El Consejo Provincial aprobó la subrogación indefinida de Alexandro Tonello en el cargo. Mientras dura el proceso penal, la funcionaria correísta no percibirá salario. Sin embargo, ya se advierte un posible conflicto legal por la decisión del organismo.
Nota actualizada a las 17:07, con el análisis jurídico de la decisión.
El Consejo Provincial de Pichincha se reunió, el viernes 13 de diciembre, para analizar la situación de la prefecta Paola Pabón, quien está detenida por un caso de rebelión ligado al paro de octubre.
Luego de casi dos horas de un receso que se decidió cerca de las 13:00, los integrantes del organismo aprobaron por unanimidad una resolución que había sido propuesta por Rosa Salazar, representante de la parroquia de Calderón.
Así, el Consejo Provincial ratificó la subrogación de Alexandro Tonello mientras Pabón esté detenida. Durante este tiempo ella no percibirá su salario.
Esa decisión se tomó con base en lo dispuesto por el Código de Organización Territorial (Cootad), que dispone que una de las atribuciones de viceprefecto es “subrogar a la prefecta en caso de ausencia temporal mayor a tres días, durante el tiempo que dure la misma”.
Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, dijo que esta decisión, técnicamente, no es una “licencia indefinida”. Según el funcionario, “lo que estamos hablando es de que, mientras se resuelva el tema judicial que enfrenta la prefecta, se busquen las medidas (…) para que se pueda dar continuidad a la subrogación”.
“Mientras no exista la sentencia, ella seguirá siendo prefecta de Pichincha”
Guillermo Curuchumbi, alcalde de Cayambe
Conflicto legal
Si bien el Cootad contempla la posibilidad de una subrogación indefinida por ausencia temporal, esta norma está en conflicto con la Ley de Servicio Público, que también rige a las autoridades de elección popular.
Esta ley dice que los servidores públicos podrán obtener una licencia sin sueldo para ausentarse de sus cargos de hasta 60 días, por necesidades propias. En el caso de Pabón este lapso terminó el 8 de diciembre.
Juan Francisco Guerrero, abogado y docente, explica que en estos casos las decisiones administrativas deben tomarse en armonía con todas las leyes que traten el tema.
Ahora, dice el jurista, la decisión del Consejo Provincial abre la puerta a una impugnación.
La Constitución permite interponer acciones de protección, ante la justicia ordinaria, por todos los actos de las autoridades públicas no judiciales, que podrían vulnerar derechos. Cualquier persona puede plantear el recurso.
Además, en el área administrativa podrían determinarse responsabilidades para quienes votaron por la subrogación indefinida, dice Guerrero:
- Primero, la Contraloría, a través de una auditoría, podría establecer sanciones para los funcionarios por actuar en contra de normas expresas. Las penas pueden ir desde multas hasta la destitución.
- Los ciudadanos de las localidades de cada funcionario que votó, en cambio, podrían optar por un proceso de revocatoria del mandato por desconocer normas.
El Consejo Provincial, instancia que aprobó la subrogación indefinida del cargo, está conformado por el prefecto subrogante, los ocho alcaldes de los cantones de Pichincha y siete representantes de las parroquias rurales de la circunscripción.
Las vacaciones terminan
Aunque la licencia de Pabón terminó el 8 de diciembre, la prefecta sigue con una ausencia justificada.
La Prefectura, a través de un acto administrativo, le concedió 11 días de vacaciones anticipadas. Eses período termina el 19 de diciembre.
A partir del 20 de diciembre, entonces, la funcionaria no tendría justificación para no asistir a su puesto de trabajo. Esto pesar a que está vigente la subrogación indefinida.
La sesión
La sesión en la que se tomó la polémica decisión empezó cerca del mediodía con la lectura de una carta de Ramiro Aguilar, abogado de Pabón.
El jurista pidió al Consejo Provincial que se abstuviera de incluir en sus sesiones cualquier punto para tratar la remoción de la prefecta.
El argumento es que la CIDH, en la resolución sobre las medidas cautelares que concedió para salvaguardar la seguridad de Pabón, pidió al Estado respetar sus derechos políticos al haber sido electa por voto popular.
El abogado de Paola Pabón, Ramiro Aguilar, y más simpatizantes. API
La Prefectura presentó un informe jurídico sobre esa petición. Ese documento expone que cualquier proceso de destitución se deberá hacer con base en el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), que determina que para un cese debe haber una sentencia ejecutoriada de por medio.
Entonces Salazar, de la parroquia Calderón, planteó una resolución para “garantizar los derechos de Pabón y sus votantes”, dijo.
El documento también planteaba acoger la medida cautelar y ratificar a Alexandro Tonello como prefecto subrogante.
Sin embargo, a las 13:00, Guillermo Churuchumbi, Roberto Hidalgo y Wilfrido Carrera, alcaldes de los cantones de Cayambe, Mejía y Rumiñahui, plantearon un receso de 30 minutos para concertar como proceder.
Hidalgo recalcó que una decisión de este tipo podría generar responsabilidades posteriores a quienes votaran favorablemente por Pabón.
Ante la falta de votos, a las 13:10 se decidió dar paso al receso que duró dos horas. Al regreso Churuchumbí, alcalde de Cayambe, retiró su moción para que el tema fuera a la Comisión de Excusas. Y se aprobó la resolución de Salazar.
La sesión del Consejo Provincial se instaló con 12 integrantes. Se excusaron de asistir los representantes de la Parroquia de Rumipamba, Víctor Hugo Alcocer; de la Alcaldía de San Miguel de los Bancos, Marco Calle.
Así como del Municipio de Quito, el concejal René Bedón, quien representa al alcalde Jorge Yunda, se excusó por tener otras obligaciones.
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