Gobierno sin oposición

La política se verifica por la presencia de un gobernante que conduce las decisiones trascendentales y un opositor, que puede estar encarnado en más de una organización, persona o sector, con el que tensiona permanentemente. Sin ese opositor, la política no existe. Ese “otro”, por tanto, es esencial para que el gobernante pueda llevar a la población a que se sitúe de su lado, el correcto de la historia, el del “amigo”, a la par de empujar al opositor y a quien se le adhiera, en el andarivel del “enemigo”. Este antagonismo, que no implica en modo alguno una valoración moral, estética o económica, permite que la vida política se sitúe como el ejercicio de la distinción entre dos visiones del mundo. 

Para que ese enemigo político se ubique en la vida pública se requiere no solo que el gobernante lo identifique y otorgue ese estatus sino también que ese actor asuma dicho rol y acepte ser la contraparte del conflicto. Los discursos y los símbolos son un buen vehículo para que el doble ejercicio de otorgar la calidad de enemigo político y asumir dicha condición queden plenamente materializados. Ejemplos de esta relación, inmanente a la política, están desperdigados a lo largo de la historia de la humanidad.

Esta simple reflexión de lo que constituye la política, que no es la única desde luego, parece estar presente en la reflexión del gobierno nacional, aunque sin claridad en cuanto a identificar a quién se puede posicionar como el “otro”. Las movilizaciones realizadas en días pasados en Guayaquil, por ejemplo, no sitúan a ningún actor como el opositor de la gestión de Noboa. Las demandas ciudadanas presentadas giraban en torno a incrementar la seguridad y la paz pública pero esas peticiones, paradójicamente, a quien le corresponde atender es precisamente al organizador del ampuloso evento. En lo observado en Guayaquil, por tanto, no hay un ejercicio de naturaleza política pues, para demostrar fortaleza y apoyo ciudadano, se requiere un enemigo político al que se exponga la condición de superioridad del gobernante.

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Los intentos de posicionar a la delincuencia y el crimen organizado como opositores son ineficaces. Ellos no son actores políticos y tampoco tienen interés en asumir ese rol. Algo similar ocurre con los jueces y la Corte Constitucional. Unos y otros operan en una arena distinta a la política y con lógicas propias. Por ello, más allá de fomentar el desprecio ciudadano a los operadores de justicia, ahí no se encuentra un opositor con el que la política pueda fluir. Las generalizaciones tampoco son útiles pues pronto terminan diluyéndose y jugando en contra de los propios intereses gubernamentales.

Aunque se podría pensar que la ausencia de un opositor político específico puede facilitar el ejercicio del poder, en realidad a lo que lleva es a que las decisiones erráticas de cualquier gobierno terminen por generarle mayores costos. Siempre es útil tener un enemigo político a quien se puedan endosar al menos parte de las responsabilidades. Si el gobierno cree que ese rol lo va a asumir la Corte Constitucional, está equivocado. Si el gobierno estima que basta con señalar que todo el que critica su gestión está del lado de los criminales para allí encontrar su alter, también está errado. Tarde o temprano, cuando la Corte Constitucional ya no esté o el discurso de la generalización no sea creíble para nadie, las consecuencias de omitir la identificación de un opositor político estarán presentes. En ese momento a nadie le interesará asumir ese rol. Todos se limitarán a actuar de espectadores del incremento de pasivos que tendrá que cargar para sí el gobierno.

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No es tarea fácil posicionar al enemigo político pues, como se ha dicho, se requiere también la disposición del otro a tomar partido en esa confrontación. Es cierto que en ocasiones es difícil identificar quien puede cumplir ese rol pero no deja de ser verdad que, ante esas carencias de la coyuntura política, es posible construir un referente de oposición. Todo es cuestión de darle una vuelta más a la tuerca.