En apenas dos años, la Revolución Ciudadana suma 25 denuncias por presuntas infracciones electorales

La Revolución Ciudadana no solo está acorralada por los casos de presunta corrupción que se han investigado alrededor de sus principales figuras, sino también por las denuncias que han llegado en su contra a la justicia electoral.

Justamente, el último caso de presunta delincuencia organizada apunta a dos de sus excandidatos presidenciales: Luisa González y Andrés Arauz. Según la Fiscalía, la campaña de 2023 se habría financiado con dinero ilícito traído en efectivo desde Venezuela.

Con ese tema coincide la última denuncia interpuesta por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Ahí señala a González, Arauz y Estefanía Elizabeth Molina Freire, por no haber presentado los informes del gasto electoral del binomio en esa contienda. 

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Sin embargo, en su última rueda de prensa, González afirmó lo contrario, dijo que la RC era la única que había presentado a tiempo los reportes. Actualmente, todos esos documentos reposan en el sitio web del mismo CNE, y ahí constan 131 aportes a la campaña correísta.

Sin embargo, es usual que la gran mayoría de listas de candidatos a cualquier dignidad ignoren la Ley Electoral, que manda presentar reportes quincenales y hasta un máximo de 90 días después de la votación, y presenten los informes con atraso o simplemente no lo hagan.

Por ejemplo, hasta julio pasado, tres meses después de la segunda vuelta de 2025, ni Daniel Noboa ni Luisa González presentaron esas cuentas. Y, hasta este 29 de enero, el binomio de ADN seguía sin transparentar la lista de sus aportantes de campaña. Sin embargo, los análisis del CNE toman años, por lo que apenas se están procesando los expedientes de 2023.

Es por eso que Luisa González acusó al Gobierno de llevar a cabo una persecución política y a las autoridades electorales (y judiciales) de cerrar los ojos ante los incumplimientos o denuncias contra el oficialismo.

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Los más denunciados

Y ese es el dicurso que sostienen todas las figuras de la Revolución Ciudadana que han sido objeto de denuncias electorales. La más denunciada, por mucho, es la misma González, que además de dos veces candidata presidencial, estuvo al frente del movimiento durante dos consultas populares y una elección general. En los archivos del TCE, entre enero de 2024 y enero de 2026 la expresidenta de la lista 5 había recibido seis denuncias. 

Las denuncias más comunes contra el correísmo son por supuesta campaña anticipada, que es uno de los controles débiles que tiene el CNE. Le sigue la no presentación de cuentas de campaña o de informes económicos anuales, puesto a que la agrupación debe recibir fondos públicos, aunque estos llegan con hasta tres años de retraso. Y su nueva presidenta Gabriela Rivadeneira denunció que no los han recibido.

Las figuras de la RC han recibido siete sentencias en estos dos años, que suman multas por 301 salarios básicos. Sin tomar en cuenta los procesos contra candidatos por circunscripciones rurales. Entre ellos, por ejemplo, Aquiles Alvarez, por inducir al voto; y Augusto Verduga y Franco Loor, por haber recibido auspicio partidista durante la campaña para el Consejo de Participacipón de 2023.

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El primero tuvo que pedir disculpas públicas y pagar 10 salarios básicos de multa, mientras que los segundos fueron destituidos, perdieron sus derechos políticos y mantienen multas pendientes por 70 salarios cada uno.

El principal denunciante

Sin embargo, la mayoría de denuncias recibidas no llegaron de parte del CNE ni de Esteban Guarderas, que interpusieron cuatro cada uno y que el correísmo afirma son enviados del Gobierno. Siete de las 25 fueron interpuestas por César Cárdenas Ramírez, director del  Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Las denuncias de Cárdenas probaron infracciones que le costaron cinco sentencias de las siete sentencias contra a los representantes de la Revolución Ciudadana, por entrega de dávidas en campaña y por campaña anticipada.

Pero también hubo cuatro denuncias negadas, cuatro archivadas, una inadmitida y una revocada. Mientras otros seis procesos continuan pendientes de resolución.