Correísmo y ADN se disputan en la Asamblea el derecho a fiscalizar el paro de la Conaie en Ecuador

Las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) volvieron a chocar este 29 de septiembre en la Asamblea de Ecuador. La razón, en esta ocasión, es la fiscalización del paro convocado por las organizaciones indígenas y sociales, especialmente en Imbabura.

La excorreísta y ahora cercana al oficialismo, Jahaira Urresta, aprovechó una sesión de la Comisión de Seguridad, para plantear el inicio de una investigación sobre los hechos violentos que se han registrado tras una semana de protesta en las vías. 

Con esa acción, la mesa legislativa, dominada por ADN, bloqueó la intención de la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, de fiscalizar la protesta que deja un fallecido, heridos y militares retenidos, según información oficial.

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Esto provocó el reclamo de los dos legisladores de RC que integran la comisión: Gerardo Machado y, especialmente, Jahiren Noriega.

Ambos consideran que en manos de la Comisión de Seguridad, la balanza de la investigación se inclinará a favor de la tesis del gobierno y contra los dirigentes sociales. 

De hecho, en su intervención, el legislador de ADN, Mariano Zambrano, aseguró que el legítimo derecho a la protesta se ha empañado con vandalismo, violencia e infiltración del crimen organizado, coincidiendo con el discurso que maneja el Ejecutivo.

El oficialismo, por su parte, cree que dejar el tema en manos del correísmo puede terminar con la victimización de los manifestantes que, de acuerdo con el Gobierno, están intentando desestabilizar el país.

El paro nacional, convocado por la Conaie, ya cumple una semana, e inició en rechazo al fin del subsidio al diésel en Ecuador. Aunque, luego se han sumado otras demandas de grupos sociales como la rebaja del IVA. 

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¿Qué comisión asume la investigación?

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea tiene previsto sesionar el 30 de septiembre para recibir a los familiares de los detenidos en Otavalo a raíz de la protesta, además de representantes de diferentes sectores, según la convocatoria.

Aunque, el presidente (e) de la Comisión de Seguridad, Andrés Castillo (ADN), recordó este lunes 29 de septiembre que la Ley de la Función Legislativa prohíbe que una comisión conozca un tema que ya ha sido asumido por otra.

Al reclamo del correísmo se unió Mariana Yumbay, del movimiento Plurinacional Pachakutik. La legisladora aseguró que la Comisión de Garantías Constitucionales empezó a fiscalizar el paro indígena desde el pasado 26 de septiembre.

Señaló además que, con la experiencia de procesos de fiscalización anteriores, los ministros probablemente no irán a la Comisión de Justicia a rendir cuentas y la investigación se centrará contra los manifestantes y no contra las autoridades.