Columnista Invitada
Más mujeres en la política, menos poder real
Dra. en Jurisprudencia, Decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, Directora Ejecutiva Participación Ciudadana. Con más de 20 años trabajando temas de democracia, procesos electorales, Transparencia y Diálogo Político.
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El 8 de marzo es una fecha especial, porque está dedicada a recordar la importancia que tiene en democracia, la construcción de igualdad y oportunidades para las mujeres.
Si bien en la actualidad existen avances innegables en términos de derechos, y el discurso democrático se apalanca permanentemente en pilares de equidad, la realidad es que, quienes representan más de la mitad de la población, continúan batallando contra brechas estructurales que no les permiten acceder completamente a sus derechos. Se las sigue relegando de espacios de poder y se las somete a prácticas violentas.
En términos políticos y electorales, el acceso de las mujeres a espacios importantes de poder político, social o económico, porcentualmente sigue siendo bajo. Los datos señalan que, por ejemplo, a nivel mundial, la representación femenina en gobiernos y parlamentos aún no reflejan un equilibrio real como debería ser; aún cuando, se han activado mecanismos de paridad y cuotas de género en los sistemas electorales.
Esta paradoja democrática puede entenderse, mirando lo que ha pasado en América Latina. En la región, se han adoptado medidas de avance significativo respecto a la representación femenina. Ejemplo de eso es Costa Rica y Bolivia, pero, el gran desafío termina siendo que, en la práctica, esta presencia numérica importante, no logra traducirse en una capacidad real de decisión o peor aún, en procesos de transformación estructural en el seno de las instituciones.
¿Cuál es la razón de esa dicotomía entre avance normativo y debilidad práctica? Para poder responder apropiadamente a esa pregunta, conviene decir que la política latinoamericana no logra salir de la visión patriarcal que hace que a las mujeres que participan en la vida pública como candidatas, lideresas de opinión o tomadoras de decisión les toque enfrentar escollos adicionales. De hecho, la violencia política, la deslegitimación de su liderazgo, y las presiones sociales que tienen que ver con los roles de género, hacen que la participación femenina en espacios de decisión y formación de opinión, así como en política, se vuelva una carga pesada, porque el terreno para ellas es siempre desigual.
En el Ecuador, las reformas que obligan a los partidos a colocar a mujeres encabezando las listas en un 50%, ha ayudado significativamente a mejorar la representación de ellas. De hecho, la actual Asamblea Nacional y las autoridades locales han mejorado en términos de porcentaje femenino que ha llegado a esos espacios. Sin embargo, el fenómeno latinoamericano se replica en el país: a esta representación formal, aún le falta representación sustantiva, que hace relación con la capacidad de legislar en clave de derechos de las mujeres. Existen escasa y casi nulas iniciativas y propuestas de ley o políticas públicas con perspectiva de género, que pudieran aliviar la situación de las mujeres en el Ecuador.
Idealmente, sería muy bueno que, a la par del aumento en número de representantes femeninas en espacios de decisión, esos liderazgos políticos logren transformaciones democráticas, y sociales a largo plazo.
Pero la dificultad de acceder a espacios de decisión y de poder no es el único desafío que afrontan las mujeres en el país. La violencia de género continúa siendo la manifestación más dramática de la desigualdad. Desafortunadamente, la sociedad ecuatoriana no ha logrado garantizar a las mujeres condiciones de seguridad, prevención, justicia penal y reparación hacia las víctimas de violencia y sus deudos.
Las diversas dimensiones de la violencia de género: doméstica, política, económica, simbólica y digital se está convirtiendo en un problema estructural, porque atraviesa tanto contextos de pobreza como de prosperidad.
Por eso, el 8 de marzo debe ser una excusa para pensar que, si una sociedad no garantiza a las mujeres las condiciones básicas de seguridad, autonomía económica y respeto social, entonces está incompleta. Aún faltan políticas públicas enfocadas en erradicar las raíces estructurales de la desigualdad. Políticas que fortalezcan los sistemas de cuidado, garanticen igualdad de oportunidades en el mercado laboral y que busquen transformar culturas sociales que reproducen estereotipos de género.
Las democracias no se sostienen únicamente en las leyes. Se consolidan con valores compartidos, prácticas institucionales y narrativas sociales que reconozcan plenamente el liderazgo y la ciudadanía de las mujeres. Mientras esto no se dé, nuestra democracia está incompleta.