CNE acusa al correísmo de dar información incompleta e impedir verificación del origen de los aportes de la campaña 2023

En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se desarrolla el 3 de marzo de 2026 la audiencia oral única de pruebas por la denuncia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de Luisa González, y otros dirigentes correístas, por presunto mal manejo de cuentas de campaña.

Esto, dentro de la causa se sigue la justicia electoral en contra de los candidatos a asambleístas nacionales de la Revolución Ciudadana (RC) que participaron en las elecciones adelantadas de 2023.

La defensa de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, que es la denunciante, aseguró que si bien la responsable del manejo económico presentó a mediados de noviembre de 2023 una carpeta con 226 hojas, la documentación fue incompleta.

Esto generó que el área de fiscalización del financiamiento de la política del CNE emita un informe con 12 observaciones que debían ser subsanadas en 15 días. El correísmo respondió, pero solamente despejó las dudas un tres puntos, según el ente electoral.  

Sin rastro de los aportantes

Según la parte acusadora, la escasa información entregada por la responsable económica de RC hizo imposible hacer un seguimiento de verificación sobre el origen de los aportes privados recibidos para los candidatos a asambleístas. 

La defensa del CNE dijo que hubo varios aportes por USD 800; USD 600; USD 900; USD 2.000 y que únicamente se adjunto la copia de la cédula del supuesto donante, sin que esto constituya información determinante sobre la legalidad del aporte.

El correísmo tampoco habría podido justificar artículos promocionales; vallas publicitarias; afiches; y gigantografías en varias localidades del país.

El CNE aseguró que la encargada de la parte financiera fue notificada a tiempo, en dos ocasiones, pero también lo fue la representante legal del movimiento, Luisa González, y los candidatos a asambleístas, muchos de los cuáles son legisladores en la actualidad.

La defensa de Atamaint recordó que si bien la mayor responsabilidad recae en la persona designada para llevar las finanzas, los demás implicados también están obligados a responder los requerimientos y subsanar los errores, por lo que pidió sanción para todos. 

Correísmo rechaza la acusación

La audiencia empezó a las 10:00 del martes 3 de marzo de 2026 y continuaba pasadas las 16:00. Tanto González como los legisladores procesados enviaron a sus abogados para que los defiendan.

La exasambleísta Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, se conectó de forma virtual a la diligencia, aunque luego salió de la sala habilitada para esta audiencia.

Los abogados del correísmo calificaron como ilegales a las notificaciones que habría hecho el CNE en este caso. Primero, porque se las habría hecho a Marcela Aquiñaga, como representante legal de RC, cuando ya no ocupaba ese cargo.

Además, aseguraron que lo que se habría entregado son fojas simples que, para los abogados, carecían de cualquier formalismo legal.

Por otro lado, la defensa del correísmo asegura que todos los requerimientos fueron contestados a tiempo y que se habría subsanado cada una de las observaciones del organismo electoral.

La audiencia fue dirigida por la jueza del TCE, Ivonne Coloma, quien luego de escuchar a las partes deberá emitir un fallo de primera instancia. Esta es una de las tres audiencias a la que ha sido convocada Luisa González en marzo, por el supuesto mal manejo de cuentas.