Asambleísta de ADN plantea reforma penal para sancionar críticas a funcionarios públicos

En medio de los cuestionamientos por los supuestos nexos de asambleístas y del propio presidente de la Judicatura, Mario Godoy, con sujetos investigados por la ley, la legisladora Camila León presentó un proyecto de ley referente a la libertad de expresión en casos de críticas a funcionarios públicos.

La legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN) propone una reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), que aborda las sanciones para quienes cometan una contravención de cuarta clase. 

El numeral uno de esta contravención señala que un ciudadano, sin importar si es periodista o no, será sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días cuando, "por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil".

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La asambleísta de ADN, Camila León, plantea que a continuación se incluya un nuevo texto, en referencia específicamente a los casos en los que un ciudadano o varios critiquen o cuestionen a funcionarios públicos. 

"La o el juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión respecto de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a las servidoras o servidores públicos en el marco de sus funciones oficiales, aplicando los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen la protección reforzada", señala la propuesta de reforma de León. 

El proyecto, que fue ingresado el 15 de enero, está a la espera de ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y ha generado ciertas suspicacias, por el momento en el que se lo plantea en Ecuador. 

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La asambleísta León lo defiende, porque asegura que esta propuestas más bien busca llenar supuestos vacíos en el Código Penal, que dejarían abiertas las puertas para perseguir e intimidar a quienes denuncian actos de corrupción.

"La gestión aquí es proteger al periodista obligando a los jueces a que verifiquen que se respete el uso legitimo de la libertad de expresión, antes de iniciar los procesos en contra de comunicadores", señaló el 15 de enero, cuando ingresó la reforma.

El documento incluye una disposición general que señala: "Para el juzgamiento de los hechos regulados en el número 1 del Artículo 396 del Coip, las y los operadores de justicia deberán aplicar un test de proporcionalidad basados en los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto".

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Esto, "de acuerdo con los estándares desarrollados por la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, particularmente en contextos que involucren crítica a funcionarias o funcionarios públicos", añade el texto. 

León aseguró que la reforma la construyó sola, pero que cuenta con el respaldo de varios legisladores de la bancada de gobierno de ADN que le acompañaron a su presentación en la Asamblea en Quito.