Los contratos de los radares denunciados por el Gobierno siguen en vigencia

La denuncia que hizo la Secretaría de Integridad Pública sobre la supuesta corrupción en los contratos de radares de la red vial estatal no ha llegado a buen puerto. Han pasado más de dos meses desde que la denuncia se hizo pública, pero hasta ahora los contratos siguen vigentes.

Se trata de dos contratos de delegación de servicios que firmó la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) con los consorcios Serviecu y Ecutransit. Cada uno de ellos debía encargarse de instalar y operar 116 radares de velocidad en la red vial estatal.

El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, dijo que los consorcios Seviecu y Ecutransit "emitían multas exhorbitantes, estafando a la ciudadanía". Y advirtió que los contratos fueron adjudicados en un "tiempo récord" de 42 días. 

Después de esa denuncia pública, el 4 de junio de 2024, la CTE anunció la suspensión de la operación de los 39 radares que ambos consorcios habían instalado.

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Pero más de dos meses después, los consorcios aseguran que no han sido notificados sobre ninguna medida sobre los contratos, por lo que estos siguen vigentes. Tampoco se ha iniciado el proceso de terminación unilateral de los contratos, ni el cobro de multas, aunque el contrato era para 12 años.

PRIMICIAS envió a la CTE una serie de preguntas sobre estos contratos, pidiendo que la institución explique cuál es el estado actual de las delegaciones. Hasta el cierre de la nota, no ha habido una respuesta.

La CTE guarda silencio

Carlos Sánchez Gaete, abogado y vocero del consorcio Ecutransit, respondió a un pedido de entrevista de PRIMICIAS y aseguró que la denuncia pública que hizo la Secretaría de Integridad Pública y el anuncio de suspensión del contrato de la CTE les tomó por sorpresa, pues venían operando sin mayores problemas.

Ecutransit recibió la delegación de la operación de los radares de velocidad en Los Ríos, Manabí, Cañar, Cotopaxi, Imbabura y una parte de Guayas. Según el vocero, para esa fecha Ecutransit había invertido más de USD 1 millón para la instalación de 36 radares, en Cañar y Azuay. 

Sánchez explicó, que hasta la fecha, Ecutransit no recibido ningún pago del 45% que les correspondía por la operación de los radares de acuerdo al contrato, que suma USD 728.000. El otro consorcio, Seviecu, también aseguró lo mismo, como publicó PRIMICIAS en junio pasado. 

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Pero lo más preocupante, a su criterio, es que no han recibido ninguna notificación oficial sobre el estado del contrato. Según explicó, se enteraron por la prensa sobre la suspensión de la emisión de multas, y desde entonces no pueden subir la información que los radares recaban a un sistema que comparten con la CTE. Los dispositivos, sin embargo, siguen en funcionamiento y no se han retirado.

Sánchez ratificó que tampoco han recibido ninguna notificación sobre el inicio de la terminación unilateral del contrato, ni alguna notificación de una denuncia en la Fiscalía o el inicio de una investigación previa sobre este caso. 

El vocero sostuvo que, por este motivo, han enviado varios pedidos a la CTE para que expliquen la base legal con la que se determinó la suspensión de la delegación, una figura no prevista en el contrato. Dijo que no han obtenido una respuesta en más de dos meses.

Camino a la mediación o arbitraje

Los contratos con Seviecu y Ecutransit establecen claramente las causales de terminación unilateral del contrato. Sin embargo, disponen que si no hay acuerdo en algún punto, tanto los consorcios como la CTE deberán tratar de resolver las controversias ante el Centro de Mediación de la Procuraduría.

En caso de no se logre un acuerdo, los contratos dicen que deberán acudir al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil.