Subrogación de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, entra a revisión de la Contraloría

La Contraloría General del Estado evalúa la legalidad de la subrogación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien lleva dos meses detenido en la Cárcel del Encuentro de Santa Elena mientras se desarrollan las investigaciones por el caso Goleada.

La acción del organismo de control se da a pedido de Ana Chóez, concejala del Partido Social Cristiano (PSC), quien no comulga con que Tatiana Coronel, coidearia de Alvarez, se mantenga como Alcaldesa subrogante, como lo resolvió la mayoría del Concejo Municipal el 26 de marzo.

Choez recibió una notificación de la Contraloría el 2 de abril de 2026 en la que se instruye a la Dirección Provincial del organismo en Guayas a que, de considerarlo pertinente, "inicie una acción de control y defina el alcance y el período de análisis".

Para esto, Chóez advierte que:

• No existían vacaciones ni licencias tomadas ni tramitadas por el Alcalde titular, por lo que la subrogación carece de fundamento legal.
• La aprobación se realizó mediante un trámite que no se encuentra respaldada por la normativa vigente, generando incertidumbre institucional y vulnerando principios de legalidad y transparencia.

Denuncia activará Comisión de Mesa

Entretanto, el secretario del Concejo Municipal, Jaime Tejada Franco, comunicó el 8 de abril a Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil, de una denuncia presentada por el ciudadano David López Banegas, quien busca la remoción del Alcalde. Lo hizo en calidad de Secretario de Mesa, una instancia que debe conformar el Municipio para tramitar la pedición.

Concejales afines a Alvarez cuestionan que el pedido surja del director ejecutivo de la juntas parroquiales del país, quien vive en Quito y vota en Cuenca. "Intentar deslegitimar un proceso por el origen de quien lo presenta es desviar el debate", sostuvo Choez.

El 11 de febrero, el juez Jairo García ordenó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otras personas por el supuesto delito de lavado de activos y defraudación tributaria, denominado como el caso Goleada.