Bancada de ADN se queda con la fiscalización del paro nacional convocado por la Conaie
El CAL desautorizó a la comisión dominada por el correísmo para que siga con la investigación sobre los hechos violentos del paro en Ecuador. La Comisión de Garantías Constitucionales planeaba recibir a actores sociales y políticos el 2 de octubre.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, compareció el 30 de septiembre de 2025 ante la Comisión de Garantías Constitucionales.
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PRIMICIAS.
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Redacción Primicias
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La disputa quedó zanjada. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió este 1 de octubre de 2025 cuál será la comisión de la Asamblea que fiscalizará los actos de violencia ocurridos en el contexto del paro, convocado por la Conaie en Ecuador.
El CAL, integrado en su totalidad por asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, se inclinó por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, también dominada por el oficialismo.
Esto se decidió con base a que esta mesa legislativa fue la primera en anunciar y aprobar el inicio de una investigación, la tarde del 29 de septiembre, por iniciativa de la legisladora independiente Jahaira Urresta.
El martes 30 de septiembre la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, también anunció el inicio de una fiscalización y receptó los testimonios de los dirigentes indígenas y los familiares de los detenidos en Otavalo y Cotacachi.
Esto generó una disputa entre las dos comisiones. Seguridad calificó como "nula e ilegal" la convocatoria y la recepción de versiones.
Este 1 de octubre, el CAL dispuso a la mesa legislativa correísta abstenerse de continuar con el proceso iniciado posteriormente al de la Comisión de Seguridad, por tratarse del mismo tema y hechos.
Garantías Constitucionales tiene previsto reunirse el jueves 2 de octubre para recibir en comisión general al excandidato presidencial, Pedro Granja y el exjuez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila.
En la convocatoria se señala que sus exposiciones se centrarán en la protestas en contra del decreto Nro. 126 emitido por el presidente Daniel Noboa, con el que se eliminó el subsidio al diésel en el país.
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