Aerotrópolis en Daular o en Taura: ¿quién gana o quién pierde más?

La última pugna entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil por la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil (NAIG), ha puesto sobre la mesa el debate respecto a los beneficios y oportunidades que generaría. Si embargo, hasta el momento no se ha discutido con mayor profundidad sobre las posibles externalidades que puede ocasionar, en especial en las comunidades rurales originarias y en el medio físico que las sustenta.

Por un lado, la actual administración del Municipio de Guayaquil propone transformar la zona de Daular en una aerotrópolis o ciudad aeropuerto. Esta visión de desarrollo territorial se fundamenta en la consolidación de una nueva centralidad periférica ubicada en esta zona catalogada por el último Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS 2024) como Zona Rural de Expansión Urbana.

Para que este escenario se materialice, se propone un sistema vial que conectará el NAIG con el Puerto de Aguas Profundas de Posorja y a su vez con la ciudad de Guayaquil y el sistema de ciudades circundante en la región, configurando un nodo logístico multimodal que a su vez se integre a las redes globales de transporte aéreo y marítimo de pasajeros y carga.

Por otro lado, el Gobierno Nacional argumenta que la zona de Daular no cuenta con la infraestructura vial necesaria para que el NAIG pueda ser accesible y pronostica el congestionamiento y colapso del sistema vial actual en Vía a la Costa. Sostiene que en Taura existe desde hace varias décadas una base aérea militar que puede ser transformada con una menor inversión en el ansiado NAIG y que cuenta con toda la infraestructura vial necesaria que lo conectará con corredores productivos de la costa y sierra.

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Definitivamente, este megaproyecto resultará estratégico para posicionar al territorio en donde se ubique en el mapa logístico y comercial regional y global. Pero surgen también preguntas incómodas que hay que responder desde un enfoque de justicia territorial: ¿Cuáles serán los efectos negativos de construir o no construir el NAIG en una zona u otra? ¿Cuál territorio gana y cuál pierde más?

En el caso de Daular, aunque todavía no se construye el NAIG, desde hace ya 2 décadas este suelo rural se ha vuelto extremadamente atractivo como “tierras de engorde”. Es decir, se han adquirido grandes extensiones de suelo a bajo costo por inversores privados, a la espera de que la zona se urbanice y adquiera un mayor valor.

Existe la posibilidad de que se generen procesos de “gentrificación rural” de la población original ante la imposibilidad de cubrir los costos de vida en un medio extremadamente urbanizado como una ciudad aeropuerto. De hecho, estos efectos negativos ya se pueden observar en las 16 comunas y varios recintos de la zona. Un ejemplo palpable, es la comuna Daular, que se ubica a 2 kilómetros al sur del terreno de 2000 hectáreas destinado para el NAIG.

Durante la última década, en la comuna Daular se han implementado diversos programas y proyectos de saneamiento, infraestructura y de desarrollo productivo por entidades públicas y privadas, como la Prefectura del Guayas, el Municipio de Guayaquil, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y fundaciones, que han contribuido significativamente a mejorar el acceso de las familias a servicios básicos y a explorar nuevas actividades productivas.

Una vez superada la emoción, emerge la incertidumbre respecto al acceso de la población local a las nuevas oportunidades de trabajo altamente especializado que se abrirán a partir de los procesos de construcción y funcionamiento de toda la infraestructura pública y privada que una obra de esta magnitud genera. ¿Cómo podrá una población local esencialmente dedicada a actividades económicas primarias como la agricultura, ganadería y pesca, disputar las plazas de trabajo altamente técnico que se ofertarán?

De igual manera, se desconoce lo que sucederá con el rico patrimonio natural, cultural y paisajístico que esta zona alberga. ¿Qué pasará con las prácticas ancestrales de subsistencia directa de la naturaleza que permite a estas comunidades de origen montubio sobrevivir por medio del autoconsumo? ¿Cuánto alterará el funcionamiento de esta ciudad aeropuerto a los ecosistemas de bosque seco y manglar que sirven como base para la subsistencia del habitante rural? ¿Habrá espacio en esta nueva visión de modernidad para la supervivencia de la ruralidad y su identidad?

Lo que sí es seguro, es que un proyecto de esta magnitud debe considerar seriamente la inclusión de las comunidades rurales y la protección de los ecosistemas con un enfoque de justicia territorial. El valor patrimonial no solo se concentra en el suelo urbano, también se encuentra desplegado de manera dispersa en sus paisajes rurales circundantes que aún conservan las formas de vida y las costumbres de comunidades que corren el riesgo de perderse ante la inminente amenaza de una conurbación masiva, segregadora y mercantilista.