Elecciones presidenciales, seccionales y consultas populares 'blindan' al CNE de ir a juicio político

La posibilidad de que se reactive en la Asamblea el juicio político que está pendiente, desde hace cuatro años, en contra de cuatro consejeros y un exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) quedó descartada para este 2025.

Si bien las elecciones generales concluyeron con la proclamación del triunfo y posterior posesión de Daniel Noboa como presidente de la República, el CNE dice que aún se mantiene en periodo electoral, pero no por ese proceso.

El 6 de junio pasado, la Comisión de Fiscalización recibió una respuesta de la secretaria del organismo electoral que certifica que está en curso la elección de alcalde y concejales del cantón Sevilla Don Bosco, en Morona Santiago.

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El periodo electoral para esta elección local empezó en noviembre de 2024 y concluirá el 31 de diciembre de 2025, agregó en su respuesta el CNE.

"Al existir un proceso electoral vigente no resultaría jurídicamente procedente reactivar la sustanciación de las solicitudes de juicio político de los consejeros del CNE", concluyó el criterio jurídico solicitado a la Asamblea por Ferdinan Álvarez, presidente de la mesa de Fiscalización. 

Un pedido de larga data

La solicitud de juicio político fue presentada por los entonces legisladores de Pachakutik, Joel Abad y Mario Ruiz, y calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en noviembre de 2021.

El pedido fue presentado en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaint; el vicepresidente, Enrique Pita; los consejeros Esthela Acero y José Cabrera; y el exconsejero Luis Verdesoto.

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La acusación fue por supuesto incumplimiento de funciones. Específicamente, no haber dado paso al recuento de votos en más de 30.000 urnas en la primera vuelta de las elecciones generales de ese año lo que, a su criterio, perjudicó a Yaku Pérez, entonces candidato presidencial de Pachakutik, y benefició a Guillermo Lasso, de CREO, que fue elegido presidente.

Según Abad, esa no fue la única irregularidad detectada. Aseguraba, además, que el padrón electoral presentó problemas y habló de 1,7 millones de personas incluidas de forma irregular.

El inicio de los aplazamientos

El caso llegó a la Comisión de Fiscalización liderada entonces por Fernando Villavicencio (+) en julio de 2022 y, ante la cercanía de las elecciones de alcaldes, prefectos y del Consejo de Participación Ciudadana de 2023, quedó suspendido.

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Sin embargo, desde entonces han sucedido una serie de acontecimientos electorales y no electorales que han dado una suerte de blindaje al CNE:

• 5 de febrero de 2023: elecciones seccionales.
• 17 de mayo de 2023: muerte cruzada y disolución de la Asamblea por seis meses.
• 20 de agosto de 2023: elecciones extraordinarias para elegir presidente y asambleístas.
• 15 de octubre de 2023: segunda vuelta de las elecciones extraordinarias.
• 21 de abril de 2024: referéndum y consulta popular planteadas por el presidente Daniel Noboa.
• 9 de febrero de 2025: elecciones generales de primera vuelta.
• 13 de abril de 2025: elecciones de segunda vuelta.
• 17 de agosto de 2025: Sevilla Don Bosco elegirá a su alcalde y concejales.

De estos aplazamientos hay beneficiados colaterales. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres y Joaquín Viteri, sobre quienes también hay solicitudes de juicio político.

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El 6 de mayo pasado, los anteriores integrantes de la Comisión de Fiscalización decidieron suspender el trámite de sustanciación contra los jueces, por estar todavía vigente el periodo electoral de las elecciones presidenciales 2025.

Esta suspensión fue ratificada por los actuales integrantes de la mesa de Fiscalización el viernes 13 de junio, pero ahora por los comicios que se deben desarrollar en Sevilla Don Bosco.

La legisladora de Revolución Ciudadana (RC), Ana Herrera, que es parte de esa comisión, reconoció que tanto el Código de la Democracia así como un pronunciamiento de la Procuraduría impide avanzar con el juicio político en periodo electoral.

La asambleísta, sin embargo, cree que ambas disposiciones han sido usadas con cierto abuso desde las instancias electorales y espera que una vez que concluyan todas las elecciones se pueda continuar con la fiscalización.