El Chef de la Política
La pauta pública y los medios de comunicación
Politólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, analista político y Director de "Pescadito Editoriales"
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El rol de la pauta publicitaria originada en los organismos públicos y su influencia sobre el desempeño de los medios de comunicación es uno de los temas menos debatidos en el país. En general, nos hemos limitado a denostar o defender la presencia de propaganda de los gobiernos central o seccionales, pero sin llegar a una discusión más pormenorizada. En efecto, cuando esa pauta desde lo público va en favor de los medios de comunicación con los que tenemos simpatía, las reacciones suelen ser favorables. Lo contrario ocurre cuando la pauta estatal, en sus distintos niveles, se coloca en aquellos micrófonos que nos resultan distantes por su posicionamiento político.
Un debate sobre este tema, apartado de lo puramente coyuntural, nos lleva a dejar de lado posicionamientos personales y abogar por cierto grado de objetividad. En esa línea, la idea central es que la pauta publicitaria de entidades del sector público tendería a generar cierto nivel de alineación del medio de comunicación respecto a los desempeños de la entidad de la que nace el auspicio, reduciendo en alguna medida la capacidad de criticidad. Ese sería uno de los principales efectos negativos. El otro efecto pernicioso, y por ello no menos importante, es que las arcas del Estado destinan año a año importantes sumas de dinero a este fin.
Si sumamos las pérdidas anotadas, una acción que el país podría asumir es eliminar el pago por la pauta publicitaria originada en el Estado. Con ello, manteniendo constantes otros factores, la independencia relativa de los medios de comunicación podría mejorar a la par de que los gobiernos destinarían esos recursos a sectores en los que realmente se genera un impacto social. Una consecuencia adicional, beneficiosa para el país, sería que la pauta publicitaria pública dejaría de ser una herramienta de gestión de los distintos gobernantes. Por donde se lo vea, la salida parece reducir los problemas que ahora mismo tiene el país en términos de calidad de la información proporcionada por los medios de comunicación tradicionales y alternativos.
La propuesta no resiste la crítica de que implementarla llevaría a que los distintos gobiernos dejen de comunicar a la ciudadanía pues los espacios en los medios de comunicación existirían, aunque sin costo alguno. Una ligera regulación en torno al tiempo y horario de los que los gobiernos pueden disponer para el efecto es otro tema de discusión, más operativo y por tanto con menos espacios para la disidencia. La otra crítica podría venir desde las fuentes de financiamiento de los medios de comunicación y allí, lejos de propiciar un deterioro de su funcionamiento, la eliminación de la pauta publicitaria desde lo público lo que podría llevar es a una revitalización de la actividad periodística.
Dado que la pauta publicitaria provendría únicamente del sector privado, los medios de comunicación tendrían que competir por elevar el nivel de sus audiencias en función de la calidad de sus contenidos, indistintamente del nicho de mercado al que apunten prioritariamente. Este ejercicio de competencia llevaría, además de sostener el giro del negocio comercial de los medios de comunicación, a una consecuencia mucho más profunda y de alto impacto social, como es el beneficio de las audiencias. En un mercado en el que la distorsión de la asignación arbitraria de recursos públicos a través de pauta publicitaria no exista, las opciones de mejorar la calidad de lo que mira y escucha el común de los ciudadanos tendería a crecer.
Hay mecanismos, por tanto, para ordenar el debate público y someter la discusión a los problemas estructurales del país a un análisis medianamente objetivo, apartado de los sesgos que genera la pauta publicitaria proveniente desde los gobiernos. Los medios de comunicación interesados en cumplir el rol social que tienen y los periodistas que asumen su oficio con dignidad y sentido patriótico, que afortunadamente unos y otros existen aún en el país, deberían ver esta propuesta como una salida a los desafíos y esencialmente frustraciones que ahora mismo sufren en el día a día. Ojalá en el futuro cercano se tejan espacios para profundizar un debate de este tipo que, como se ha expresado, generaría mayores beneficios sociales que los posibles costos en los que se podría incurrir. Quienes se perjudicarían, porque evidentemente hay quienes estarían en esa posición, serían los que usan desde diferentes frentes las arcas del Estado para sus intereses personales.