Reforma legal del Gobierno propone penas de hasta 26 años de cárcel para miembros de bandas que recluten a menores

El endurecimiento de penas y las medidas de prevención son el eje central de un proyecto de ley que ingresó este 21 de enero de 2026 a la Asamblea Nacional, con la intensión de frenar el reclutamiento y uso de menores de edad para cometer delitos en Ecuador. 

La propuesta fue trabajada desde octubre pasado por el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República y contó con los aportes de otras entidades como la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.

El ministro del Interior, John Reimberg, reconoció este miércoles que una de las causas para la "persistencia del reclutamiento de menores de edad está relacionada a la fragmentación institucional, por lo que una coordinación institucional es obligatoria".

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Según datos de esa cartera de Estado, a los que accedió PRIMICIAS, entre enero y diciembre de 2025, fueron detenidos 2.812 menores de edad de entre 12 y 17 años. Eso representa el 3,9% de los 71.399 aprehendidos en ese periodo.

La propuesta fue entregada a la jefa de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno, que destacó la integralidad de la reforma, porque no se limita a incrementar penas a quienes recluten a menores de edad para una banda criminal, sino que aborda temas como salud mental, educación, deporte y cultura.

Sin dar una cifra exacta, la legisladora oficialista aseguró que todo este plan de combate y prevención que incluye becas, ayuda psicológica, ayudas económicas temporales, cuenta con financiamiento del Gobierno central.

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En total, son 11 cuerpos legales vigentes que serían reformados, como el Código de la Niñez, Ley de Educación, Ley del Deporte, Ley de Seguridad Pública del Estado y la Ley de Organización Territorial.

Penas más fuertes para los reclutadores

Tras la entrega de la propuesta en la Asamblea, la atención se centró en las reformas que se introducirían al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El ministro Reimberg señaló que la judicialización de los casos de reclutamiento tiene debilidades, por lo que se propone sanciones más efectivas

Son tres los artículos del COIP que el Ejecutivo propone modificar para que las penas sean más severas. Estos son:

1. Sobre el reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes

   • El artículo 127 del Código Penal ya sanciona con penas que van desde los 10 a 13 años de cárcel a la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, o independientemente de este, reclute o enliste a niñas, niños o adolescentes en las fuerzas armadas o grupos armados.
   • La propuesta entregada el miércoles 21 de enero duplica la pena: esta iría de 22 a 26 años de prisión.

2. Reclutamiento con fines delictivos

   • El artículo 369.1 establece que la persona que, de manera individual o como parte de una estructura delictiva, reclute o enliste a menores de edad con el propósito de que comentan delitos será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
   • El proyecto propone una pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Pero, si el reclutamiento tiene relación con el cometimiento de infracciones penales, la persona será sancionada con cárcel de 22 a 26 años.

3. Reserva de identidad del denunciante

   • Además de los delitos que pueden ser objetos de reserva del denunciante como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo, producción y tráfico ilícito de drogas, enriquecimiento privado no justificado, trata de personas, se incluye en el artículo 430.1 del COIP al reclutamiento y uso de menores de edad.

Disputa por tratamiento de la propuesta

Se prevé que el 23 de enero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reúna para conocer el proyecto y remitirlo a alguna de las comisiones permanentes de la Asamblea.

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Aunque la norma, por su contenido, debería ser abordada por la Comisión de la Niñez, dominada en su totalidad por la Revolución Ciudadana, la asambleísta Centeno adelantó que podría ir a la mesa de Transparencia, liderada por Diana Jácome de ADN.

"No vamos a permitir que este proyecto se politice. En el Pleno de la Asamblea hemos evidenciado una mitad que está de lado de la protección de delincuentes, y la otra que se ha pasado dos años con proyectos de ley para evitar la violencia, pero a todas las propuestas de ADN se ha opuesto la Revolución Ciudadana".

Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN

El correísta Blasco Luna dijo que su movimiento no es sectario, por lo que aseguró que toda acción y propuesta que vaya en beneficio de la seguridad ciudadana es bienvenida.

Pidió a los integrantes del CAL y a la propia Centeno que lean la Ley de la Función Legislativa, en los numerales referentes a las competencias de cada una de las comisiones permanentes de la Asamblea.

Luna, que es parte de la Comisión de Transparencia, dijo que a esa mesa legislativa no le corresponde tratar temas referentes a la protección de niños y adolescentes.