Ausencias, diferimientos y un informe secreto: Así se gestó el traslado de Aquiles Alvarez a la cárcel del Encuentro

En el último mes, la realidad jurídica de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil ha tenido varios giros bruscos. La madrugada del 10 de febrero de 2026, fue detenido en su domicilio durante un operativo por el caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada enfocada en el lavado de activos y la defraudación tributaria.

Al momento del allanamiento, la Policía dejó constancia de un detalle que luego resultaría determinante: el funcionario no llevaba puesto el grillete electrónico que se le había impuesto previamente por el caso Triple A. El dispositivo fue hallado en el piso junto a su cama. 

Tras la formulación de cargos el 11 de febrero, el juez Jairo García dictó prisión preventiva en su contra, ordenando su traslado inicial a la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. De inmediato, su defensa, encabezada por el abogado Ramiro García, apeló oralmente la medida.

Sin embargo, el camino hacia la apelación tuvo varios obstáculos. La diligencia judicial estaba programada para el lunes 2 de marzo, pero el Tribunal de Apelación se vio obligado a declararla fallida ante la inasistencia del fiscal a cargo del caso Goleada, Dennis Villavicencio.

La ausencia del funcionario no fue casual, ya que había sido delegado oficialmente por el Fiscal General encargado, Carlos Alarcón, para viajar a Brasilia, Brasil, y participar en un evento internacional anticorrupción de la OCDE, lo que imposibilitó su presencia física o telemática. Ante este revés, la audiencia fue reagendada para el jueves 5 de marzo.

Llegada la nueva fecha, la justicia volvió a paralizarse por otra decisión administrativa externa. Esta vez, la audiencia no pudo instalarse porque los jueces titulares del Primer Tribunal de la Sala Penal de Pichincha, Silvana Velasco y Byron Uzcátegui, fueron enviados por el Consejo de la Judicatura a Panamá para asistir a la Asamblea Plenaria de Ministros de Justicia Iberoamericanos. 

Los magistrados subrogantes asignados tenían un cruce en sus agendas con audiencias previamente convocadas, lo que obligó a suspender nuevamente la revisión de la prisión preventiva. Hasta ahora no hay una nueva fecha.

El traslado a la Cárcel del Encuentro

Mientras las ausencias y los viajes internacionales mantenían congelada la apelación por el caso Goleada, la Función Judicial se activó con el otro caso. El domingo 8 de marzo, antes de que se pudiera resolver su situación en el caso Goleada, el Tribunal de Garantías Penales a cargo del caso Triple A reinstaló una audiencia para revisar las medidas cautelares de Alvarez. 

En esta causa, donde se lo investiga por el desvío irregular de combustibles, la Fiscalía presentó un informe del SNAI que registraba 2.769 alertas en su grillete electrónico, incluyendo 33 ocasiones de "pulsera quitada". 

Apoyados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que determina que ante el incumplimiento de una medida alternativa solo queda imponer la prisión, los jueces determinaron que la vulneración del dispositivo fue "consciente y premeditada", dictando una segunda orden de prisión preventiva en su contra.

Con el escenario judicial blindado con una doble orden de encarcelamiento, las autoridades penitenciarias —casi en simultáneo— ejecutaron un movimiento ese mismo 8 de marzo. Inmediatamente después de la audiencia, Aquiles Alvarez fue extraído de la cárcel de Latacunga y trasladado bajo un fuerte hermetismo a la Cárcel del Encuentro, el centro de máxima seguridad recién inaugurado en Santa Elena. 

La medida se amparó en un informe secreto del SNAI que argumentaba la necesidad de precautelar la seguridad del Alcalde frente a presuntas amenazas de terceros en Cotopaxi. El presidente Daniel Noboa defendió públicamente la decisión asegurando que el funcionario estaría "más seguro" en ese recinto. 

De forma simultánea, sus hermanos Antonio y Xavier, procesados en la misma causa, también fueron trasladados desde Cuenca hacia la misma prisión de máxima seguridad, lo que la defensa calificó como una "clara vulneración al derecho a la defensa" al dejarlos incomunicados.

¿Qué pasa con la Alcaldía?

Con Aquiles Alvarez en una nueva cárcel y con dos órdenes de prisión, se empieza a pensar qué pasará con la Alcaldía. El 24 de febrero de 2026, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una nueva licencia sin sueldo para Alvarez por 30 días, extendiendo su permiso hasta el 26 de marzo.

De esta forma, el funcionario suma 45 días de licencia en el año, mientras la vicealcaldesa Tatiana Coronel ejerce como alcaldesa subrogante asegurando que no se ha perdido la titularidad del cargo. Pero a medida que el calendario avanza hacia el vencimiento de la licencia, el debate jurídico sobre su permanencia en el poder se intensifica.

La situación evoca el antecedente de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien en 2019 estuvo en prisión enfrentando un choque de leyes.

Por un lado, la Ley de Servicio Público (Losep) establece un límite de hasta 60 días para las licencias sin sueldo de los servidores públicos. Sin embargo, el artículo 62 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) determina que el vicealcalde subrogará al alcalde en caso de ausencia temporal mayor a tres días "durante el tiempo que dure la misma". 

En el caso de Pabón, el Consejo Provincial se amparó en la supremacía del Cootad para establecer una subrogación indefinida mientras durara el proceso judicial y no existiera una sentencia ejecutoriada, evitando así su destitución a pesar de rebasar los límites de la Losep. 

Si el Concejo Cantonal de Guayaquil decide aplicar la misma estrategia interpretativa y priorizar el Cootad frente a la Ley de Servicio Público, Alvarez podría retener oficialmente el título de alcalde mientras permanezca recluido en la Cárcel del Encuentro.