Más de un mes después de la consulta popular, las organizaciones políticas aún no reportan sus gastos de campaña

Después de que el presidente Daniel Noboa convocó al referendo y consulta popular, el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) se preparó para la contienda y, tras inscribirse, calculó un presupuesto de USD 350.000 para la promoción de las cuatro preguntas.

Para las dos primeras, sobre las bases militares extranjeras y el financiamiento estatal de las organizaciones políticas, el oficialismo planteó un monto de USD 100.000, y para la pregunta sobre la reducción de asambleístas se repitió la misma cifra. 

Sin embargo, ADN puso más énfasis en la consulta sobre una nueva Asamblea Constituyente, por lo que esta interrogante tuvo un presupuesto de USD 150.000. Pero la ciudadanía detuvo todas las aspiraciones políticas del Primer Mandatario y le dio un rotundo 'No' en las urnas.

• Los resultados electorales en la consulta y referéndum ponen a prueba el futuro del Gobierno y de ADN

La mayoría de la oposición política y social impulsó el 'No', aunque puertas adentro algunas agrupaciones, como el correísmo, confiaban en las ventajas que podría tener una nueva contienda para cambiar la Constitución de Montecristi.

Sin embargo, nadie declaró en sus presupuestos la intención de gastar cuantiosos recursos en la corta campaña electoral. El más optimista fue el desbaratado Pachakutik, que planteó gastar USD 20.000 en cada pregunta. Esto es apenas el 17% de lo presupuestado por ADN. 

De las 16 organizaciones que se inscribieron para la contienda, cinco no presentaron ni siquiera ese documento mandatorio inicial. Y, sin contar al oficialismo, las que sí lo hicieron sumaron entre todas un presupuesto de USD 152.181.

Las cuentas de campaña no llegan

La rendición de cuentas de campaña sigue siendo uno de los procesos más oscuros del sistema de partidos ecuatoriano. Y la consulta popular y el referendo de noviembre no son la excepción. La mayoría de organizaciones políticas y sociales que participaron burlan las normas que permitirían la fiscalización del origen y destino de los recursos.

El Sistema de Transparencia del Financiamiento de la Política (STFP) del Consejo Nacional Electoral (CNE) evidencia el incumplimiento del Código de la Democracia y del Reglamento de para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral.

• Así se gastarán los USD 59,7 millones del referendo y la consulta popular con la que se busca una Asamblea Constituyente

Ambas ordenan la obligatoriedad de que cada agrupación que participe en una contienda electoral presente su presupuesto de campaña, en los 15 días posteriores a la inscripción de participantes, y de ahí en adelante informes quincenales de ingresos y gastos.

Pero esto no sucede. Aunque algunas organizaciones, entre ellas ADN, presentaron los dos primeros reportes quincenales, estos no se refieren al periodo específico de la campaña, entre el 1 y el 13 de noviembre. Y estos varían entre USD 0 y USD 35, sea en ingresos o gastos administrativos.

Mientras que cinco organizaciones no han presentado ninguno de los requisitos legales: Creo, Centro Democrático, Amigo, Confederación Amaru y Confederación de Comunas.

Además, hay otras agrupaciones que, según sus informes quincenales, gastaron mucho menos de lo presupuestado. Por ejemplo, la misma Revolución Ciudadana reporta gastos por USD 3.224, frente a los USD 20.000 que planteó inicialmente. 

Pueblo Igualdad y Democracia dijo que gastaría USD 30.000, pero terminó sin ningún gasto de campaña y apenas USD 36,75 de gastos bancarios y tributarios. La Unión General de Trabajadores también se arrepintió de participar y de los USD 8.026 presupuestados gastó solo USD 10,35 en trámites administrativos. Unidad Popular pasó de un presupuesto de USD 15.000 a USD 1.939.

• Consulta y referendo: La mayor diferencia entre la campaña del 'Sí' y el 'No' es la cantidad de dinero gastado

Sin embargo, esta ausencia de cumplimiento de las leyes electorales no es nueva. Por ejemplo, pasó en la segunda vuelta de 2025, ni ADN ni la Revolución Ciudadana cumplieron con los reportes quincenales a tiempo.

Pero el correísmo terminó transparentando toda su información, que ya consta en el portal digital. Luisa González planteó un presupuesto de USD 200.000, tuvo un centenar de aportantes, ingresos por USD 248.434 y gastos por USD 222.309.

Mientras que el oficialismo no lo ha hecho aún, ocho meses después se desconoce la lista de aportantes de la campaña, aunque el plazo máximo que otorga el Código de la Democracia es de 90 días. Lo que sí se conoce es que Daniel Noboa planteó un presupuesto de USD 134.618 y reportó un gasto de USD 116.563.

Estos incumplimientos deben ser reportados por el CNE al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y los responsables del manejo económico y de la campaña serán sancionados con una multa de USD 9.400 hasta USD 32.900 y la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años.