Caso Chobo en Durán: Dalton Narváez pide cambio de prisión y Alexandra Arce alega cuadro depresivo en proceso por presunto peculado
Dalton Narváez alega que está en la misma cárcel del secuestrador de su madre. Alexandra Arce aduce que el atentado en el que murió su esposo iba dirigido a ella. Los exalcaldes de Durán esperan resolución tras audiencia preparatoria de juicio por presunto perjuicio en contratos de agua potable.

El exalcalde de Durán, Dalton Narváez (izq.) y el exgobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, en una visita a los pozos de agua de El Chobo, el 19 de octubre del 2022. El proyecto de agua potable estuvo plagado de irregularidades, según Fiscalía.
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Archivo /API
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Redacción primicias
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La Fiscalía General del Estado presentó el 15 de agosto su dictamen acusatorio contra 13 procesados, incluidos dos exalcaldes, por el presunto delito de peculado en contratos de conducción de agua potable desde El Chobo (Milagro) hasta Durán en la provincia del Guayas, que habrían causado un perjuicio al Estado de USD 23,2 millones.
En el centro de la acusación se encuentran Dalton Narváez, exalcalde de Durán, y Alexandra Arce, también exalcaldesa del cantón, cuyos defensores invocan graves problemas de salud y seguridad para solicitar arresto domiciliario, cambio de prisión o mantenerse en libertad -en el caso de Arce-.
Tras la audiencia preparatoria de juicio, el Presidente de la Corte Provincial del Guayas deberá resolver "en los próximos días" si el caso va a juicio por el presunto perjuicio en contratos de agua potable, informó la Fiscalía. Durán se mantiene sin agua regular a pesar de contratos millonarios en el cantón.
El juez también deberá determinar si acoge el pedido fiscal de prisión para Arce, quien ha enfrentado el proceso el libertad. En octubre de 2024 -cuando se la vinculó a la instrucción fiscal- se desempeñaba como Asambleísta Nacional, sujeta a fuero de Corte, por lo que no se le impuso medidas cautelares.

Los exalcaldes en programas de protección
PRIMICIAS revisó los registros públicos del caso y halló que los dos exalcaldes han tenido que ser incorporados al programa de protección de la Fiscalía, tras el incremento de riesgos.
Narváez alega que está recluido en la misma prisión -la cárcel Regional Guayas en Guayaquil- de quien fuera el secuestrador de su madre, un miembro de la banda Los Chone Killers en Durán.
Arce aduce que el atentado en el que murió su esposo iba dirigido contra ella, por lo que la persigue la culpa y atraviesa un cuadro de depresión, según un documento del Seguro Social.
En el proceso por delincuencia organizada contra alias 'Negro Tulio', cabecilla de los Chone Killers, se ventilaron interceptaciones que señalan a un asesinado líder de esta banda criminal como “gran amigo” de un exalcalde de Durán. Y en una conversación interceptada con un concejal, 'Negro Tulio' señala a una exalcaldesa como parte de la banda contraria, los “LK” (Latin King), por lo que decía tenerla “a punto caramelo” (es decir, a punto de asesinarla).

Narváez solicita traslado de cárcel
Dalton Narváez, quien permanece con prisión preventiva desde enero de 2025 tras ser deportado desde Colombia, solicitó en julio pasado un traslado de forma urgente desde la Cárcel Regional en Guayaquil a la Cárcel 4 de Quito, alegando "extrema peligrosidad" para su vida.
La defensa del exalcalde argumenta que su cliente forma parte del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía desde abril de 2025, después de que uno de los secuestradores de su madre -la también exalcaldesa Mariana Mendieta- fuera recluido en el mismo centro penitenciario.
Se trata de un presunto miembro de Los Chone Killers. La cárcel Regional ha sido tradicionalmente sitio de reclusión de miembros de las bandas criminales de Los Choneros y Los Chone Killers.
Narváez fue víctima de ataques previos. En octubre de 2023, su madre fue secuestrada por el grupo "Chone Killers", quienes exigieron USD 1 millón por su liberación. Ese mismo mes, el exalcalde sufrió un atentado en el parqueo del Colegio de Abogados del Guayas, en el que murió su guardaespaldas.
Además de los riesgos de seguridad, la defensa alega que Narváez padece una enfermedad isquémica del corazón con dos arterias obstruidas, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica en etapa 6, por lo que han solicitado arresto domiciliario en medio de condiciones de salud "disminuidas y afectadas".
El Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas señaló que las enfermedades de Narváez no está entre las catastróficas. También negó el pedido de traslado de cárcel, pero dispuso al director del centro de rehabilitación activar los protocolos de seguridad para salvaguardar su integridad física.

Arce invoca depresión severa tras crimen de su esposo
La situación de la exalcaldesa Alexandra Arce es igualmente compleja, según los documentos presentados por sus abogados.
Arce ha sido diagnosticada con Miastenia gravis desde 2012 -una enfermedad autoinmune crónica que causa debilidad en el movimiento voluntario de los músculos-, pero su defensa se centra principalmente en la depresión severa que desarrolló tras presenciar el asesinato de su esposo.
Hugo Marcelo Molina Rezabala resultó asesinado el 29 de diciembre de 2024 por dos adolescentes en las afueras del domicilio de la pareja en la ciudadela Abel Gilbert de Durán. Según la investigación fiscal, el atentado iba dirigido contra la propia Arce.
El esposo de la exalcaldesa la aguardaba en el exterior del domicilio -realizaba una revisión del auto- pues planeaban salir juntos, cuando entre cuatro a cinco personas lo abordaron, atacándolo a disparos. Los dos responsables del asesinato -condenados a ocho años reclusión- tenían solo 16 y de 17 años al momento de los hechos.
Una evaluación psicológica reveló que Arce obtuvo 51 puntos en el Inventario de Depresión de Beck, indicando depresión severa con síntomas que incluyen pensamientos suicidas, sentimientos de culpa, dificultad para tomar decisiones y una constante sensación de fatiga, señala el documento del IESS.

¿De qué se acusa a Narváez y Arce?
El peculado es un delito que se configura cuando un servidor público se apropia, distrae o dispone arbitrariamente de bienes públicos o del Estado, en beneficio propio o de terceros. Se castiga con penas de prisión de 10 a 13 años a cárcel. ¿De que se acusa a los dos exalcaldes y otras 11 personas?
- La Fiscalía señala que en las administraciones municipales de Alexandra Arce (2014-2019) y Dalton Narváez (2019- 2023) se terminó pagando USD 39,9 millones por una obra de agua potable que inicialmente debía costar USD 21,5 millones, a pesar de que el proyecto nunca llegó a ser funcional.
- También señala que la compañía Eseico S.A. fue la principal beneficiaria con valores que alcanzan los USD 31 millones por una obra de producción de agua desde pozos subterráneos en El Chobo, un proyecto que nunca se concretó, según el Fiscal, causando un "irreparable perjuicio al Estado"
- Además, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha solicitado al Municipio de Durán la devolución de USD 23,2 millones debido a la terminación unilateral de los convenios de financiamiento y la conversión de fondos de no reembolsables a reembolsables.
- El Fiscal señala que Alexandra Arce suscribió el contrato principal de "Mejoramiento y Optimización del Sistema de Conducción de Agua Potable de El Chobo a Durán" el 30 de diciembre de 2014 y otros complementarios, incluyendo uno en 2017 para la ampliación de redes domiciliarias.
- Se alega que estos contratos fueron firmados a pesar de que existían anormalidades e inconsistencias en el proyecto y la documentación, como estudios desactualizados, calificación de oferentes que no cumplían requisitos y precios inflados (hasta en un 200%). La Fiscalía sostiene que ella soslayó las recomendaciones y celebró los contratos con todas estas inconsistencias.
- La Fiscalía la acusa de no haber declarado unilateralmente la terminación del contrato del proyecto de agua potable en Durán, a pesar de que la obra estaba inconclusa y existían recomendaciones para hacerlo. Esta omisión, según el fiscal, terminó causando un perjuicio económico millonario.
- El Fiscal alega que el exalcalde Dalton Narváez no impugnó en su período el contrato, que implicaba la entrega de una obra inconclusa. Señala que decisiones unilaterales cambiaron préstamos de no reembolsables a reembolsables. Según la Fiscalía, Narváez debió declarar la paralización de la obra en 2019, pero lo hizo sino hasta 2021, y continuó pagando planillas al contratista por USD 2,3 millones a pesar de las alertas de incumplimiento y trabajos paralizados.
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