Asamblea: Correísmo y ADN en pugna por reformas legales que afectarían a la Corte Constitucional
Las desavenencias frenaron la votación de la reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en la Asamblea. ADN afirma que el correísmo quiere sacar beneficios con la normativa.

Sin mayores explicaciones el presidente Niels Olsen sacó el punto de las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de la sesión del 21 de agosto de 2025.
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Un nuevo cruce de acusaciones se dio, este 21 de agosto, en la Asamblea Nacional entre los representantes de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC).
¿El motivo? La reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que debía ser debatida y votada en el Pleno del Legislativo este jueves, pero la sesión se suspendió por una serie de desacuerdos sobre el texto.
La normativa se viene tratando desde hace cuatro años en la Comisión de Garantías Constitucionales que, en el anterior periodo, tenía una composición de diversas fuerzas políticas y que, actualmente, está en manos del correísmo al 100%.
Según Adrián Castro, de ADN, la actual comisión habría incluido, a última hora, nuevos artículos y capítulos enteros que "han dañado la propuesta de ley".
Se refiere al denominado "amparo parlamentario que tiene por objeto la protección de las garantías del debido proceso en las actuaciones no legislativas de la Asamblea Nacional", según el texto.
Para Castro, esta propuesta sería inconstitucional, porque esa figura no se encuentra en la Constitución. "Son medidas de amparo para ponerse una coraza y blindarse ante acciones posteriores a la actuaciones de los asambleístas", dijo.
El legislador oficialista, también denunció que se pretendería modificar los requisitos del habeas corpus para que, a través de ese recurso, se libere a personas con condiciones delicadas de salud, sin necesidad de un certificado avalado por el Ministerio de Salud Pública.
El contraataque del correísmo
La Revolución Ciudadana negó este 21 de agosto que el objetivo del "amparo parlamentario" sea cubrirse las espaldas ante las responsabilidades legislativas.
Mas bien, hablan de un mecanismo para proteger a los legisladores de "atropellos", como de los que dicen ser víctimas actualmente desde la presidencia de la Asamblea, a cargo de Niels Olsen.
El correísta, Héctor Rodríguez, quien es parte de la comisión, considera, que este aplazamiento del debate tiene otro motivo: ADN quiere incluir nuevos artículos que le permitan al gobierno "meter la mano" en la justicia constitucional.
"Se plantea poner jueces a dedo, designarlos sin concurso, poner o acortar los plazos para que la Corte Constitucional responda a los pedidos que lleguen. Esto atosiga a los jueces e impide un ejercicio del derecho de manera efectiva", según Rodríguez.

Los cambios propuestos
El documento de la polémica tiene 55 artículos, una disposición general, tres transitorias y una disposición final. A más tardar, a inicios de la próxima semana deberá ser votado en el Pleno del Parlamento.
Entre otras cosas, el proyecto de reforma dice:
- Agrega el artículo 153.1 que norma el procedimiento para el tratamiento de los decretos- ley de urgencia económica cuando se declare la disolución de la Asamblea, como sucedió en 2023. Esto no se encontraba regulado, pero la propuesta es que la Corte Constitucional tenga un plazo de 45 días para dictaminar la constitucionalidad o inconstitucionalidad.
- Igual plazo para que la Corte solucione los conflictos de competencias entre entidades del Estado. Actualmente, no existe un tiempo límite.
- El control constitucional de los estados de excepción también tendría plazo para dictamen: 15 días después de la declaratoria presidencial.
- Se elimina los numerales 1 y 2 del artículo 66 referentes al respeto de la CC de los principios y reglas de interculturalidad y pluralismo jurídico en la justicia indígena.
- Se ampliaría el plazo para que la CC emita sentencias ante demandas de inconstitucionalidad, pasando de 30 a 90 días.
- El proyecto incluye la disposición de que las acciones de protección sean presentadas en plazos razonables. Es decir "aquel que no implique una demora injustificada en la presentación de la acción".
Mientras, ADN considera que hay reformas positivas que deberían ser salvadas con una votación segmentada, Revolución Ciudadana se inclina por el archivo definitivo del proyecto, si se siguen incluyendo cambios de última hora.
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