La Corte Constitucional es el filtro inevitable para que la pregunta sobre el dinero de los partidos vaya a la consulta popular
Se acorta el tiempo para calificar la constitucionalidad de las dos reformas parciales a la Constitución que fueron tramitadas y aprobadas por la Asamblea Nacional.
Fachada de la Corte Constitucional del 11 de julio de 2025. La entidad permanece con resguardo policial por múltiples movilizaciones.
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Mientras sube la tensión entre el gobierno y la Corte Constitucional (CC), el Ejecutivo sigue dependiendo de los jueces constitucionales para impulsar sus preguntas para la consulta popular anunciada con fecha de diciembre.
Una vez que la Asamblea Nacional aprobó, con 81 votos, la reforma parcial a la Constitución para eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, aún hay pasos que deben cumplirse hasta que se plasme en la papeleta electoral.
El legislador de Acción Democrática Nacional (ADN) y ponente de la reforma, Esteban Torres, explicó el 7 de agosto que una vez que la Asamblea dio luz verde al cambio, la pregunta y los anexos aprobados deben regresar a la CC.
¿Qué dice el texto aprobado?
El oficialismo contó con el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC), tres de los nueve asambleístas de Pachakutik y algunos independientes para lograr aprobar la reforma. Esta tiene una pregunta y un anexo que dicen:
Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos.
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
Sustitúyase el artículo 110 de la Constitución de la República por el siguiente:
"Art. 110.- Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos".
Sustitúyase el artículo 115 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente:
"Art. 115.- El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate. Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral".
El tramite constitucional
Una vez que la Asamblea remita el texto a la Corte Constitucional, este organismo deberá sortear el juez que emitirá el dictamen de constitucionalidad de lo aprobado por el Legislativo.
Una vez que el juez avoque conocimiento, la Corte Constitucional (CC) tiene un término de 20 días para emitir un pronunciamiento, según lo que determina la Ley de Garantías Jurisdiccionales.
Luego de este trámite, si se califican la pregunta y el anexo, será notificado el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que en un plazo de 15 días haga la convocatoria a la consulta popular, la cual se debe desarrollar en un plazo máximo de 60 días.
Un trámite similar debe superar la reforma parcial para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Este proceso está en manos de la jueza Alejandra Cárdenas desde el 29 de julio.
El presidente Daniel Noboa anunció que la consulta popular será el 14 de diciembre de 2025, en la que, además de consultar sobre bases militares y financiamiento a los partidos políticos, anunció cinco preguntas más.
Para que los tiempos calcen, la Corte Constitucional debería haber emitido todos sus pronunciamientos sobre las preguntas de la consulta, a más tardar, a mediados de septiembre próximo.
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