Tres concejales de Guayaquil piden a Contraloría "evaluar la legalidad" de la subrogación de funciones de la alcaldesa Tatiana Coronel

La polémica por la subrogación de funciones de la alcaldesa encargada de Guayaquil, Tatiana Coronel, decidida el 26 de marzo por el Concejo Cantonal, llega a la Contraloría General del Estado, una vez que las concejales socialcristianas Ana Chóez, Cinthia García y Nelly Pullas piden a la entidad evaluar la legalidad de lo actuado. 

Esto luego de que una mayoría correísta decidió ratificar a Coronel como alcaldesa subrogante, sin que el concejo haya recibido ninguna solicitud formal de extensión de licencia -que finalizó el 26 de marzo- ni pedido de vacaciones pendientes por parte del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien cumple prisión preventiva en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. 

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En el escrito, enviado este viernes, las concejales Chóez, García y Pullas consideran que, al no existir estos pedidos formales por parte de Aquiles Alvarez, la subrogación carece de sustento legal, ya que "se realizó mediante un trámite que no se encuentra respaldado por la normativa vigente, generando incertidumbre institucional y vulnerando principios de legalidad y transparencia".

Por lo que piden a la entidad analizar con urgencia la legalidad del acto de subrogación y, "de ser necesario, disponer medidas correctivas para garantizar la legalidad, transparencia y estabilidad institucional".

Coronel es economista y no llegó al Concejo Cantonal por elección popular, sino que asumió el cargo de concejal en reemplazo de Raúl Chávez, hoy asambleísta nacional y presidente del movimiento Reto, quien a finales de septiembre de 2024 renunció para presentarse como candidato a la Asamblea Nacional.

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Tras el fin de la gestión de Blanca López, Coronel -también vicepresidenta de Reto- fue elegida como vicealcaldesa de Guayaquil el 15 de mayo de 2025, hasta que Alvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026 por el caso Goleada, en el que se investiga un presunto lavado de activos y defraudación tributaria.

Una 'accidentada' sesión del Concejo

Por primera vez, desde que comenzó el periodo de Aquiles Alvarez en la Alcaldía de Guayaquil (2023), el concejo cantonal mostró posturas divididas, esta vez de la legalidad de la subrogación de funciones de la alcaldesa encargada. 

Mientras la postura de la mayoría correísta defendió la tesis de que Alvarez, procesado por los casos Triple A y Goleada, seguirá siendo alcalde de la ciudad mientras no exista una sentencia ejecutoriada y que se trata de una "persecución política", cinco de los 15 concejales expresaron sus dudas sobre el procedimiento de subrogación de Coronel, lo que se reflejó en la votación final: 

• Ana Chóez, en contra.
• Cinthia García, en contra.
• Alfredo Bautista, abstención.
• Nelly Pullas, abstención.
• Soledad Diab, abstención. 

El concejal del correísmo Arturo Escala defendió la moción al alegar que existen antecedentes análogos en otros gobiernos autónomos descentralizados y citó un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado emitido este año en el caso del alcalde de Pujilí, en el que, según sostuvo, se reconoce que la subrogación puede operar cuando la autoridad titular está privada de libertad sin sentencia ejecutoriada.

“Este pronunciamiento es obligatorio para la administración pública”, sostuvo, al insistir en que su propuesta estaba “estrictamente fundamentada en derecho”.

Mientras la pugna política continúa, en la vía legal ya corren los plazos. Este viernes se cumple el primer día de ausencia injustificada de Alvarez y, de llegar al tercero, la comisión de mesa municipal podría recibir denuncias contra el alcalde por incumplimiento de funciones, cuyo informe deberá ser conocido por el pleno del Concejo, donde se definiría la suerte del alcalde.