Seis decisiones del Gobierno que hacen del paro de 2025 un episodio distinto al de 2019 y 2022 en Ecuador

El 13 de septiembre, un día después de que sus ministros anunciaron la eliminación del subsidio al diésel, el presidente Noboa decidió trasladar su despacho a la Gobernación de Latacunga. Es decir, mudar la sede presidencial.

Aunque esto implicó que varios ministros y funcionarios de menor rango tengan que trasladarse frecuentemente a la capital de Cotopaxi, esto no significó que el Mandatario pase ahí todos los días, puesto que su agenda incluyó actividades en distintas provincias, especialmente de la Sierra.

Esto impidió que cualquier reacción de las organizaciones sociales pretenda inicialmente llegar a Carondelet, en el corazón de Quito. Además, en Cotopaxi se encuentra gran parte de las bases del movimiento indígena. Lo que se tomó como una afrenta por el Movimiento Indígena y Campesino de la provincia (MICC).

El 22 de septiembre, ante el anuncio del MICC de tomarse Latacunga, el oficialismo convocó a sus simpatizantes a la ciudad. Cientos de ellos se trasladaron en buses desde Tungurahua, Santo Domingo, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí y Guayas, para amanecer en Cotopaxi.

En las redes sociales hubo denuncias de que se trataba de funcionarios públicos que fueron presionados para asistir. Incluso, la Unión Nacional de Educadores (UNE) informó que los docentes habían sido convocados. Al igual que sucedió en las marchas gobiernistas en Quito y Guayaquil, donde gobernadores y autoridades locales llegaban a anunciar la participación de sus delegaciones.

Sin embargo, nadie pudo acercarse a la Gobernación, donde se suponía estaba el Primer Mandatario, puesto que la militarización y bloqueo del centro de la ciudad lo impidió.

El solo traslado de la sede presidencial a Latacunga permitió al Mandatario militarizar esa ciudad, sin recurrir a ninguna medida adicional. 

Sin embargo, el 16 de septiembre llegó el Decreto Ejecutivo No. 134, que declaró el estado de excepción por las manifestaciones y cierres viales en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.

La medida duró poco más de dos semanas, ya que la Corte Constitucional (CC) la redujo solamente a Carchi e Imbabura, puesto que las manifestaciones en las otras provincias fueron puntuales o eran esporádicas.

Al día siguiente de la decisión de los magistrados, el presidente Noboa volvió a lanzar otro estado de excepción, esta vez en 12 provincias, por las "paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público". Esta medida todavía espera dictamen de la Corte.

Además, ante una supuesta 'toma de Quito', el Gobierno trasladó 7.000 militares y 1.000 policías a la capital, que fueron desplegados en sectores clave, e incluso ordenaron la suspensión del transporte público hacia el sur de la ciudad.

A la vez que los militares se desplegaron a lo largo de la capital, cientos de uniformados también bloquearon los accesos a Quito, el domingo 12 de octubre, impidiendo así el paso de vehículos públicos y privados. Ese domingo, en el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, organizaciones indígenas habían programado una marcha desde Cayambe hasta Quito.

Esa mañana, las vías que conectan a Pichincha con Imbabura amanecieron bloqueadas con montañas de tierra, custodiadas por militares que restringieron el paso de manifestantes a la capital. 

El ministro del Interior, John Reimberg, reconoció el congelamiento de cuentas bancarias de organismos que, según él, supuestamente reciben recursos de una economía vinculada al crimen. “El tema de las cuentas es fundamental. Estos grupos tienen gente detrás que busca desestabilizar y provocar el caos”, afirmó el 23 de septiembre, en el segundo día de manifestaciones.

“Hemos venido haciendo la ruta del dinero”, detalló el funcionario. En el contexto del paro, Reimberg reveló que “varias fundaciones entre comillas y estos operadores han salido con las cuentas congeladas”.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció el 19 de septiembre el bloqueo de las cuentas de algunos de sus dirigentes y organizaciones, un día después de anunciar el inicio de un paro nacional indefinido a partir del lunes 22.

"El bloqueo económico a dirigentes indígenas no es un acto aislado, sino parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos y nacionalidades del país", afirmó el movimiento indígena.

Otras organizaciones han denunciado el congelamiento: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía de Ecuador (Confeniae), el MICC, Fundación Pachamama, el Cabildo por el Agua de Cuenca, el Frente Antiminero, la Fundación Alianza Ceibo, la Unión de Afectados por Operaciones Petroleras.

Como se observó en las protestas más recientes en Quito, del 12 de octubre, las fuerzas del orden impidieron que los manifestantes marchen hasta el parque El Arbolito, sitio de concentración en la ciudad de los paros del 2019 y 2022.

Cualquier intento de llegar al punto de encuentro ha activado la intervención de policías y militares.

El domingo, en sectores como la Villaflora, la av. Napo y las inmediaciones de la Casa de la Cultura, donde hubo ciudadanos marchando, las bombas lacrimógenas fueron la tónica, sin que previamente hubiera acciones hostiles de manifestantes. En videos recogidos en redes sociales, se observa a los uniformados diciendo a la ciudadanía que no les iban a dejar pasar, pese a que la mayoría de marchas eran pacíficas y de apenas decenas de personas. Ese día hubo periodistas agredidos.