El Gobierno ecuatoriano empezó el trabajo de coordinación para acordar, con los abogados de los beneficiarios, las medidas cautelares a favor de Paola Pabón, Virglio Hernández y Christian González.
Cecilia Chacón, secretaria nacional de Derechos Humanos, en diálogo con PRIMICIAS, explica cuál es el alcance de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH para Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González.
Esta entidad, que fue creada en 2018 tras la eliminación del Ministerio de Justicia, es la encargada coordinar la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones de la CIDH.
En el caso específico de Pabón, Hernández y González, la Secretaría ya empezó el análisis de la resolución de la Comisión Interamericana.
La entidad ha puesto en marcha un protocolo de atención, tomando en cuenta que la CIDH pidió precautelar la vida y la integridad de los procesados.
El proceso
El Gobierno tiene 15 días, que se cumplen el 21 de diciembre, para comunicar a la CIDH cuáles son las medidas adoptadas. El siguiente paso es notificar a Pabón, Hernández y González.
Como parte de la ruta de trabajo, explica Chacón, los procesados deberán definir a sus representantes para la coordinación de las medidas cautelares.
Entonces, serán sus representantes quienes presenten sus expectativas, respecto al alcance de las medidas. Y el Gobierno analizará si sus peticiones se ajustan al ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Una vez alcanzado un acuerdo, las medidas entrarán en vigencia. Aunque todavía no se conocen los pedidos de los abogados, no se descarta un cambio de centro de detención o atención médica especializada.
La prefectura de Pabón
Chacón aclara que el Gobierno respetará la independencia de las Funciones del Estado, al aplicar las medidas cautelares.
Es decir, la decisión que tomen, en conjunto con los beneficiarios, no podrá alterar el proceso penal del que son objeto Pabón, Hernández y González.
La defensa de los acusados ha hecho hincapié en el pedido de libertad para Pabón, ya que de seguir detenida podría perder la Prefectura de Pichincha. Sus vacaciones terminarán el 24 de diciembre.
Sin embargo, la Secretaria de Derechos Humanos explica que el Gobierno no puede hacer nada ya que no es un órgano judicial.
La secretaria Chacón explicó que las medidas cautelares tienen únicamente dos finalidades, precautelar la seguridad y la vida de los beneficiarios.
Y si bien la resolución de la CIDH hace un llamado al Estado para que respeten los derechos políticos de Pabón, por haber sido elegida por voto popular, esa parte del documento no está incluida en las medidas y no involucra al poder Ejecutivo.
De esta manera, el futuro de Pabón en la Prefectura está en manos de la jueza Patlova Guerra, quien deberá decidir acerca del pedido de revocatoria de la prisión preventiva que hicieron los abogados de la Prefecta, con la argumentación de la resolución de la CIDH.
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