Colombia | La batalla que ganaron las Big Tech para debilitar la regulación que busca cuidar la salud mental de niños y niñas

Las denuncias dan escalofríos. Niños y niñas, algunos menores de 14 años, sufren chantajes por la exposición de videos íntimos en redes sociales. En muchos casos, llegan hasta el límite de contemplar la idea de quitarse la vida. Una de las modalidades más frecuentes es el acoso por mensajería instantánea que, una vez empieza, difícilmente se puede parar. También pululan las imágenes sexuales creadas con inteligencia artificial que incluyen el rostro de menores y circulan en línea sin que alguna norma o regla logre atajarlas.

Estos casos son la señal más visible de un riesgo del que padres y madres de familia, educadores, autoridades y personal de la salud llevan años alertando. Otros contenidos, por ejemplo, sobre cómo llevar a cabo el suicidio, también preocupan. Un estudio hecho en 2024 por la Universidad de Los Andes encontró que 1 de cada 5 menores colombianos reportó haber visto en internet formas de hacerse daño o herirse a sí mismo y el 17% consultó formas de quitarse la vida. La mayoría de quienes vieron estos contenidos fueron mujeres.

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“Había manchones de sangre en su clóset, y cuando lo llevé al médico, tenía el brazo todo cortado”, cuenta Lesley, una madre en Bogotá, sobre la primera crisis de salud mental que notó en su hijo. Esa fue la primera señal de un espiral descendente que lo llevó a un diagnóstico psiquiátrico y a dos hospitalizaciones. En ese momento él tenía 14 años. Hacía poco que había recibido su propio celular y computador.

“Siempre confiamos —dice Lesley— en que las decisiones que iba a tomar iban a ser las adecuadas”. Pero pronto comenzó a sospechar que lo que él hacía en línea influía en el problema. Sus psiquiatras estaban de acuerdo y le pedían a Leslie que intentara ponerle límites a su consumo de contenidos, pero no pudo hacerlo. No solo porque él es mucho más hábil digitalmente que ella, sino también porque su relación con los dispositivos y las plataformas es problemática. “A él se le daña el computador y es como si se le acabara la vida”, dice. “Sus pataletas se volvieron agresivas. Eran agresiones físicas, por limitarle el uso del computador”.

Cuando el Congreso intentó legislar sobre el tema, los intereses de las llamadas Big Tech (grandes tecnológicas, como Google y Meta) se enfrentaron con quienes buscan proteger mejor a los menores. No es personal: son negocios. Para Juan David Gutiérrez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, “las empresas privadas quieren que la legislación no aumente sus costos de operación” y “van a querer atajar proyectos de ley que les impidan operar en las condiciones en las que ellos quieren”.

Esta disputa fue evidente en la aprobación del proyecto de ley 029/24S, de salud mental, de autoría de la representante Olga Lucía Velásquez (Partido Verde). La iniciativa intentaba que las plataformas se ciñeran a una regulación acordada con la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) para restringir que circularan contenidos que “atentan” contra la integridad, el bienestar y la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes. Pasó por dos debates en Cámara y uno en Senado, sin atraer mucha atención hasta cuando fue hora de su último debate, a finales de 2024.

A partir de ese momento, el lobby de la industria tecnológica movió su falange silenciosa. Con la fuerza seductora de su influencia, construida con años de invitaciones, reuniones y eventos con los congresistas, logró truncar ese propósito regulatorio. Así lo identificaron el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y Cuestión Pública, aliados en la investigación colaborativa La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por Agencia Pública de Brasil y el CLIP, que reunió a 17 medios de comunicación que investigaron las acciones de influencia de las Big Tech en 13 países.

Las Big Tech usaron una aceitada maquinaria de lobistas, abogados y aliados que abordan a los congresistas o los visitan para expresarles propuestas, preocupaciones o intereses sobre los temas que están legislando. Este andamiaje —que es legal— participa en audiencias públicas o reuniones sobre proyectos de ley. Incluso, coorganiza eventos académicos con los legisladores.

Esta alianza periodística preguntó a las empresas y personas involucradas en esa operación de lobby si sus intereses económicos prevalecieron sobre el bienestar de sus usuarios en la discusión de ese proyecto de ley. Amazon respondió que esa no es una descripción precisa de los eventos, sin otorgar más detalles. Google, Meta y la Asociación Latinoamericana de Internet no respondieron directamente a la pregunta. TikTok no contestó a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

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El artículo de la discordia

Dar vida a una ley en Colombia tiene su proceso. Cada iniciativa cuenta con hasta dos años, es decir, dos periodos legislativos, para completar su trámite. El proyecto de Salud Mental pretendía modificar la ley que regulaba la atención en esa materia desde 2013. Fue radicado el 25 de julio de 2023 en la Cámara de Representantes para ser aprobado antes del 20 de junio de 2025. En ese tiempo debía superar cuatro debates obligatorios: los dos primeros en comisión y plenaria en Cámara, y luego lo mismo, pero en el Senado. También debía pasar por una eventual conciliación para subsanar las posibles diferencias entre los textos aprobados en las dos corporaciones.

La iniciativa —única en Colombia por sus alcances en esta materia— lo logró. Pero hubo una mano invisible. Para sobrevivir a las negociaciones políticas, terminó sacrificando una de sus promesas más ambiciosas: proteger a niños, niñas y adolescentes de contenidos nocivos en plataformas digitales. En cambio, dejó en manos de las Big Tech una función reguladora en la que, según consideraban los autores del proyecto, era necesaria la participación del Estado.

Esa promesa se materializaba en el artículo 8. Este incluía dos puntos que fueron el corazón de la controversia. El primero, otorgar a la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) la facultad de intervenir en la formulación de los códigos de conducta de las plataformas digitales, una figura conocida como “corregulación”. El segundo, la posibilidad de sancionar a esas plataformas si incumplían lo pactado en dichos códigos. Eran los bordes más filosos de una ley que, por lo demás, despertaba pocas disputas.

Estos puntos se mantuvieron en el proyecto de ley hasta que fue aprobado en su primer debate en el Senado, el 22 de octubre de ese año. Según confirmó esta alianza periodística con diferentes fuentes, la industria tecnológica y sus lobistas emprendieron su operación de influencia desde ese día hasta el 16 de diciembre, cuando fue programado su último debate.

Cuando esto pasa, la actividad va mucho más allá del Congreso. En cuestión de días, dos ministerios, organizaciones de la sociedad civil, gremios y reguladores enviaron comentarios al proyecto de ley. “Una vez iniciados los debates, se recibieron comentarios y solicitudes de reunión de parte de los sectores interesados”, dijo a esta alianza Ana Paola Agudelo, senadora del Partido Mira y coordinadora ponente de dicha iniciativa

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El seis a uno de las Big Tech en el Congreso

Era 18 de noviembre y pasaban las dos de la tarde cuando fueron llegando al Congreso, uno a uno, seis representantes de las grandes tecnológicas: Irene Velandia, de Google; Brian Townsend, de Meta; Gabriel Parra, de TikTok; Aura María Londoño y Santiago Orduz, de Amazon; y Pablo Nieto, de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), el gremio regional que agrupa a estas cuatro compañías y a otras diez más.

Según las actas, iban a ver a la senadora Agudelo, la ponente del proyecto. Lo que ocurrió tras esa visita fue decisivo para el rumbo de la ley de Salud Mental.

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“Ana Paola sí me dijo que las empresas estaban muy preocupadas por el proyecto”, dijo una fuente que estuvo enterada de estas conversaciones y que pidió no ser mencionada. Les preocupaba “si podría considerarse o no censura lo que se estaba proponiendo”.

Agudelo admitió a Cuestión Pública y al CLIP que estas reuniones sí se dieron, y que buscaban “escuchar preocupaciones y observaciones respecto del articulado”.

Preguntamos a la senadora Agudelo y a cada una de estas personas y empresas los temas que trataron en esa reunión y declinaron comentar sobre lo conversado en el encuentro.

El argumento de la “censura” también apareció en una carta pública que Nieto, gerente regional de Políticas Públicas para la Zona Andina de la ALAI, envió al Congreso el 6 de diciembre. En ella decía que las facultades que tendría la CRC podrían “restringir la diversidad informativa” y llevar a la censura previa. También señalaba que la Comisión no tenía experiencia en regular contenidos digitales.

La Fundación Karisma envió su propio concepto en el que se preocupaba por otro tema: planteaba que la nueva función de la CRC podría “rebasar la capacidad de la comisión”: serían tantos los contenidos que tendría que revisar, que no daría abasto sin los recursos suficientes. A la fundación también le preocupaba que se hablara de “autorregulación” en otros apartes del proyecto, una observación que profetizaba lo que terminaría por suceder: decía que dicha mención podría quitarle a la CRC la facultad de regular.

En medio de la tensión, la Comisión Reguladora respondió que no se podía hablar de censura porque “en ningún caso (…) removería contenido de los usuarios ni de las plataformas”, sino que podría imponer “sanciones posteriores” a que el contenido se publicara y solo en caso de que se incumplieran las normas.

El efecto del lobby se vio en el texto del proyecto de ley, radicado para el último debate por Agudelo y Fabián Díaz, el otro senador ponente, el 21 de noviembre. Ambos eliminaron la palabra “corregulación”. Sin embargo, mantuvieron la facultad de la Comisión de establecer recomendaciones a las plataformas para moderar el contenido y de sancionar a las que incumplieran. Ese texto, dice la ponencia, fue “producto de las observaciones y consenso entre la CRC y de representantes de plataformas digitales” y, según varias fuentes, buscaba tranquilizar a las Big Tech.

A pesar de esa concesión, las tecnológicas seguían tensando la cuerda. En una intervención del senador del Partido Alianza Verde, Jonathan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, hizo de vocero de dos gremios de esa industria: “Yo aquí tengo, por ejemplo, [a] Asomóvil y CCIT [que] dicen: ‘nosotros no le hemos dado visto bueno a ese artículo 8 porque nos parece que raya con la censura”.

Se refería a Asomóvil, que representa a los operadores móviles, y a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), que agrupa a decenas de empresas del sector. En esa misma intervención, Jota Pe citó un documento firmado por siete gremios de esa industria —incluidos Asomóvil y la CCIT— y una organización de la sociedad civil, apelando a muchos de los mismos argumentos ya esgrimidos por ALAI. En una proposición, que radicó junto al senador guajiro Alfredo Deluque Zuleta, pidió eliminar el artículo 8.

Camilo Rojas Chitiva, gerente de regulación de Asomóvil, dijo a esta alianza periodística que ese gremio no interactuó directamente con el senador Hernández. “Mucho menos lo hizo en términos de aprobar, o no, o dar un visto bueno, o no”, aseguró. La CCIT no respondió a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

En respuesta a esta alianza, el senador Jota Pe aclaró que no se reunió “con voceros de gremios ni con representantes de ningún sector particular. Para formar mi posición sobre el proyecto, tuve en cuenta la exposición realizada por los ponentes de la iniciativa y los argumentos planteados durante el debate en plenaria”.

Por su parte, Deluque respondió a esta alianza que “la proposición inicial de eliminación respondió a la necesidad de abrir el debate sobre el artículo, el cual, según el análisis de mi equipo legislativo y mi propia revisión, presentaba posibles riesgos [… ] que podrían afectar la libertad de expresión”

Cuando Hernández se bajó del atril, comenzaron las negociaciones en un escritorio del Salón Elíptico. De un lado estaba la representante Velásquez, autora del proyecto de ley y quien proponía la corregulación con las plataformas. Del otro, el bando alineado con los argumentos de las tecnológicas compuesto por los senadores Jota Pe, Deluque y David Luna.

Los aliados de las Big Tech

Los tres pertenecen a la Comisión Primera del Senado. Jota Pe era un conocido youtuber bumangués, que recibió la placa de oro de YouTube, una empresa de Google, por alcanzar el millón de seguidores en su cuenta. Deluque es un senador guajiro que fue ejecutivo de telecomunicaciones y dirigente gremial de ese sector. Luna fue Ministro TIC y, luego, director de un gremio de la industria tecnológica.

Luna pasó de ser Ministro de las TIC entre 2014 y 2018, en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, a ser el primer director de Alianza In, un gremio de emprendimientos de tecnología que también firmó la carta. A pesar de que habló en plenaria contra el artículo 8, no votó y declaró que estaba impedido para hacerlo. Tampoco participó en la proposición de sus dos colegas.

Deluque ha legislado sobre tecnología. En 2023 fue uno de los autores de un proyecto de ley que buscaba crear una agencia de seguridad digital y en la última legislatura promovió cuatro otras iniciativas sobre temas digitales, entre ellas, “una regulación justa para las plataformas de transporte”.

También es el congresista que más visitas recibió de los representantes de los gremios tecnológicos entre septiembre de 2022 y octubre de 2024, según información obtenida por medio de un derecho de petición al Congreso presentado por esta alianza periodística. El lobista de las Big Tech que más lo visitó en ese período fue Santiago Orduz, de AWS, quien registró ocho entradas al Congreso autorizadas por Deluque. Le siguieron Santiago Pinzón, de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) con siete visitas, y Aura María Londoño Sánchez, de Amazon, con dos.

Deluque dejó clara su postura frente a la regulación de la inteligencia artificial (IA) en el Mexico Digital Summit, una conferencia a la que asistió como ponente en septiembre de 2024 para hablar sobre inclusión e IA. Allí explicó cómo “tuvimos la sensatez en el Congreso colombiano de frenar toda la regulación, eran más o menos 10 proyectos de ley acerca de regular la IA”. El viaje, según confirmó el senador, fue pagado por un centro de pensamiento privado basado en Miami llamado CCLATAM, que promueve diálogos sobre política pública alrededor de la innovación, como declara en su misión.

Entre 2021 y 2025, Deluque asistió en calidad de congresista a 16 eventos internacionales vinculados al sector tecnológico, según confirmó a esta alianza (ver detalles en elemento multimedia). Todos fueron financiados por los organizadores, excepto uno que corrió por su cuenta, según informó el senador.

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), uno de los gremios que “no le había dado el visto bueno” al artículo 8 —y que firmó la carta conjunta leída por el senador Jota Pe en plenaria—, financió parcialmente uno de esos viajes en 2024. Se trató de una visita al Mobile World Congress (MWC), en Barcelona, España, y a una cumbre ministerial, en Madrid, del 17 de febrero al 2 de marzo. Entre los miembros de la CCIT están Amazon, Google y Meta, tres de las cuatro empresas que visitaron a la senadora Agudelo cuando se discutía el proyecto de ley de Salud Mental.

Ya en 2025, la misma CCIT le financió parcialmente a Deluque otro viaje a España, entre el 24 de febrero y el 7 de marzo. Esta vez fue una mesa redonda sobre la regulación tecnológica en Barcelona, que ocurrió en simultáneo a la versión de 2025 del MWC. El tema a tratar era justamente los “principios regulatorios para equilibrar el campo de juego del ecosistema digital con el usuario en el centro”.

¿Esta financiación podría constituir un potencial conflicto de interés? Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, dice que sí podría haberlo.“La mejor forma de haberlo resuelto hubiera sido una divulgación clara de las actividades del congresista”, dijo Hernández. En efecto, Deluque nunca declaró ese conflicto en el debate final de la ley. “La ausencia de esa explicación sí deja una sensación de que hubiera podido haber ahí un riesgo grande de influencia indebida”, agregó Hernández.

El senador Alfredo Deluque le respondió a esta alianza periodística “que no comparto dicha caracterización. La participación en eventos multilaterales de carácter oficial no puede equipararse a una indebida influencia, pues se trata de escenarios públicos, abiertos y plurales (…) Los dos eventos en los que se señala un apoyo parcial de la CCIT tuvieron un carácter estrictamente oficial, con participación de delegaciones gubernamentales y legislativas de Colombia”. La CCIT no respondió a las preguntas enviadas por esta alianza periodística.

La cercanía del senador Deluque con los representantes de la industria se exhibió en un evento en la Universidad Externado de Colombia en mayo de 2025. Los ponentes fueron empleados de las Big Tech, representantes de la sociedad civil y otros congresistas. En una intervención, Brian Townsend, gerente de Política Pública para Suramérica Hispanohablante de Meta, reconoció la apertura del senador: “Le agradezco al senador Deluque, que nos hace partícipes en la construcción de política pública”.

Ni Meta ni Townsend respondieron preguntas sobre lo dicho por el ejecutivo. La compañía envió la siguiente declaración: “Al igual que muchas empresas en distintas industrias y geografías, interactuamos con funcionarios, grupos comerciales y organizaciones para compartir información sobre nuestros productos y servicios y poder contribuir en discusiones que puedan impactar a Meta o las experiencias de los usuarios en nuestras plataformas”.

La victoria antirreguladora

Según dos fuentes consultadas, la estrategia del lobby de las tecnológicas era hundir el artículo 8 o quitarle las sanciones y los nuevos poderes que le daba a la CRC. Es decir, lo que plantearon los senadores Jota Pe y Deluque en su proposición.

La estrategia funcionó. El texto aprobado por el Senado quedó a la medida de las tecnológicas. No solo le negó a la CRC la facultad para corregular los contenidos perjudiciales que circulan en los servicios digitales y sancionar a las empresas. También dejó en firme, en palabras de la senadora Agudelo, “la autorregulación que nos han pedido las plataformas”. Es decir, mantuvo en sus manos la responsabilidad exclusiva de moderar el contenido perjudicial para niños, niñas y adolescentes.

Así las cosas, cada plataforma podrá seguir definiendo sus reglas de manera autónoma y decidir lo que permite o no. Entre ello, qué tanto tolera el contenido sobre conductas de odio o que incite a la violencia. Porque como no hay estándares universales, lo que en un lado puede ser considerado como crimen de odio o una conducta abusiva, en el otro está amparado por el derecho a la libre expresión.

Por lo general, las plataformas más populares, como TikTok, Instagram, o Facebook, toman medidas para evitar algunos de los contenidos más lesivos. Por ejemplo, en dichas plataformas, al buscar la palabra “suicidio” no se muestra contenido, sino que remite a un panel de ayuda con líneas y canales de atención nacionales o sugerencias de expertos. También tienen controles parentales de diferentes tipos y prohíben directamente diferentes tipos de contenidos dañinos.

Pero en Colombia, un estudio de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, publicado en 2025, concluyó que solo el 48 por ciento de los padres o madres de menores de edad usan las herramientas de protección a menores diseñadas para filtrar contenidos audiovisuales en plataformas; y solo el 34 por ciento las utilizan en redes sociales.

A la representante Velásquez, autora del proyecto, le tocó ceder. Lo hizo, según dice, porque borrar completamente el artículo de la discordia habría eliminado la obligatoriedad de hacer campañas de educación y promoción de salud mental en medios de comunicación. También la de emitir advertencias de control parental e información sobre rutas de atención en los contenidos sobre el suicidio.

Como el proyecto de ley nació en la Cámara y el texto aprobado allí contemplaba la corregulación y las sanciones, debía ser conciliado para entregar un proyecto único para sanción presidencial.

En esta última instancia, las presiones no cesaron. Pablo Nieto, de ALAI, envió un nuevo concepto el 26 de febrero pidiendo que se mantuviera la redacción que salió del Senado. Lo mismo hizo la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, siete días antes.

Y las Big Tech volvieron a ganar. La ley de Salud Mental se aprobó tal como venía del Senado, sin corregulación ni sanciones para ellas.

Para Velásquez, ese es el único agujero de la ley, pues “sancionar genera una corresponsabilidad mayor”. En el mismo sentido se expresaron, por separado, los dos senadores ponentes, Fabián Díaz y Ana Paola Agudelo. “La autorregulación es una medida necesaria, pero claramente no absoluta”, dijo Díaz.

Esta preocupación también existe entre personas expertas en derechos digitales. Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas de la organización Derechos Digitales dijo que tal como quedó, la ley perpetúa un estado de cosas que no funciona: “el enfoque de la autorregulación es insuficiente porque necesita esfuerzos complementarios de regulación activa por parte de los estados”, dijo.

Por su parte, la Fundación Karisma señaló en una comunicación a esta alianza que “la inclusión de la palabra ‘autorregulación’ en el proyecto es problemática. Aunque la norma final es poco clara, pensamos que puede servir para que las plataformas de redes sociales se nieguen a cumplir órdenes de organismos estatales”.

Otra alternativa sería que, si el Estado no tiene un rol en la regulación, esta funcionará de manera independiente a las empresas. Es decir, que “sea capaz de servir de contrapeso a los vacíos, o a los errores, o a las decisiones [de las plataformas] que responden más a su modelo de negocios que al interés público”, explicó Catalina Botero Marino, quien hizo parte de la Junta de Supervisión de Meta. “Y eso es dificilísimo”, agregó.

Botero añadió que aunque cree que es mejor que la autorregulación “exista a que no exista”, considera que la “corregulación” es mejor.

El senador Jota Pe respondió que “no sé ‘le quitaron los dientes’ al artículo, como algunos señalan… La autorregulación por parte de las plataformas no fue entendida como la única medida, sino como parte de una estrategia integral que combina prevención, pedagogía, supervisión institucional y acción estatal coordinada”

Tras bambalinas

Esta alianza periodística identificó que el lobista del sector tecnológico que más visitó al Congreso en ese período (entre julio de 2022 y agosto de 2025) fue José Daniel López, un exrepresentante a la Cámara de Cambio Radical, que actualmente es el director de Alianza IN, un gremio de aplicaciones. El segundo fue Pablo Nieto, de la Asociación Latinoamericana de Internet, que en promedio visita el Congreso al menos una vez cada mes.

López respondió a esta alianza que “esta cifra debe ser contextualizada en el hecho de que en las instalaciones del Congreso se ubican las oficinas de más de 280 senadores y representantes, así como de los miembros de sus equipos de trabajo”, y que llevar a cabo estas interacciones con congresistas “es legítimo y es parte esencial de nuestra labor de representación” como gremio.

En una declaración enviada a esta alianza, ALAI asegura que las interacciones de sus empleados “con oficiales de gobiernos y parlamentarios son realizadas a través de los canales formales de comunicación habituales para cada país”.

Fundada en Uruguay en 2015, ALAI es financiada por 14 empresas tecnológicas. Entre estas, Google, Meta, Amazon, TikTok, Rappi y Mercado Libre. En Colombia su rostro visible es Nieto: un joven politólogo que ha visitado 24 veces a congresistas en sus despachos, según lo documentado por esta alianza. También ha participado en, al menos, 10 eventos del Congreso y en cinco eventos públicos con legisladores o funcionarios públicos desde octubre de 2023, cuando ingresó a ALAI tras ser asesor legislativo del Ministerio de Hacienda.

“Nuestro equipo está integrado por profesionales de primer nivel que desarrollan todas sus actividades con seriedad, profesionalismo y regidos por nuestro código de ética, nuestros estatutos y en cumplimiento estricto de las leyes de cada país”, dice ALAI en respuesta a esta alianza periodística.

En abril de 2025, ALAI organizó los “Diálogos Anuales de Políticas Digitales” en Ciudad de México. Al analizar fotos públicas del evento, se corroboró la asistencia de 15 legisladores y funcionarios de 10 países. Cinco de ellos son colombianos: los representantes Diego Caicedo, Ciro Rodríguez, Daniel Restrepo Carmona e Irma Luz Herrera, y el senador Carlos Guevara. Los dos últimos pertenecen al Partido Mira, el mismo de la senadora ponente del proyecto, Ana Paola Agudelo. Caicedo, Guevara y Herrera le confirmaron a esta alianza periodística que ALAI pagó sus viáticos.

Rodríguez no contestó directamente, pero sí remitió la solicitud a la Secretaría de la Cámara, que no ha dado respuesta. Carmona todavía no ha allegado la información.

Un congresista de otro país, que asistió al evento de México, contó a esta alianza periodística que ALAI pagó el viaje en clase económica y lo hospedó en un hotel “con cero lujos” en el centro de la ciudad. “Ellos transmiten sus ideas, no te piden nada a cambio. No generan incomodidad porque no te presionan. Es un tono amable y de intercambio de ideas”, señaló esta fuente, quien pidió mantener oculta su identidad. ALAI no respondió preguntas específicas sobre el evento.

La deuda de la salud mental con niños, niñas y adolescentes

“Muchas veces no se nos oye, o creen que lo que estamos haciendo no es suficiente”, dijo Brian Townsend, ejecutivo de Meta para esta región, en el evento en el que también participó el senador Deluque el pasado mayo. A juicio de la representante Olga Velásquez, expertos consultados y la CRC, las Big Tech no están haciendo lo suficiente para reducir su impacto negativo.

El papel de estas plataformas digitales fue parte de la discusión desde el primer debate del proyecto de ley de Salud Mental. Por una parte, porque al menos el 70% de los niños, niñas y adolescentes en Colombia accede a contenido por internet, el 61 % tiene su propio dispositivo móvil y el 40% tiene cuentas en redes sociales, según un estudio publicado en 2025 por la CRC.

Y por otra parte, porque la preocupación por mejorar la cobertura y la calidad de la salud mental en el país, en especial de los menores de edad, es cada vez más urgente.

La Clínica Montserrat, una institución psiquiátrica en Bogotá, abrió en 2022 un pabellón para adolescentes. “Antes era muy esporádico ver a uno o dos menores de edad hospitalizados”, dijo a esta alianza María Fernanda Bonilla, coordinadora de la unidad infantojuvenil. “Ahora contamos con 20 camas y a veces incluso tenemos que ampliarla a otras unidades, porque no da abasto la atención de los niños”.

Este solo es uno de los síntomas de lo que la especialista llama “un aumento de las consultas de niños, niñas y adolescentes en salud mental”. Después de años de una relativa estabilidad y una caída en la pandemia, las cifras oficiales en Colombia revelan un aumento del 41,2% en los intentos de suicidio en los y las menores de 17 años, entre 2022 y 2021. La cifra continúa en creciente aumento de un 0,7%, en 2023.

La preocupación por la salud mental ha llevado al Congreso a radicar, entre 2022 y 2023, ocho proyectos de ley relacionados con este tema. Todos fueron archivados porque no alcanzaron a cumplir los tiempos exigidos para su debate.

Solo uno de ellos, propuesto por congresistas del Partido Conservador, cuestionaba el rol de las redes sociales, y buscaba adoptar medidas para prevenir, entre otras, la adicción a ellas. El cómo no era claro y la propuesta no incluía control sobre el contenido alojado en las plataformas digitales. Pero ni siquiera alcanzó para el debate.

La doctora Bonilla advierte que los problemas de salud mental pueden desarrollarse por diversos factores. Muchos de los educadores, activistas, académicos, representantes de la industria y políticos consultados coincidieron en que el cuidado de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida por muchos sectores: familias, instituciones educativas, el Estado, entre otros. Como dijo el senador Díaz, el problema “no se resolverá única y exclusivamente mediante la regulación de contenidos” digitales.

Pero los algoritmos de las redes sociales juegan un rol que no se puede ignorar en la salud mental, señaló la doctora Bonilla. “Si uno empieza a buscar o a ver contenido de personas que están exponiendo la muerte o el suicidio, el algoritmo empieza a sacar más y más. Y el hecho de que la persona esté viendo más personas que se quieren suicidar, o más contenido de muerte en las redes sociales, puede empeorar el cuadro afectivo”.

Pero el Congreso decidió quitarle al Estado la oportunidad de hacerle contrapeso a ese algoritmo. Y lo hizo porque, al contrario de lo que dijo Townsend, a las Big Tech sí se les escuchó. Quizá demasiado.