Bloque de ADN plantea enmienda constitucional para retirar a los presos del grupo de atención prioritaria

Tres semanas después del revés electoral en la consulta popular y referéndum, el gobierno de Daniel Noboa, a través de la bancada legislativa Acción Democrática Nacional (ADN), presentó una primera enmienda para reformar la Constitución de Ecuador. 

La asambleísta por Carchi, Lucia Pozo, anunció el 8 de diciembre de 2025 en Quito un proyecto que se centra básicamente en reestructurar la normativa legal sobre el estatus de "grupo de atención prioritaria" para los privados de la libertad en el país. 

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La propuesta de ADN contiene cuatro artículos, el primero plantea cambios en el artículo 35 de la Constitución que señala que las personas que tendrán atención prioritaria del Estado son: " adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad".

El cambio o enmienda en este artículo sería la eliminación de la frase "personas privadas de la libertad". 

¿Cuál es el objetivo?

El bloque de ADN propone trasladar los criterios de grupos de atención prioritaria a otra sección de la Carta Magna, con el objetivo de que los reclusos no tengan este estatus. 

"Estamos buscando reorganizar estos errores definidos en la Constitución que han permitido distorsionar el sistema de justicia, sacando todos los artículos del capítulo de atención prioritaria y ponerlos en el de derechos de protección", dijo la asambleísta Pozo.

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Según la legisladora, esto no constituye regresión de derechos, sino colocar cada derecho donde corresponde y reforzar su aplicación en el espacio adecuado.

El asambleísta gobiernista Andrés Castillo complementó la idea y señaló que muchos abogados apelan a la calidad de "grupo de atención prioritaria" para plantear en sus escritos medidas alternativas y otros beneficios para peligrosos delincuentes.

Una vez ingresado el proyecto a la secretaria de la Asamblea, deberá ser remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación y posterior envío a la Corte Constitucional (CC).