Contraloría revisará el patrimonio de funcionarios de la Agencia de Tránsito de Manta y de registradores de la Propiedad

Las entidades municipales de Manta y Manabí están bajo el ojo de la Contraloría General del Estado, por las irregularidades que se han detectado recientemente, como la venta de una casa del hermano de alias 'Fito', con permiso del Registrador de la Propiedad.

En los próximos días, la Contraloría iniciará la revisión del patrimonio de los funcionarios de la Agencia de Tránsito de Manta, intervenida por la Policía, y también de algunos titulares de las Registradurías de la Propiedad de Manabí, según informó el contralor Mauricio Torres el 15 de julio, durante una entrevista con Teleamazonas.

El 14 de julio, el ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer que Yandri Macías, el hermano de José Adolfo Macías, alias 'Fito', vendió una casa que ya había sido incautada para investigaciones. 

• Registrador de la Propiedad de Manta pasó de sentenciar a 'Fito' a permitir la venta de una casa de su hermano que estaba incautada

Además, desde este mes, la Contraloría continuará sus auditorías a jueces y fiscales en cinco provincias más, incluyendo a Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.

En una primera etapa, en los informes realizados a los funcionarios del sistema judicial de cinco provincias, la Contraloría detectó que 57 fiscales y dos jueces no habían podido justificar incrementos millonarios de su patrimonio.

"Más del 50% de lo que hemos examinado tiene indicios de responsabilidad penal", explicó el contralor Torres. Y no solo se refiere a jueces y fiscales, también se están realizando exámenes al patrimonio de otras autoridades, como alcaldes y prefectos. Próximamente, la Contraloría pondrá la lupa en los notarios.

Los resultados de estos exámenes con indicios de responsabilidad penal han sido enviados a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes, indicó el contralor.

La Contraloría también examinó los contratos firmados por Celec-EP en medio de la declaratoria de emergencia por la crisis eléctrica, en 2024, y ya hay un informe aprobado, que también predetermina indicios de responsabilidad penal y un supuesto perjuicio al Estado.