Bancada de ADN denuncia que municipios gastan hasta USD 36 millones al año en 'farras'

En medio del reclamo de alcaldías y prefecturas, que incluso marcharon hasta la Asamblea en Quito, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de febrero de 2026 el informe de primer debate de la Ley Urgente de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD).

La propuesta enviada por el Ejecutivo contó con el respaldo los ocho asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN) y el rechazo de dos legisladores de la Revolución Ciudadana (RC).

El debate en la comisión se centró en la supuesta reducción de las asignaciones presupuestarias para los GAD, que denuncia el correísmo. Mientras que la bancada de ADN opina lo contrario y argumentó que el proyecto de ley dejaría beneficios a la ciudadanía al establecer mínimos de inversión en alcaldías y prefecturas. 

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"La reforma establece una regla clara y verificable para que los GAD destinen un mínimo del 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, y servicios públicos. Es una regla fiscal con trazabilidad, control y rendición de cuentas", dice el proyecto ingresado por el Ejecutivo el 28 de enero pasado. 

Diego Salas, integrante de la bancada correísta, dijo en la Comisión que la norma establece sanciones para los gobiernos locales que no cumplan con esta disposición, que verían una reducción significativa en sus asignaciones de parte del gobierno central.

En tanto que la legisladora por Azuay, Mabel Méndez, rechazó que durante la construcción del informe no se haya escuchado a todos los alcaldes y prefectos, especialmente a los que se han mostrado críticos con esta propuesta del gobierno.

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La correísta Mónica Alemán recordó que 17 prefecturas que integran el Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope) enviaron a la comisión un comunicado mostrando se preocupación por la ley.

"Estamos consientes que todo debe ser dentro de la ley y en beneficio de la ciudadanía que ahora se siente afectada por esta norma que, además, no tienen de urgente nada. Lo mejor y oportuno es que el proyecto se archive y que desde la Asamblea se proponga una verdadera reforma al Cootad".

Mónica Alemán, legisladora de la RC. 

La defensa de ADN

Adrián Castro, legislador del oficialismo, rechazó que la intención de la ley sea perjudicar a los ciudadanos. En el caso de Cuenca, aseguró que en el Municipio de esa ciudad hubo, en el último año, un aumento de burócratas y de presupuesto para gasto en USD 4 millones.  

"Durante el año anterior, entre todos los municipios del país se gastaron USD 36 millones en farra. En localidades de Manabí hay una sola persona que ganó ocho contratos en un año, un suertudo", reveló el legislador de ADN.

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El excorreísta Sergio Peña, arremetió contra su excoidearia Paola Pabón, de la Revolución Ciudadana, y dijo que no es posible que una prefectura pague USD 480.000 por un mural, en alusión a la pintura de Pavel Egüez en los exteriores de la Prefectura de Pichincha.

Además, Peña cargó contra Alexandra Arce, también del correísmo, por supuestamente no gestionar la dotación de agua potable a Durán, mientras fue alcaldesa de Durán.

Peña solicitó que se incluya como disposición transitoria que "el seguimiento y cumplimiento de la regla de asignación se hará a partir del 1 de diciembre de 2026, verificando que se cumpla con, al menos, el 65% desde el 1 de junio de este año; para el 2027 se cumplirá con, al menos el 68%; y para el ejercicio fiscal 2028 y subsiguientes, el 70%", esto para cumplir con un principio de gradualidad, dijo Peña.

Previo al debate de este jueves 12 de febrero, un grupo de autoridades locales y funcionarios de alcaldías y prefecturas, encabezados por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, marchó a la Asamblea.

El objetivo fue rechazar la propuesta enviada por Daniel Noboa y pedir a la Comisión de Desarrollo Económico que envíe al archivo la propuesta. La marcha llegó a los alrededores del edificio legislativo y finalizó, sin incidentes, tras la intervención de las autoridades.