras que la lucha contra el lavado de activos resulta ineficaz: el país apenas alcanza un promedio de dos sentencias anuales, frente a las treinta registradas en Colombia. Aunque Ecuador se consolida como un ‘hub’ logístico para el narcotráfico colombiano, la respuesta oficial insiste en la militarización urbana, dejando en segundo plano el control fronterizo y la vigilancia marítima.
La combinación de fragmentación criminal, violencia creciente y ausencia de políticas integradas proyecta un escenario de alta inestabilidad para el segundo semestre de 2025. De mantenerse la tendencia, el país alcanzará una tasa de homicidios de 50 por cada 100.000 habitantes, 11 puntos más que en 2024. En este contexto, el ‘nuevo Ecuador’ parece más un eslogan publicitario que una verdadera estrategia de Estado: un país marcado por la improvisación, la violencia creciente y un discurso político que no responde a la urgencia cotidiana de quienes, día a día, son víctimas de asesinatos, extorsiones y secuestros.