Reformar el Cootad: el dilema entre eficiencia y autonomía

El proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo, que busca reformar el Cootad, ha provocado una reacción inmediata desde los municipios del país. 

El análisis de la conveniencia o no de este proyecto es fundamental, y hay que  hacerlo apartándose del ruido político; revisando objetivamente el contenido, para concluir si esta reforma es útil y mejora la eficiencia del trabajo de los gobiernos locales en beneficio de sus habitantes. 

El debate sobre el uso de los recursos públicos por parte de las autoridades locales no es nuevo. Desde hace varios años se discute sobre cómo fortalecer la gestión municipal y cómo garantizar que los fondos provenientes del presupuesto general del Estado lleguen efectivamente a los ciudadanos en forma de infraestructura, servicios y calidad de vida, porque la experiencia demuestra que no siempre ha sido así. Se ha debatido acerca de que debería existir alguna forma de asegurar que los recursos públicos que salen del presupuesto del Estado lleguen a los beneficiarios finales. 

No han sido pocos los casos de gobiernos locales que, bajo el amparo de la autonomía, han privilegiado agendas electorales o de imagen, gastando los recursos de los ciudadanos en conciertos, celebraciones, y eventos onerosos, sacrificando obras urgentes para la comunidad.  A ello se suma un fenómeno preocupante: el uso indirecto de recursos públicos con fines de promoción política, práctica expresamente prohibida por la ley, pero recurrente especialmente en épocas electorales.

También, en elecciones, se han visto a alcaldes y prefectos promocionando sus candidaturas en obras y grandes eventos públicos financiados por el Estado. El problema de fondo es que, bajo el criterio de la “autonomía”, los recursos que ingresan a las arcas de los gobiernos seccionales no pueden ser usados sin control alguno, ni por el Estado y menos por la ciudadanía.

Lo mismo sucede con los servicios que deben prestar a los ciudadanos: en la mayoría de los casos no son de calidad, ni efectivos. El peso burocrático que tienen es enorme, y el aumento de personal usualmente responde a procesos políticos clientelares que no responden a criterios técnicos. Un ejemplo de ello, es el caso de Quito, que hoy ostenta una de las nóminas más grandes del país: alrededor de 10.500 personas. 

Si bien la autonomía no puede convertirse en sinónimo de ausencia de control, tampoco puede ser escudo para el uso discrecional de recursos sin estándares mínimos de eficiencia y transparencia. Pero aquí surge la tensión inevitable: ¿cómo introducir reglas de disciplina fiscal sin erosionar la esencia misma de la descentralización?

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la obligación de destinar el 70% del  presupuesto a inversión en obra y limitar el gasto administrativo al 30%. En teoría, la medida  busca corregir distorsiones evidentes. En la práctica, implica reestructuraciones profundas en municipios cuya estructura burocrática ha crecido durante años sin planificación estratégica. La  transición no es menor. Supone rediseñar nóminas, procesos y compromisos laborales en un corto plazo.

Por lo tanto, el análisis no debe ser unilateral. Debe incluir la escucha de los argumentos que esgrimen los GAD y que explican las tensiones que se han producido con el gobierno central,  y que muestran la complejidad real de poner en práctica este cambio que se propone.

La primera preocupación manifiesta tiene que ver con el temor de los GAD a que se busque atentar contra la autonomía municipal, al direccionar, por ley, la forma cómo deben utilizar su presupuesto. 

Además, se evidencia un temor de que se limiten las competencias municipales o peor aún, que la ley se convierta en un arma política de condicionamiento para las transferencias económicas, y ello conlleve a un debilitamiento de la autonomía financiera de los gobiernos locales. 

Por otro lado, vale decir, que, para ellos, el momento político de la propuesta, a puertas de una elección seccional, les ha generado sospecha.

Lo óptimo habría sido, que este proyecto sea el resultado de un proceso de diálogo entre ejecutivo y gobiernos locales con consensos y disensos. Haber excluido de la construcción de la propuesta a los actores interesados le puede pasar factura al Gobierno: porque tener a los GAD en las calles en estos momentos puede ser políticamente riesgoso.