Oficialismo y oposición de la Asamblea chocan en el primer debate sobre el gasto de municipios y prefecturas

Con 143 asambleístas, se instaló, la tarde de este sábado 14 de febrero de 2026, la sesión del Pleno Legislativo, en modalidad virtual, para conocer el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

El proyecto, calificado como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, llegó al Pleno tras haber sido aprobado su informe en la Comisión de Desarrollo Económico, el pasado 12 de febrero, con el respaldo de la bancada oficialista de ADN y el rechazo de la Revolución Ciudadana. 

El debate se anticipa tenso, marcado por las recientes movilizaciones de alcaldes y prefectos que denuncian una vulneración a su autonomía financiera.

El debate

La asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, inició su ponencia explicando que la ley no busca quitar los recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), sino mejorar la inversión de estos.

Dijo que municipios como Daule, que invierte el 181 % de su presupuesto en gasto corriente, en el caso de Baños, que invertiría el 143 % de su presupuesto en gasto corriente, Arenillas y Ambato, 140 %.  Además, criticó el gasto en fiestas, como el del Municipio de Quito que habría destinado más de USD 7 millones en entretenimiento, seguido por Guayaquil con USD 4,4 millones. 

Agregó que se dejará por fuera de esta ley a las Juntas Parroquiales, ante el pedido del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), es decir, aplicaría unicamente a municipios y prefecturas. 

La asambleísta Noemí Cabrera (RC) expresó que es un proyecto inconstitucional al querer ser usado para controlar desde el gobierno del presidente Daniel Noboa y quitar la autonomía a los gobiernos que no son afines al oficialismo: "busca disciplinar y subordinar a los GAD", enfatizó. 

También dijo que la ley frena proyectos sociales que no necesariamente formarían parte de gasto de obras, pero que son necesarios para los ciudadanos. Pidió el archivo del proyecto. 

El asambleísta Sergio Peña (Independiente - ex RC - RETO) dijo que en Durán existen zonas que todavía no cuentan con agua potable, criticó que alcaldes de su anterior bancada fueron los que no ejecutaron obras de alcantarillado y agua, y que incluso están siendo investigados. "Existen cantones que en 2026 se siguen bañando con tarrina", expresó.

El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) dijo que ni los municipios ni el gobierno cumplen con el porcentaje de inversión en obras públicas. Tal como está escrito el proyecto será el "mayor retroceso en autonomía en la historia de los gobiernos municipales".  

Agregó que existen gastos como en temas de seguridad que formarían parte de gasto corriente, que tendrían que eliminarlos para cumplir con las nuevas reglas, complicando procesos para los municipios, especialmente a los pequeños. "Si no cumple el municipio, sancionen al alcalde, no a la gente", expresó. No pidió el archivo del proyecto de ley, sino cambios en su redaccion.

El asableísta Xavier Lasso (RC) mocionó el archivo del proyecto de ley, criticando que en las reuniones de la comisión solo se recibió a personajes afines al oficialismo y que no contó con la presencia de alcaldes o prefectos. 

Con 63 votos a favor, 70 en contra y 7 abstenciones la moción no fue aprobada por lo que el proyecto fue devuelto a la comisión para que realice el análisis de los cambios propuestos y elabore el informe para un segundo debate. 

El nudo crítico: la regla del 70/30  

La propuesta del Ejecutivo busca reformar el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) para establecer una regla fiscal rígida: los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual a inversión y obra pública, y limitar el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30 %.

Según el texto, esta meta debe alcanzarse de manera progresiva hasta el año 2029 para municipios y prefecturas, y hasta 2030 para las juntas parroquiales. La normativa advierte que aquellos gobiernos locales que incumplan estos porcentajes verán reducidas sus asignaciones estatales a los mínimos constitucionales: 15 % de ingresos permanentes y 5 % de no permanentes.

El oficialismo defiende la medida argumentando que busca eficiencia y evitar el despilfarro. Asambleístas de ADN han denunciado que, en el último año, los municipios gastaron alrededor de USD 36 millones en festividades y "farras", en lugar de atender servicios básicos.

Rechazo de los gobiernos locales  

La normativa ha generado un fuerte rechazo en la oposición y en varias autoridades locales. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, ambos de la RC, han liderado movilizaciones hacia el Legislativo para pedir el archivo de la ley.

Sus argumentos se centran en dos puntos:

1. Impacto social

   • Advierten que reclasificar el gasto obligaría a cerrar programas de atención prioritaria, como los centros Warmi o escuelas deportivas, cuyo personal se paga actualmente bajo rubros que la ley consideraría gasto corriente.

2. Asfixia financiera

   • Señalan que el Gobierno Central mantiene una deuda millonaria con los GAD —que el correísmo cifra en cerca de USD 1.000 millones— y que esta ley busca "licuar" esa deuda y justificar recortes futuros.

Datos del Banco Central indican que la realidad actual dista de la meta propuesta: en 2024, el promedio de inversión de los GAD fue del 24 %. Incluso municipios grandes como Guayaquil y Quito destinaron el 27 % y 23 % a inversión respectivamente, lo que implicaría un ajuste drástico en sus finanzas para cumplir con la nueva norma.