Judicatura vuelve a postergar decisión sobre la renuncia del juez Carlos Serrano

La renuncia presentada por el juez anticorrupción Carlos Serrano quedó sin resolución en el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), este lunes 22 de diciembre, en una sesión donde el presidente del organismo, Mario Godoy, anunció que pedirá licencia para defenderse en la Asamblea.

Por pedido del vocal Alfredo Cuadros Añasco en el orden del día se incluyó el tratamiento de la renuncia presentada por el juez Serrano el 8 de diciembre pasado ante amenazas y presiones. 

Sin embargo, el Pleno no adoptó una resolución, una vez que la asesoría jurídica y otros departamentos de la Judicatura señalaron que eso tendría su incidencia y podría causar hasta nulidades en algunas causas que tramita la unidad anticorrupción y crimen organizado.

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En la sesión del pleno, además, los vocales pidieron la renuncia inmediata del director de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, tras la difusión de audios de las presiones al juez, y pidieron que la Fiscalía investigue el caso.

Ministro Reimberg habla sobre seguridad del juez

Los vocales, entretanto, aseguraron que insistirán al Ministerio del Interior que responda sobre el retiro de la cápsula de seguridad del juez. "Hasta la fecha no hay respuesta del Ministerio".

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, John Reimberg,  adujo que el nivel de riesgo del juez anticorrupción Carlos Serrano bajó y por eso se le retiró la seguridad. Aseveró que  si el juez regresa al país, se le asignará una cápsula temporal de seguridad.

"Se tomó contacto con el juez, pero el juez está fuera del país. Necesitamos que el juez esté acá. Sin embargo, si el juez quisiera regresar, se asigna una cápsula temporal... Ese es el procedimiento", explicó Reimberg.

Amenazas y presiones 

Las amenazas y presiones contra el juez Serrano habrían comenzado en 2024 cuando Henry Gaibor, colaborador de Godoy, lo había llamado a una reunión con terceros.     

En dicha reunión, se le habría solicitado que preste "especial atención" a la defensa de uno de los procesados de un caso de lavados de activos, pero ocurrió lo contrario. Y en noviembre de este año, el principal implicado fue condenado a 10 años de prisión.

El juez también denunció que no cuenta con seguridad policial y renunció a su cargo el 4 de diciembre de 2025, para resguardar su vida. Su dimisión no ha sido aceptada hasta ahora.

Un día después de revelado el caso, la Fiscalía indicó el 18 de diciembre que abrió una investigación por un posible tráfico de influencias, en la que indagará los "supuestos amedrentamientos de los que habría sido víctima un Juez Anticorrupción".

Según el breve comunicado de la Fiscalía y en el que no se nombra directamente a Serrano, las supuestas presiones y amenazas contra el juez ocurrieron con el fin de que "modificara su decisión judicial en torno a una causa que conoció en su despacho".

El juez Serrano es parte del tribunal a cargo del caso Triple A, que indaga un caso de presunto tráfico de combustibles, y en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.