Ejecutivo y Asamblea piden diferir audiencia en la Corte Constitucional sobre leyes demandadas
La Asamblea, a través de un comunicado, acusa a la Corte Constitucional de reducir los plazos legales para que el Legislativo presente su defensa respecto a leyes que enfrentan demandas.
Policías y militares a las afueras de la sede de la Corte Constitucional, en Quito, el 12 de agosto de 2025.
- Foto
API
Autor:
Roger Vélez
Actualizada:
Compartir:
El Ejecutivo solicitó a la Corte Constitucional diferir la audiencia para tratar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, que está prevista para el 18 de agosto de 2025.
El oficio fue remitido por el secretario general Jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino, el 13 de agosto, un día después de la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa, ministros y asambleístas hacia el máximo tribunal.
Según Andino, el objetivo es poder "defender la constitucionalidad de las normas demandas" y "contestar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas".
Igual pedido será presentado por la Asamblea Nacional, que también pedirá ampliar los plazos para responder en las otras dos causas relacionadas con la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia.
El 4 de agosto, la Corte suspendió como medida provisional "por posible vulneración de derechos" una veintena de artículos de estas normas hasta un fallo definitivo. Estos tienen que ver con las definiciones de conflicto armado interno, grupos armados organizados, el indulto presidencial diferidos, la transformación de algunas cooperativas en bancos, entre otros.
A través de un comunicado, la Asamblea Nacional aseguró que la Corte redujo los plazos legales para que el Legislativo presente su defensa respecto a estas normas que enfrentan demandas de inconstitucionalidad.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece un plazo de 15 días para preparar una defensa. Sin embargo, en el caso 52-25-IN el término se redujo a siete días y en las otras dos demandas a solo tres días, lo que implica una disminución de hasta 12 días sobre lo previsto por la norma, sostuvo la Legislatura.
Según el Parlamento, este recorte de tiempo limita la posibilidad de elaborar una respuesta técnica adecuada a la relevancia del caso y a su impacto para el país.
Compartir:
