Con votos de ADN, una facción de Pachakutik e independientes, la Asamblea de Ecuador aprueba ley que permite al Biess endeudarse
En la votación final de la Ley de Fortalecimiento Crediticio, se evidenció que la facción de Pachakutik, que apoya al Gobierno, es cada vez más frágil y reducida. Un grupo de jubilados protestó en contra de la norma en los exteriores de la Asamblea Nacional.
El Pleno de la Asamblea debatió y voto el 26 de septiembre de 2025 el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia.
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El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el 26 de septiembre el segundo y definitivo debate del quinto proyecto de ley urgente de Fortalecimiento Crediticio, que plantea reformas al sistema de Seguridad Social en Ecuador.
La normativa llegó a su etapa final en medio de reclamos de un grupo de jubilados, que acudió al Legislativo en Quito para oponerse a la supuesta privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Henry Llanes, que dirige una de estas organizaciones, aseguró que la ley pretende privatizar las carteras quirografarias, hipotecaria y prendaria vendiendo a la banca internacional y obligarle al banco de IESS a comprar bonos del Estado.
"Están en peligro los recursos de los afiliados. Ya tenemos el caso del ISSPOL que hicieron inversiones en bonos y la Policía no sabía donde habían puesto USD 920 millones. No podemos repetir esa historia, esa no es plata pública, es plata privada", dijo Llanes.
Luego de tres horas de debate y pese a los reparos sobre la ley, el bloque oficialista de ADN consiguió los votos suficientes para aprobar la normativa.
El asambleísta de ADN, Diego Franco, mocionó que se voté, en un solo bloque, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia.
La propuesta obtuvo los 77 votos necesarios para ser aprobada en el Pleno. Los legisladores del gobierno y algunos independientes votaron a favor, pero no contaron con el respaldo absoluto de la facción aliada de Pachakutik, cuya alianza con el Gobierno se muestra cada vez más frágil.
Los amazónicos José Nango y Fernando Nantipia se unieron una vez más a la tesis gobiernistas y sus votos fueron fundamentales para aprobar la propuesta de ley.
Otros, como Cecilia Baltazar, votaron en contra. Edmundo Cerda votó en Blanco, mientras Carmen Tiupul y Manuel Choro, no asistieron a la sesión.
El rechazo del correísmo
Viviana Veloz, de la bancada correísta, y Henry Llanes, dirigente de los jubilados adelantaron que, una vez que se publique en el Registro Oficial la normativa, y que sea validada por el presidente Noboa, demandarán su inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
En el debate en el Pleno, la bancada de Revolución Ciudadana (RC) mostró su rechazo a la normativa. "Hoy intentan feriarse el BIESS, se intenta despojar de sus bienes a los jubilados y afiliados", aseguró el jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González.
Veloz aseguró que lo que busca el gobierno es endeudar al IESS para que a través de este se financie el presupuesto del Estado que, en 2025, registró un déficit cercano a los USD 11.000.
La Policía ubicó vallas metálicas que impidieron que los jubilados se acerquen demasiado al edificio de la Asamblea Nacional.
Postura oficialista
El debate inició con la intervención del legislador Diego Franco, de Acción Democrática Nacional (ADN), y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, que trató la quinta ley urgente enviada por Daniel Noboa.
El oficialista negó que la normativa busque la privatización de los recursos de la Seguridad Social. Por lo contrario, aseguró que la propuesta está encaminada a fortalecer los recursos para garantizar las jubilaciones y prestaciones del IESS.
Su coidearia, Mishel Mancheno, reforzó esa tesis asegurando que en la actualidad los fondos del Seguro Social están en riesgo. Dijo que las reformas planteadas por el presidente Daniel Noboa buscan ser la solución para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Apoyo con condición
El Partido Social Cristiano (PSC) consideraba que la propuesta contiene cosas positivas como la devolución de los fondos previsionales, que actualmente maneja el IESS, pero son recursos particulares.
Otto Vera, sin embargo, dice que en esta misma ley se busca evitar que las utilidades que genera el BIESS sirva para capitalizar y vaya a cubrir servicios que requieren los jubilados, como medicina.
Además, que se pretendería autorizar operaciones financieras de reporto. Verá explicó en el Pleno cómo funcionaría este mecanismo y el supuesto perjuicio que provocaría al IESS y el BIESS.
"Si el BIEES tiene un bono del Estado que cuesta USD 100.000 y necesita recursos lo cambia a otra entidad, pero por USD 80.000. Pero el reportó es una operación a tres meses y se debe devolver el papel, pero ya no se lo devuelve a los USD 80.000, sino a USD 100.000 o más. Hay una pérdida de recursos", advirtió Vera.
Por eso, el PSC dijo que estaría dispuesto a apoyar la normativa, siempre y cuando se vote en dos bloques y se deje por fuera estos dos aspectos que consideran "peligrosos" para la estabilidad de la seguridad social.
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