El correísmo denuncia a la Judicatura por la designación "irregular y arbitraria" del fiscal Carlos Alarcón
Legisladores de la Revolución Ciudadana presentaron una demanda de "inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales" ante la Corte Constitucional.

Un grupo de legisladores del correísmo en declaraciones en la Asamblea Nacional, Quito, 10 de julio de 2025.
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La Revolución Ciudadana (RC) demandó la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Judicatura, que designó a Carlos Alarcón como reemplazo del Fiscal General subrogante, Wilson Toainga, en caso de ausencia temporal o definitiva.
Se trata de la resolución No. 072-2025 del 3 de octubre, aprobada por unanimidad por los cinco nuevos vocales del organismo, que hace menos de una semana fueron posesionados por la Asamblea Nacional, para el periodo 2025-2031.
La demanda fue presentada ante la Corte Constitucional (CC) el 8 de octubre de 2025 y debe aún ser admitida a trámite por los jueces. En el documento el correísmo solicita que se declare la inconstitucionalidad de la decisión y se la elimine, dejándola sin vigencia.
Esto porque argumentan que no existe el cargo de "fiscal subrogante del subrogante" y que solo el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) puede designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General, a través de un concurso de méritos y oposición.
Mientras tanto, solicitan medidas cautelares, con la suspensión provisional de la resolución de la Judicatura, porque señalan que "puede producir daños irreparables en la conducción de la acción penal pública y en la estabilidad institucional".
La Revolución Ciudadana acusa a la Judicatura de vulnerar el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad y competencia, el de supremacía constitucional, el de responsabilidad por el ejercicio irregular del poder público, el de la autonomía de la Fiscalía Genera del Estado, entre otros.
Toainga se encuentra subrogando el cargo y prorrogado en funciones, tras haber asumido la Fiscalía General en reemplazo de Diana Salazar, quien renunció unas seis semanas después de que terminó oficialmente su periodo de seis años y sin que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) designe a su sucesor.
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