Eligiendo jueces (indirectamente) por voto popular

El próximo proceso electoral servirá no solo para elegir presidente y asambleístas. Servirá también para elegir jueces de la corte nacional, de la corte constitucional, fiscal general e integrantes tanto del Consejo de la Judicatura como del Consejo Nacional Electoral. Contrariamente a lo que se suele decir, en el sentido de que en Ecuador se derrochan los recursos públicos, el domingo 9 de febrero vamos a dar una muestra que, con un par de rayitas, no solo designaremos a nuestros representantes a la legislatura y a quienes se disputarán ser el nuevo Jefe de Estado sino que ahí mismo aprovecharemos, rápido, rápido, para sentar las bases de lo que será tanto el Poder Judicial como el CNE. 

Aunque no nos darán papeletas en las que consten los candidatos a ocupar espacios clave en la administración de justicia, en la cabeza de la fiscalía y en el órgano encargado de transformar votos a escaños, de lo que decidamos en pocos días dependerá, en buena medida, cuáles personas tendrán mayores o menores posibilidades de llegar a esos cargos. Por tanto, se trata de una suerte de elección indirecta no contemplada en ninguna norma legal ni constitucional pero arraigada en lo más profundo del corazón del político promedio del país: si gano la elección no solo ejerzo el poder en el nivel que me corresponde sino también maniobro para tener injerencia en otros espacios.

En efecto, dependiendo de cómo sea la conformación de la Asamblea Nacional y de quiénes pasen a la segunda ronda en la lid presidencial, pues el escenario de ganancia en una sola vuelta es poco probable, se podrá prever hacia dónde girarán los vientos en la justicia del país.

Las demoras en la selección de jueces nacionales, constitucionales, fiscal general, integrantes del Consejo de la Judicatura y del CNE, pueden ser explicadas por esa vía. Los concursos, los procesos de selección, los méritos y deméritos, son solo la máscara con la que nuestros mediocres políticos pretenden ocultar su deseo irrefrenable de tener órdenes de prisión preventiva a la carta, allanamientos a discreción o reglas electoral ad-hoc que los beneficien. Todos esperan al conteo de votos para a partir de ahí promover a unos candidatos y perjudicar a otros.

Tanto es así que los presidenciables no han puesto reparos ni se han sonrojado siquiera al decir que, en caso de ganar, fomentarán la reestructuración del Poder Judicial y la Fiscalía cuando, en rigor, esas son competencias que les resultan absolutamente ajenas. La vilipendiada democracia liberal-representativa, a la que algunos candidatos dicen defender y otros la repudian de forma más o menos encubierta, así lo señala. Pero como en tiempos de campaña electoral todo es posible y asentir frente a cualquier pregunta fuera de contexto es la regla, nuestros presidenciables ya han dado muestras suficientes de por dónde van esas designaciones.

No se trata, por tanto, de que unos están interesados en controlar la justicia ordinaria, la Corte Constitucional o el CNE, y otros no. Acá, todo candidato con opciones reales de llegar a la legislatura o al ejecutivo, tiene en la mira esos espacios de poder. Por ello, sus alfiles, los que están encargados de los procesos de selección, aguardan, inventan cualquier tipo de impugnación, retardan trámites, devuelven ternas o proponen alguna de las infinitas argucias de las que la ley ecuatoriana está plagada. Todo vale para ganar tiempo hasta que lleguen las elecciones. Luego de ello, bastará una llamada para que los concursos vuelvan a cobrar vigor y se designe a los más esbirros, mediocres y pusilánimes.

La triste pero real conclusión para el electorado es que, aunque la orientación ideológico-política de la próxima Asamblea Nacional y del gobierno central cambien, la manipulación de la justicia o del CNE se mantendrá inalterada.

Lo que queda por hacer a la ciudadanía es tratar de impulsar a aquellos candidatos que, independientemente de la nueva correlación de fuerzas políticas, harían su trabajo de forma profesional y honesta. Los hay. Son pocos, pero están o estarán ahí, tratando de recuperar lo mínimo de institucionalidad que le queda al país y luchando contra corriente en un contexto en el que, generalmente, cambiamos autoridades para que todo continúe igual, o peor.