Godoy no es el problema

De unos días acá, el gran problema de la justicia ecuatoriana es el presidente del Consejo de la Judicatura. Diferentes actores y sectores, algunos con intereses políticos coincidentes y otros respondiendo a sus particularísimas perspectivas de crecimiento económico en el futuro cercano, se han escandalizado con la actuación de Godoy y al unísono han reclamado su salida. El discurso, casi unánime, es que, con juicio político de por medio, renuncia o cualquier otra forma de escarnio público, quien actúa como titular del Consejo de la Judicatura merece ser decapitado. Algunos creen que esta sanción se la debe asumir en sentido figurado y otros, no pocos, estarían muy contentos de volver a esas prácticas de tiempo pasado y a las que con magistral pluma se ha referido Michel Foucault en su vigilar y castigar.

Hay que decir también que existe un grupo de personas con civismo y genuina preocupación por los intereses nacionales, que se ha hecho eco de las denuncias y ha levantado la voz para que Godoy deje su espacio de influencia. Son pocos, pero están. Para unos y otros, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, a los que paradójicamente siempre volteamos a ver para confirmar la veracidad del runrún politiquero nacional, han sido la plataforma para expresar el descontento. Diferenciar entre este selecto manojo de patriotas y el tumulto de interesados que se desgañita pidiendo la salida de Godoy porque ya tienen otro que los puede representar en mejores términos, es una labor compleja, aunque no imposible. Basta leer hacia atrás y luego leer lo que se vendrá pronto para hallar respuestas.

Desde luego que aquí no hay defensa alguna de Godoy. No, no la hay. Tendrá que irse, nada ni nadie lo podrá defender pues pruebas hay de sobra. Lo llamativo es que estas pruebas estuvieron presentes desde el momento en que hizo su aparición pública. No obstante, ahí no existió mayor crítica ni oposición. Más allá del pequeñísimo grupo de ciudadanos que operan desde la vocación por el bien público, buena parte de los que ahora se sonrojan y enfilan contra Godoy prefirieron tomar su designación con calma y prudencia. Si Godoy respondía en conformidad con los mandatos de los sectores políticos interesados, su permanencia podía defenderse. Si se alineaba a las mafias de abogados que operan en el país, el apoyo estaría presente.

El problema, en realidad, es que Godoy realizó algún cálculo equivocado y, como consecuencia de ello, propició una repartición excesivamente asimétrica. Ahí la razón por la que el débil equilibrio entre políticos, abogados y crimen organizado, que permitió la conformación actual del Consejo de la Judicatura, ahora se venga a pique. ¡Hay que ver más allá de lo epidérmico! Las razones de la salida de Godoy no son las denuncias que ahora se hacen públicas pues siempre estuvieron ahí y todos las conocían. Las razones de fondo se mantendrán ocultas al común de los ciudadanos pues así se maneja el bajo mundo. Ese mundo en el que conviven buena parte de los que hacen vida política, una cantidad cada vez más grande de abogados embrutecidos por el dinero y los directores de orquesta del narcotráfico y la delincuencia de gran calado. En este último grupo no está Fito y sus secuaces, desde luego. Ellos son apenas operadores de los mandamases.

• Los valientes están solos 

Mañana, cuando Godoy no esté, volveremos a racionalizar la idea de que empieza un nuevo rumbo en la administración de justicia del país. Esto ya sucedió cuando Terán fue despojado del cargo y el mismo libreto estuvo presente cuando otros personajes dejaron la titularidad del Consejo de la Judicatura. ¡El problema no está en los nombres! y lo sabemos. Lo que pasa es que siempre es más fácil engañarnos asumiendo que con nuevas personas las cosas cambiarán en la justicia, cuando en el fondo sabemos que eso no sucederá. Tristemente, no va a cambiar nada porque el problema judicial en el país es estructural y frente a ello urge un proceso de reforma integral que a nadie le conviene proponer. Bueno, interesa al puñado de gente que no tiene otro deseo que el de presenciar un atisbo de prosperidad en el país.   

Una reforma real no conviene a la política pues sin la justicia de su lado los conflictos que se dan en esa arena tendrían que resolverse allí y eso implicaría mayores costos. Tampoco conviene un cambio profundo al creciente grupo de abogados aliados con la delincuencia pues su negocio se vendría abajo y con ello el alardear de relojes, licores y viajes. A muchas facultades de Derecho tampoco les resultaría rentable un remezón en la justicia pues descendería la matrícula de estudiantes que cotidianamente no aprenden las destrezas para litigar decentemente sino las argucias tanto para sobornar como para acercarse a los delincuentes a los que añoran representar en los estrados.

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Dejemos por un momento nuestra disonancia cognitiva de asumir que el problema de la justicia en el país son los nombres. Acá hay una cuestión de fondo, estructural, que a muy poca gente le interesa poner en evidencia.