El equipo jurídico de la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, plantea varios frentes en su estrategia por liberarla. Su principal carta es una resolución en que la CIDH hace un llamado para que se respeten los derechos de “personas elegidas mediante voto popular”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor de los líderes políticos correístas Paola Pabón y Virgilio Hernández y del asesor de este último, Christian González, pero no especificó cuales son estas medidas.
En su lugar, la CIDH pidió al Estado que acuerde las medidas con los beneficiarios que son Pabón, Hernández y González. Los tres son procesados por el presunto delito de rebelión y cumplen prisión preventiva.
La resolución de la CIDH fue comunicada el 6 de diciembre. Pero hasta el lunes 9, la defensa de los sospechosos no recibió ningún acercamiento de parte del Estado para iniciar el proceso que lleve a las partes a un acuerdo.
Por ello, los abogados de los procesados, Fausto Jarrín y Ramiro Aguilar, decidieron dar el primer paso.
Ayer, los dos juristas presentaron un escrito ante la Cancillería. Esta institución representa a Ecuador ante los organismos internacionales y fue notificada por la CIDH.
En el documento de tres páginas, los abogados de la defensa piden al Ministerio convocar a una mesa de concertación de medidas cautelares.
Estirando las sábanas
En esta instancia, la defensa de Pabón, Hernández y González argumentará, con base en la resolución de la CIDH, que procedería la liberación de los procesados.
Piden que en la Mesa participen representantes de la Cancillería, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Gobierno y de la Defensoría del Pueblo.
PRIMICIAS consultó a la Cancillería sobre su postura al respecto y sobre la adopción de las medidas cautelares, pero no obtuvo respuesta. Hasta las 17:30, la Cancillería dijo que continuaban “trabajando en ello”.
PRIMICIAS también preguntó a las otras cinco instituciones citadas por la defensa si ya habían recibido un acercamiento o invitación para participar en la mesa, pero cuatro no respondieron.
La Procuraduría, por su parte, indicó que según el Decreto Ejecutivo 560 le corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos la coordinación de la ejecución de sentencias y medicas cautelares.
Pero, aclaró que esta norma no impide que la Procuraduría asesore a las instituciones que lo requieran en este tema.
Hasta el sábado 21 de diciembre, el Gobierno ecuatoriano deberá comunicar a la CIDH cuáles fueron las medidas adoptadas para resguardar los derechos a la vida y a la integridad de Pabón, Hernández y González.
No es vinculante
Fausto Jarrín, abogado de los procesados, reconoció ayer, 9 de diciembre, que la resolución de la Comisión Interamericana no es vinculante.
Es decir, el Estado ecuatoriano tiene la potestad de acatar o no los pedidos realizados por el organismo.
Sin embargo, la defensa de los políticos solicitó medidas cautelares con alcance para medidas provisionales, estas últimas sí son de obligatorio cumplimiento para los estados.
Esto significa que en caso de que Ecuador no acoja las medidas cautelares, los abogados de la defensa podrán solicitar a la Comisión que eleve el caso a la Corte IDH para que dicte medidas provisionales.
En el actual Gobierno hay solo dos antecedentes de este tipo. La CIDH otorgó medidas cautelares al equipo periodístico de El Comercio, asesinado en la frontera con Colombia en 2018.
En ese caso parte de las medidas fue la creación de un equipo de seguimiento de las investigaciones sobre el secuestro y posterior asesinato de dos periodistas y un conductor.
El otro caso involucra a Yaku Pérez. El actual prefecto del Azuay recibió medidas cautelares en 2018, luego de ser objeto de amenazas de parte de grupos prominería.
En ambos casos, el Gobierno y el Estado ecuatorianos acogieron las solicitudes de la CIDH.
La estrategia penal
El abogado Jarrín cree que la vía más idónea para lograr la liberación de Pabón es la jurisdiccional.
Por esta razón, a la par de los esfuerzos políticos para crear la mesa de concertación, presentaron un recurso ante la Corte Provincial de Pichincha, donde se sustancia el caso de rebelión.
El equipo jurídico de Pabón solicitó la revocatoria de la prisión preventiva.
Ese recurso está contemplado en el artículo 535 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y se puede conceder en cuatro casos.
- Cuando se han desvanecido los indicios o elementos que motivaron la prisión preventiva.
- Cuando los procesados hayan sido sobreseídos o declarados inocentes.
- Cuando el proceso caduque.
- Cuando el caso sea declarado nulo.
Los abogados apuntan a la primera causal. Creen que la resolución de la CIDH es un argumento suficiente para desestimar cualquier tipo sospecha de fuga o evasión de los procesados.
Ahora, los abogados esperan fecha y hora de la audiencia para el tratamiento de ese recurso. Y, más adelante, no descartan interponer un recurso de habeas corpus.
Pabón, 15 días más en el cargo
El domingo 8 de diciembre culminaron los 60 días de licencia sin sueldo para Paola Pabón. La funcionaria debería regresar a su cargo como Prefecta de Pichincha o sería cesada.
Alexandro Tonello, viceprefecto de Pichincha, y actual titular subrogante, informó que Pabón recibió 15 días de vacaciones, por lo que deberá reincorporarse luego de Navidad.
De manera que Pabón tiene 15 días más para buscar su liberación y no perder su cargo.
La CIDH hizo un llamado sobre este caso en su resolución, en el que pidió que se respeten los derechos políticos de Pabón.
Sus abogados han solicitado que se frene cualquier acto administrativo de destitución, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos está por encima de las leyes locales, dicen.
También enviaron una comunicación a la Prefectura de Pichincha para que se considere el pronunciamiento de la CIDH.
Tonello, quien asumiría el cargo de Prefecto si Pabón es finalmente destituida, dijo en una entrevista radial que, en caso de un cese definitivo, él continuará con la tarea bajo las directrices políticas del correísmo.
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