Contraloría revisará el patrimonio de funcionarios de la Agencia de Tránsito de Manta y de registradores de la Propiedad
Tras las irregularidades detectadas en instituciones municipales de Manta, la Contraloría General del Estado realizará auditorías. También continuará con la revisión del patrimonio de jueces y fiscales en cinco provincias, incluyendo Manabí.
La Policía Nacional tomó el control de la Agencia de Tránsito de Manta, en Manabí, el 8 de julio de 2025.
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Las entidades municipales de Manta y Manabí están bajo el ojo de la Contraloría General del Estado, por las irregularidades que se han detectado recientemente, como la venta de una casa del hermano de alias 'Fito', con permiso del Registrador de la Propiedad.
En los próximos días, la Contraloría iniciará la revisión del patrimonio de los funcionarios de la Agencia de Tránsito de Manta, intervenida por la Policía, y también de algunos titulares de las Registradurías de la Propiedad de Manabí, según informó el contralor Mauricio Torres el 15 de julio, durante una entrevista con Teleamazonas.
El 14 de julio, el ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer que Yandri Macías, el hermano de José Adolfo Macías, alias 'Fito', vendió una casa que ya había sido incautada para investigaciones.
Además, desde este mes, la Contraloría continuará sus auditorías a jueces y fiscales en cinco provincias más, incluyendo a Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.
En una primera etapa, en los informes realizados a los funcionarios del sistema judicial de cinco provincias, la Contraloría detectó que 57 fiscales y dos jueces no habían podido justificar incrementos millonarios de su patrimonio.
"Más del 50% de lo que hemos examinado tiene indicios de responsabilidad penal", explicó el contralor Torres. Y no solo se refiere a jueces y fiscales, también se están realizando exámenes al patrimonio de otras autoridades, como alcaldes y prefectos. Próximamente, la Contraloría pondrá la lupa en los notarios.
Los resultados de estos exámenes con indicios de responsabilidad penal han sido enviados a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes, indicó el contralor.
La Contraloría también examinó los contratos firmados por Celec-EP en medio de la declaratoria de emergencia por la crisis eléctrica, en 2024, y ya hay un informe aprobado, que también predetermina indicios de responsabilidad penal y un supuesto perjuicio al Estado.
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