La Corte Constitucional responde a la convocatoria para una Asamblea Constituyente del presidente Noboa
"Cualquier propuesta de cambio constitucional debe seguir los procedimientos establecidos en el sistema jurídico", expresa la Corte Constitucional en un comunicado.
Exteriores del edificio de la Corte Constitucional, en el centro norte de Quito, 22 de julio de 2025.
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Redacción Primicias
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La Corte Constitucional del Ecuador se expresó al país mediante un comunicado fechado el 19 de septiembre de 2025, ante la propuesta de una Asamblea Constituyente hecha por el presidente Daniel Noboa.
La Corte recuerda que Ecuador es un Estado constitucional y democrático, y que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la ley y al orden constitucional. Y reafirma que las instituciones estatales solo pueden actuar dentro de sus competencias.
La Corte se define como un "garante de la norma suprema", es decir, la Constitución, y resalta que sus decisiones y precedentes son obligatorios.
Los magistrados aseguran que respetan la participación ciudadana, pero añaden que "cualquier propuesta de cambio constitucional debe seguir los procedimientos establecidos en el sistema jurídico".
Finalmente, la Corte hace un llamado a la prudencia y exhorta a todas las autoridades y actores políticos y sociales a que actúen dentro de la institucionalidad por el bien del país.
La reacción de la Corte Constiticional se debe a que el presidente de la Republica, Daniel Noboa, convocó el 19 de septiembre mediante decreto un referendo para que los ecuatorianos se pronuncien sobre la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitición. Esta convocatoria se hizo sin obtener antes la validación previa de la Corte Constitucional.
"La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano", dijo la Presidencia en un comunicado.
De igual forma se anunció la decisión del mandatario de no pasar el filtro del tribunal constitucional, con quien está enfrentado por limitar varias leyes y acciones del Gobierno que acumulan demandas de inconstitucionalidad al advertir vulneración de derechos fundamentales.
La Corte ya recibió las primeras demandas de inconstitucionalidad en contra de este decreto de Noboa.
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