Consejo de la Judicatura destituye a juez prófugo por beneficiar a Pablo Muentes en el caso 'Purga'
Un exjuex de Guayas, procesado por delincuencia organizada y actualmente prófugo, fue sancionado por un fallo irregular que extinguió una deuda del exasambleísta sentenciado, Pablo Muentes.
Sesión del pleno del Consejo de la Judicatura del jueves 21 de agosto de 2025.
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Consejo de la Judicatura
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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó el jueves 21 de agosto de 2025 a J.D.P.A., juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quien está procesado por delincuencia organizada en el caso Purga y actualmente se encuentra prófugo.
Según la resolución, el magistrado emitió un fallo irregular que benefició al exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, sentenciado en marzo de 2025 a 13 años y cuatro meses de prisión por encabezar una estructura de corrupción judicial en Guayas.
La decisión del juez permitió la extinción de una obligación financiera que mantenía Muentes en el sistema bancario.
El CJ detalló que, antes de emitir la sentencia, el juez y el exlegislador intercambiaron llamadas y mensajes de texto para coordinar el fallo. Además, no reportó a la autoridad superior que había recibido ofrecimientos de favores y dinero a cambio de decisiones judiciales.
El organismo señaló que, al favorecer a miembros de una organización delictiva, el destituido puso en entredicho la imparcialidad y la probidad que exige su cargo.
¿Quién es Pablo Muentes?
El exasambleísta socialcristiano fue identificado por la Fiscalía como líder de la red de corrupción en el caso Purga, junto con la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo.
Según la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, ambos dirigieron un plan estructurado para manipular el sistema judicial en beneficio propio y de terceros.
El tribunal también determinó que Muentes buscaba obtener beneficios económicos al lograr la declaración de inexistencia de deudas millonarias con el Banco del Pacífico, con la ayuda de jueces afines.
En la investigación se revelaron nexos personales y políticos que reforzaron su influencia, incluyendo el financiamiento de campañas judiciales y la manipulación de nombramientos de magistrados.
Muentes, Gallardo y otros exfuncionarios fueron condenados no solo a prisión, sino también al pago de multas, la pérdida de derechos políticos por 20 años y al decomiso de sus bienes.
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